La congestión y los desafíos operativos del sistema MIO en Cali

La congestión y los desafíos operativos del sistema MIO en Cali 

Entre demoras, bloqueos y denuncias de inseguridad, el MIO enfrenta un reto que va más allá de las cifras oficiales.

Por: Valeria Loaiza Sandoval y Laurie Dahian Waitoto Asprilla

Facultad de Humanidades y Artes

A mediodía, decenas de pasajeros esperan en las estaciones de Unidad Deportiva, Pampalinda y Universidades mientras los buses tardan en llegar. Retrasos, sobrecupo y largas filas se suman a la preocupación por la inseguridad dentro del MIO, aunque las autoridades reportan una reducción de hasta el 41% en hurtos, la percepción de riesgo persiste, manteniendo a los usuarios en tensión. 

Además de las cifras oficiales que muestran una reducción de hurtos dentro del MIO, la experiencia diaria de quienes trabajan en las estaciones evidencia que la seguridad sigue siendo un desafío. 

La descripción de situaciones de riesgo, como conflictos entre pasajeros o presuntos casos de escopolamina, aporta un componente de alerta importante

Claudia Robles, vendedora con puesto fijo de salchipapas ubicado antes de entrar a la estación Pampalinda, asegura que, aunque se siente protegida por las cámaras de vigilancia y la rápida reacción de la policía, la inseguridad sigue siendo un desafío diario. Relata que ha presenciado robos y accidentes dentro de la estación y que incluso un día un habitante de la calle la amenazó con agredirla cuando se negó a darle comida gratis: “Le dije que no, porque trabajo para ganarme la vida, y que, si le daba a él, seguirían viniendo otros esperando lo mismo. Me amenazó, diciendo que me iba a poner horrible, que la cara me la iba a poner horrible. Yo nunca he sufrido, no tengo miedo, y saqué mi cuchillo de picar salchichas para defenderme”. 

Además, Claudia señala que los riesgos no solo provienen de los pasajeros: la imprudencia vial y accidentes en la estación también representan un peligro constante. Sin embargo, asegura que la vigilancia de la cámara 360 y la respuesta inmediata de la policía le han permitido sentirse relativamente segura trabajando, aunque reconoce que la inseguridad, la congestión y las situaciones de irrespeto son parte de su día a día. 

Juan Camilo Herrera, estudiante universitario de 22 años que utiliza el MIO todos los días para desplazarse desde el sur hasta el centro de la ciudad, asegura que las demoras son frecuentes. “Hay días en los que uno espera 20 o 30 minutos. Y cuando por fin llega el bus, ya viene lleno. Me ha pasado incluso que he esperado hasta dos horas”, afirma. Para él, la incertidumbre es el mayor problema: nunca sabe con certeza cuánto tardará en llegar a su destino. 

El MIO constituye el eje principal de movilidad urbana en Cali. Conecta zonas residenciales, comerciales, educativas e industriales y en 2025 movilizó 89,3 millones de pasajeros en el año, según cifras basadas en la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros del DANE. Esto confirma que miles de ciudadanos dependen diariamente del sistema para estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas. Sin embargo, en diferentes estaciones de la ciudad se repite un mismo panorama: acumulación de pasajeros en plataformas que dificultan el abordaje y tiempos de espera prolongados. 

Una observación realizada el 24 de febrero entre las 12:00 p.m. y la 1:00 p.m. en las estaciones Pampalinda, Universidades y Unidad Deportiva permitió constatar una afluencia constante de usuarios. En promedio, más de 40 personas esperaban en cada plataforma. Aunque el ambiente se mantenía relativamente organizado sin discusiones visibles ni alteraciones mayores el flujo continuo evidenciaba una presión operativa que tiende a intensificarse en las primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral. 

Detrás de esa espera hay una dinámica operativa compleja. José Ever Arias, conductor con 14 años de experiencia en el sistema, explica que los retrasos no siempre dependen del conductor; “Trabajamos bajo tiempos establecidos. Si ocurre una falla mecánica, un accidente en vía o cualquier novedad, la frecuencia se altera. Y cuando un bus se retrasa, el siguiente también se ve afectado”, señala. Según él, el efecto es en cadena: un imprevisto puede impactar varias rutas en cuestión de minutos. 

