El pasado jueves 21 de agosto, una explosión atribuida al frente Jaime Martínez, disidencia de las FARC, sacudió la comuna 8 de Cali. Dejando preocupación e inseguridad en la comunidad del sector. Más allá del estruendo, lo que quedó al descubierto fue una herida previa: el mal estado de la malla vial, la falta de gestión estatal y la precariedad en la que cientos de ciudadanos transitan día a día.

Fue cuestión de horas para que la problemática de la comuna 8, que reclamaba desde antes la atención de la Secretaría de Infraestructura, afectara considerablemente la tranquilidad de la comunidad.

El atentado fue la portada de noticieros nacionales, pero la inseguridad que genera el abandono de las vías no aparece en las partes oficiales…

Después del atentado registrado, los conductores han tenido que buscar rutas alternas ya que la carrera octava se encuentra cerrada por los daños ocasionados y por la seguridad del sector. Estos cierres viales han abierto nuevamente la pregunta que se han hecho los habitantes de la calle 59 hasta la calle 44, especialmente entre las carreras 8ª hasta la carrera 12. ¿Cuándo piensan arreglar las calles?

Tras la explosión, conductores que frecuentan la zona han tenido que lidiar con los cierres viales que los habitantes del barrio La Base, habían hecho en forma de protesta y para evitar que los vehículos desviados por el cierre de la carrera Octava transitaran por allí, terminando de deteriorar las calles.

El argumento de los vecinos fue claro: “las vías internas son demasiado angostas, están deterioradas y no soportan el flujo constante de autobuses, carros y motos que buscaban atajos para esquivar el bloqueo principal”, expresó un habitante del sector de Villacolombia.

Marleni Gonzales, otra residente en el sector, expresó: “Si dejamos pasar el tráfico pesado, se nos acaba de dañar lo poco que queda de las calles”.

Las barricadas hechas con barriles y cemento por la comunidad buscan proteger a los peatones en un sector donde las calzadas con huecos profundos y falta de señalización presentan un alto riesgo para los transeúntes.

Lejos de ser un gesto de rebeldía, la medida fue entendida como una acción preventiva ante el riesgo de accidentes y el colapso de las cuadras.

El atentado fue la portada de noticieros nacionales, pero la inseguridad que genera el abandono de las vías no aparece en los partes oficiales. No son balas ni explosivos, sino buses y carros atascados en huecos que parecen cráteres y peatones que caminan con miedo a ser atropellados.

La crisis vial no distingue horarios: en horas pico el peligro se extiende para los peatones, ya que, entre el tráfico y el caos, se convierte en una odisea cruzar las calles debido a la congestión vehicular y al medio día quienes corren riesgo son los estudiantes de la I.E Juan De Ampudia, ubicado sobre la carrera 12 con calle 57, debido a la alta velocidad con la que transitan los vehículos particulares y los buses intermunicipales en la zona escolar.

Calles en ruinas: el riesgo silencioso que enfrentan los ciudadanos

Angie Escobar, conductora frecuente de la zona, asegura que la situación se agravó con el cierre de la carrera octava: “Es complejo porque en el momento que abran la vía la gente ya pasa con miedo por la inseguridad. Y ahora que está cerrada, las vías alternas están en mal estado y algunas están tapadas, sumándole a eso el mal parqueo de los carros”.

A esta preocupación se suma la voz de Jorge Aparicio, pasajero habitual de autobús, quien diariamente enfrenta el colapso vial en sus recorridos al trabajo: “En los autobuses uno siente todo el impacto de los huecos. A veces parece que las llantas se van a quedar enterradas y el chofer tiene que maniobrar para no dañar el vehículo. Además, los trayectos se duplican: un recorrido de 20 minutos ahora puede tardar más de una hora. Uno cansado llega y estresado sin ni siquiera comenzó la jornada”.

Los testimonios coinciden en que la inseguridad no solo está asociada al temor de un nuevo ataque armado, sino también a la vulnerabilidad de atravesar un barrio colapsado, donde el abandono de la infraestructura convierte la movilidad en un riesgo diario. La violencia se manifiesta de otra forma: no con explosiones, sino con el silencio de las instituciones que no atienden el clamor ciudadano.

Los tiempos de traslado se duplicaron. Lo que antes era un trayecto de 20 minutos ahora toma una hora o más. Los autobuses viajan repletos, los trabajadores llegan tarde, aunque madruguen, y los estudiantes pierden clases por no poder desplazarse. El costo se mide no solo en dinero, sino en energía, paciencia y dignidad.

Un accidente ocurrido semanas atrás en subió las alarmas: un autobús intermunicipal, desorientado por los desvíos, estuvo a punto de colisionar contra un poste eléctrico. No hubo víctimas, pero la sensación de fragilidad se extendió entre los vecinos.

Mientras los habitantes denuncian riesgos y la movilidad se deteriora, la Secretaría de Infraestructura brilla por su ausencia. Intentamos comunicarnos en varias ocasiones con la entidad para conocer si existe un plan de reparación y reapertura, pero no se obtuvo respuesta.

El contraste es evidente: la violencia armada produce comunicados inmediatos, mientras que la violencia lenta del abandono se esconde tras trámites, traslados de solicitudes y puertas cerradas.

El atentado del 21 de agosto no creó la crisis, simplemente la iluminó como un relámpago nocturno: breve, brutal, revelador. Para las autoridades, se trata de una medida “temporal de seguridad”. Para los vecinos de la comuna 8, es la gota que rebosó un vaso lleno de huecos, trancones y promesas incumplidas.

Hoy, en medio de motores atrapados, motos sobre los andenes, peatones en riesgo y calles que parecen campos de batalla, la comunidad insiste en una pregunta sencilla, que suena cada vez más urgente: ¿Cuándo piensan arreglar las calles?