Diego García, orientador del sistema encargado de supervisar el flujo de pasajeros y el cumplimiento de frecuencias, coincide en esa explicación. Cada vehículo opera bajo un control de tiempos y reportes internos. Cuando se presenta una novedad técnica o un retraso, la programación se ajusta, pero esa reorganización no siempre evita la acumulación de usuarios en plataforma. “La gente ve que el bus no llega y piensa que es desorden, pero muchas veces es una situación que ya se está reportando desde la operación”, afirma. 

Mientras los trabajadores explican la presión técnica, los usuarios experimentan la congestión de forma directa. El sobrecupo en horas pico dificulta el ingreso a los vehículos y genera incomodidad. En algunos casos, quienes no logran abordar deben esperar el siguiente bus, prolongando aún más su trayecto. 

La congestión no solo impacta a pasajeros y conductores. También modifica las dinámicas de seguridad dentro del sistema. Lina Marcela, guarda en una de las estaciones del sur de la ciudad, explica que en horas de alta demanda especialmente al mediodía y en la tarde el volumen de pasajeros aumenta considerablemente. “Cuando hay mucha gente, es más difícil mantener el orden. A veces se presentan discusiones por el espacio o intentos de colarse”, comenta.  

En términos operativos, el sistema contó con 853 vehículos afiliados, de los cuales 623 estuvieron en servicio, lo que evidencia que una parte importante de la flota no se encuentra en circulación activa. Esta situación impacta directamente la frecuencia de paso y la cobertura en distintas rutas, especialmente en servicios alimentadores. 

Durante 2026, el sistema enfrenta nuevos desafíos y ajustes. Desde el 10 de enero de 2026, la tarifa del pasaje se fijó en $3.500 pesos, tras un incremento aprobado por la administración distrital. El ajuste busca contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto de recuperación de pasajeros, pero con limitaciones operativas persistentes. 

En paralelo, Metro Cali anunció la incorporación de 47 nuevos buses, entre ellos unidades eléctricas y vehículos con tecnología Euro VI, como parte de un proceso de renovación de flota. Estas unidades comenzarán a integrarse progresivamente durante el año, con el objetivo de reemplazar buses que ya cumplieron su vida útil, especialmente en el componente alimentador. 

En materia de seguridad, durante los primeros meses de 2026 las autoridades reportaron operativos reforzados dentro del sistema, con capturas por delitos cometidos en estaciones y buses, decomiso de armas cortopunzantes y aumento de presencia policial en terminales estratégicas. 

A pesar de estas medidas, la experiencia cotidiana recogida en estaciones como Universidades muestra que el aumento en la demanda, sumado a una flota parcialmente activa y a factores externos como bloqueos y congestión vial, continúa incidiendo en los tiempos de espera y en la percepción de eficiencia del sistema.

Impacto económico de la congestión 

La congestión también tiene un impacto económico. Juan Carlos Arango, quien vende rosquillas caleñas de manera informal desde hace 11 años, asegura que en momentos de mayor saturación prefiere subirse a los buses menos transitados. “Cuando hay demasiada gente no se puede ni caminar. Se vuelve difícil trabajar”, explica, haciendo énfasis en cómo la acumulación de pasajeros limita tanto su movilidad como la capacidad de ofrecer sus productos de manera segura y eficiente. 

María Suárez, otra vendedora informal, coincide en que el flujo excesivo de usuarios complica la circulación dentro de la estación, generando dificultades para moverse entre los puntos de venta y acceder a los buses. En situaciones de sobrecupo, los vendedores deben adaptarse rápidamente, atendiendo a los clientes que logran acercarse mientras intentan evitar accidentes o empujones. 

Por su parte, Claudia Robles, la vendedora de salchipapas, señala que además de la congestión se han presentado cortes de energía y situaciones operativas que afectan tanto el tránsito de pasajeros como la actividad comercial. “Si el sistema se detiene o hay fallas, todo se siente. No solo para los que viajan, también para los que trabajamos aquí en la estación”, comenta. 

Desde la institucionalidad, el énfasis ha estado en reforzar la seguridad y mostrar avances en reducción de delitos. No obstante, el desafío operativo relacionado con frecuencias, fallas técnicas y sobrecupo sigue siendo un tema sensible para los usuarios. Las autoridades destacan los planes implementados y las cifras positivas en seguridad, pero la experiencia diaria de quienes utilizan el sistema revela que la congestión y los retrasos continúan siendo una preocupación constante. 

 Tensión en el abordaje: cuando la congestión escala a situaciones de riesgo 

En la estación Universidades, la congestión no solo genera incomodidad: en ocasiones ha derivado en episodios de violencia entre pasajeros. María Elena, vendedora informal de la estación, describe un ambiente donde el desorden al abordar los buses puede convertirse en detonante de conflictos. 

En horas de alta demanda, explica, las personas “entran como muy en montones” y el afán por subir provoca empujones y discusiones. Hace aproximadamente tres meses, presenció un altercado que escaló peligrosamente cuando, en medio de una disputa por un asiento, uno de los involucrados sacó un arma. “Uno se sentó encima al otro y ahí sacó uno el arma para dispararle”, relata. 

La comerciante asegura que intervino para evitar que la situación pasara a mayores: “yo me metí en el medio, tratando de calmar para que no hubiera sangre”. El testimonio evidencia cómo la presión por abordar vehículos con alta ocupación puede transformarse en un escenario de riesgo para los usuarios. 

 Hurtos y presunto uso de escopolamina: la inseguridad que preocupa a los usuarios  

Además de los enfrentamientos, la vendedora María Elena señala que los robos son frecuentes, especialmente contra jóvenes universitarios que transitan por la estación. La modalidad más común sería el hurto de celulares en medio de la aglomeración: “A veces acá roban mucho también los teléfonos, a los muchachos, a los universitarios”, afirma. Según su percepción, en algunos casos se habría utilizado una sustancia en polvo para desorientar a las víctimas: “Han echado esos polvos, ese polvo blanco”, menciona al describir episodios en los que jóvenes comienzan a sentirse mal en o después del abordaje. 

María Elena recuerda particularmente el caso de un muchacho que fue retirado del lugar con síntomas evidentes: “lo sacaron de aquí vomitando y todo, lo llevaron para el hospital”, aunque no asegura haber presenciado directamente el momento del hurto, sí afirma haber visto las consecuencias y la posterior intervención de policías y ambulancias. 

La preocupación por posibles nuevas modalidades de hurto dentro del sistema tomó fuerza tras la viralización de un video en TikTok de la cuenta @elegantperfum.oficial que superó las 430 mil visualizaciones y 25 mil “me gusta”. En él, una joven la cual no menciona su nombre relató un presunto intento de escopolaminización ocurrido el viernes 6 de febrero en el norte de Cali, cuando se movilizaba en la ruta P27D. 

Según su testimonio, el recorrido transcurría con normalidad hasta que notó a una mujer observándola de manera insistente desde los asientos cercanos al conductor. Aunque en un primer momento no le dio importancia, la situación cambió cuando esa misma persona decidió sentarse a su lado, pese a que había otros puestos disponibles. “Se me hace un poco raro porque hay varios puestos disponibles y justo se va a sentar al lado mío”, relata en el video. 

Minutos después comenzó a experimentar síntomas físicos inesperados: mareo repentino, pesadez en los ojos y sensación de somnolencia, ella misma describe que empezó a sentirse “muy mareada” y con la mente “nublada”. Ante esa reacción, decidió enviar su ubicación en tiempo real a su esposo y mantenerse en llamada mientras descendía en la terminal Menga. 

La mujer que había despertado sus sospechas también se bajó del bus y, según el relato, continuó siguiéndola dentro de la estación. Fue entonces cuando acudió a una guarda de seguridad y pidió ayuda: “No dejes que nadie se me acerque… ayúdame, porfa”, según cuenta. 

El personal de la terminal la asistió de inmediato y dio aviso a la Policía. En el video, la joven asegura que los uniformados le indicaron que se trataría de un “modus operandi” que se ha venido incrementando en los últimos meses. Aunque el hecho no terminó en hurto, la experiencia dejó en evidencia la vulnerabilidad que pueden sentir los usuarios ante este tipo de situaciones. 

La joven concluye su mensaje con un llamado a la alerta, insistiendo en la importancia de estar atentos al entorno y escuchar las señales del propio cuerpo cuando algo “se siente raro”. Su testimonio se suma a otras denuncias ciudadanas sobre robos y presunto uso de sustancias dentro del sistema, reforzando una percepción de inseguridad que persiste entre estudiantes y usuarios frecuentes del transporte masivo. 

Hasta ahora no hay una fuente oficial que dé cifras comparativas año contra año de casos de hurto con escopolamina, ni que demuestre que estos hechos hayan aumentado de forma cuantificable en 2025 /2026 en Cali. 

Una hora de espera: cuando caminar parece más eficiente que el bus 

Las demoras en el servicio se han convertido en uno de los principales factores que influyen en las decisiones de movilidad de los estudiantes. Melanie Betancourt, usuaria frecuente del alimentador en la estación Universidades, asegura que ha llegado a esperar hasta una hora por una ruta: “Creo que sí, una hora ha sido lo máximo que he esperado”, afirma. 

Según explica, estos tiempos prolongados han llevado a muchos estudiantes a optar por alternativas como caminar, incluso en trayectos largos. Al referirse a la ruta A19A hacia el sector de La Babilla, señala que “se demora demasiado”, por lo que, en su experiencia, “uno prefiere caminar que esperar el MÍO porque al final es lo mismo”. 

Melanie también menciona que conoce casos de estudiantes que recorren distancias extensas a pie, como desde Cachipay hasta San Martín, un trayecto que puede tomar cerca de una hora caminando. Esta decisión no responde únicamente a una preferencia personal, sino a una percepción compartida de que el tiempo de espera no compensa el uso del sistema. 

A esta realidad se suma el testimonio de Gabriela Tovar, estudiante universitaria que ha reorganizado completamente su rutina de desplazamiento. “Normalmente me dirijo a la universidad caminando, y el trayecto me toma aproximadamente 26 minutos”, explica. Aunque podría utilizar el transporte público, considera que el proceso es más largo y poco práctico. 

“Si tomara el transporte público, primero tendría que caminar hasta la parada, luego esperar el bus, dirigirme a la estación y después trasladarme hasta la estación cercana a la universidad”, detalla. Para ella, ese encadenamiento de tiempos convierte el recorrido en una opción menos eficiente. “Todo ese proceso implica varios minutos adicionales que me ahorro caminando”. 

Gabriela concluye que, en términos prácticos, el sistema no representa una ventaja en su caso: “Para cuando llegara desde la estación hasta la entrada de la universidad y luego hasta el salón, probablemente ya habría llegado mucho antes si hubiera ido caminando”. 

En situaciones excepcionales, cuando se le hace tarde o surge algún imprevisto, opta por una alternativa distinta: “en algunas ocasiones excepcionales me dirijo en didi moto”, un trayecto que le toma “alrededor de 17 minutos en total”. 

Los testimonios evidencian una tendencia clara: cuando el transporte público no garantiza tiempos predecibles, caminar deja de ser una alternativa secundaria y se convierte, para muchos estudiantes, en la opción más eficiente y confiable. 

Bloqueos estudiantiles y desvíos: el efecto dominó en la operación 

Desde la mirada institucional en estación, Clarenas Sepúlveda, orientadora del sistema, reconoce que uno de los factores que más impacta la operación de los buses son los bloqueos, particularmente en el entorno de la Universidad del Valle. 

Cuando se presentan estas situaciones, las rutas deben modificar su recorrido o suspender temporalmente el servicio en ciertas estaciones, lo que genera represamientos y retrasos acumulados. “Se presenta la congestión y de ahí viene la molestia del usuario”, explica, al describir cómo la alteración en un punto específico termina afectando tiempos de llegada en distintos sectores de la ciudad. 

En esos momentos, su labor consiste en informar sobre los cambios operativos: “orientamos al usuario qué desvío va a haber, qué rutas van a seguir operando, cuáles se van a cancelar”. Los bloqueos no solo interrumpen el tránsito de los buses, sino que obligan a extender recorridos y alterar frecuencias, lo que incrementa los tiempos de espera en estaciones como Universidades generando acumulación de pasajeros en las estaciones. 

Clarenas subraya el límite de su función dentro del sistema: “nuestra función solo es informar”, ante emergencias médicas o situaciones críticas, el procedimiento es reportar y dar aviso a las autoridades correspondientes, mientras mantienen a los usuarios actualizados. 

Los testimonios recogidos en las estaciones del transporte público MIO permiten identificar un fenómeno estructural más amplio: los bloqueos en el entorno universitario alteran la operación regular del sistema, generan desvíos y retrasos acumulados, y estos a su vez, incrementan la congestión en plataformas y vehículos. La congestión prolongada no solo impacta los tiempos de llegada, sino que eleva los niveles de tensión entre usuarios, creando un ambiente propicio para conflictos, empujones y situaciones de riesgo.  

Paralelamente, la percepción de inseguridad alimentada por denuncias de hurtos y episodios violentos y la sensación de ineficiencia, reflejada en esperas de hasta una hora, terminan afectando la confianza en el servicio. Así, bloqueos, demoras, aglomeración y problemas de seguridad no aparecen como hechos aislados, sino como manifestaciones interconectadas de un sistema que enfrenta presiones operativas y sociales que trascienden la experiencia individual de cada usuario. 

  

El enfoque en la percepción de inseguridad es clave, ya que demuestra que no basta con reducir cifras delictivas; la confianza del usuario es igual de importante para evaluar el funcionamiento del sistema.

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El impacto real del aumento del pasaje en Cali, Candelaria y Yumbo

El impacto real del aumento del pasaje en Cali, Candelaria y Yumbo

Las nuevas tarifas del transporte intermunicipal entre Cali, Candelaria, Yumbo y Palmira dispararon el gasto mensual de los usuarios

Por:Laura Nicole Aparicio Escobar y María Camila Culma Beitia

Facultad de Humanidades y Artes

En algunos casos por encima del auxilio legal de transporte. Aunque las empresas atribuyen el incremento al aumento de costos operativos, trabajadores y estudiantes denuncian afectaciones directas a su economía y cuestionan la falta de socialización y sustento público del alza. 

 

El aumento del pasaje ha generado una presión económica importante en trabajadores y estudiantes que dependen del transporte a diario.

El incremento en las tarifas del transporte intermunicipal durante el periodo 2026 llevo a que la ciudadanía expresara su inconformidad frente al alza del pasaje. A partir del aumento, surgieron manifestaciones y reclamos públicos que intensificaron el debate entre empresas, autoridades y comunidades. 

Durante enero y febrero de 2026 se registraron bloqueos intermitentes en la doble calzada Candelaria–Cali, especialmente en sectores como Poblado Campestre. El subcomandante de la Policía, Jesús Ruiz, confirmó: “Durante enero y febrero de 2026, habitantes de sectores como Poblado Campestre han realizado bloqueos intermitentes en la doble calzada Candelaria-Cali. Las exigencias principales son la reducción del pasaje, que subió repentinamente hasta $800 o más en algunos trayectos cortos, y mejoras en la seguridad vial”. 

Las manifestaciones surgieron tras incrementos que, según líderes políticos, oscilaron entre el 20 % y el 30 %, superando el comportamiento del IPC del año 2025. Un ejemplo concreto es la ruta Cali–Palmira, donde la tarifa pasó de $7.700 en 2025 a $9.500 en 2026, lo que representa un incremento del 23.3%. 

De acuerdo con resoluciones oficiales de las empresas Sultana, Coodetrans y transporte intermunicipal de Yumbo para el periodo 2026, las tarifas actuales por trayecto se ubican en un rango que va aproximadamente desde los $2.900 en recorridos internos como el de Yumbo, hasta los $9.500 en rutas de mayor distancia como Cali–Palmira. En trayectos intermedios, los valores oscilan entre $4.900 y $8.000, dependiendo del destino. 

Esto significa que un usuario que realiza dos viajes diarios durante 24 días laborales puede estar asumiendo gastos mensuales que van desde $139.200 en rutas cortas, hasta $456.000 en trayectos más largos como Cali–Palmira.

El auxilio de transporte legal para 2026 es de $249.095. En la ruta Cali–Palmira, el trabajador debe asumir $206.905 adicionales de su salario, ya que el auxilio cubre aproximadamente el 54 % del gasto real. Esta diferencia económica ha sido uno de los principales detonantes del inconformismo ciudadano. 

Óscar David Cometa usuario recurrente cuestionó el valor del pasaje de $5.200 en algunos trayectos: “Si uno hace un análisis del mes, estaría gastando alrededor de 300.000 pesos ida y vuelta. Ganándose un mínimo y pagando arriendo, servicios y alimentación, no es justo”. 

En la misma línea, Natalia Santizábal estudiante universitaria que reside en yumbo, explicó que su gasto semanal pasó de $50.000 a entre $110.000 y $120.000. También señaló deficiencias en la calidad del servicio en la ruta Cali–Yumbo, mencionando retrasos, congestión y demoras de hasta media hora. Como estudiante manifestó: “Los trabajadores reciben auxilio de transporte, pero los estudiantes no”. 

Desde el ámbito institucional, el concejal de Candelaria, Alfredo Cadena, explicó que presentó derechos de petición a Coodetrans, Sultana del Valle y Líneas del Valle, de las cuales solo dos respondieron. “Estamos en contra de ese aumento injustificado que fue cerca del 20 al 30 por ciento por encima de lo que subió el IPC cerrando en el año 2025”. 

Indicó que las respuestas fueron enviadas a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte para su análisis y eventual investigación. También señaló que las empresas no compartieron el estudio técnico que justificó el incremento: “Manifestaron que no podían compartir la revisión técnica del estudio porque eran documentos clasificados de la empresa” 

Sobre el rol de la Alcaldía, explicó que actúa como ente mediador, ya que no tiene competencia directa para regular tarifas del transporte intermunicipal al no existir una empresa pública que compita en ese mercado. 

Por su parte, Guillermo Pantoja, representante del sector transporte, sostuvo que el aumento responde al incremento de costos operativos: “Todo lo que es la canasta de transporte subió excesivamente, con la subida del dólar, ha subido un 25, un 30 %. Nosotros estamos trabajando casi a pérdida”. 

Señaló aumentos en tasas de uso de terminal, peajes, llantas y repuestos. Frente a la inconformidad ciudadana afirmó: “El usuario debe entender que el transporte ya no es un negocio, nosotros estamos trabajando casi a pérdida”. 

Indicó además que después del aumento no disminuyó el número de pasajeros, no hubo cambios en rutas ni frecuencias y que los subsidios aplican únicamente para estudiantes. 

La agente de tránsito Maryuri Rodríguez del municipio de Candelaria Valle del Cauca informó que la alcaldesa de Candelaria Jessica Caballero sostuvo reuniones con los directivos del transporte público para abordar la situación.

 

Indicó que actualmente operan un grupo pedagógico y agentes de tránsito, y que podría requerirse mayor personal ante el crecimiento poblacional. 

El líder comunitario Diego Calderón aseguró: “Después de la protesta no hubo ningún cambio significativo. Sigue igual sin novedades”. 

Añadió que las respuestas recibidas evidencian que las empresas tienen autonomía para fijar incrementos y que el caso continúa en investigación ante la Superintendencia de Transporte. 

El aumento del pasaje durante la vigencia 2026 expuso una tensión estructural entre los costos operativos del sector transportador y la capacidad de pago de los usuarios. Las cifras oficiales muestran incrementos significativos y gastos mensuales que superan el auxilio legal, mientras las empresas argumentan presiones económicas y las autoridades cumplen un rol de mediación sin facultad regulatoria directa. 

Aunque las protestas lograron visibilizar el inconformismo ciudadano, no se han registrado modificaciones sustanciales en las tarifas ni en la divulgación de los estudios técnicos que justifican el alza. El debate permanece abierto entre sostenibilidad empresarial, regulación estatal y equidad para quienes dependen diariamente del transporte intermunicipal en el área metropolitana de Cali.

La falta de socialización del incremento ha incrementado el malestar ciudadano y la desconfianza hacia las empresas transportadoras.

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Día del Trabajador Social.

El Trabajo Social, una vocación en todo sentido

Una profesión busca impactar a las familias, reconociendo que es en ellas donde se forman los ciudadanos que harán parte de la sociedad

Por: Karol Arizala

Facultad de Humanidades y Artes

El 17 de marzo se conmemora en muchos países el Día del Trabajador Social, en reconocimiento a la labor de los profesionales que trabajan por el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, acompañándolas para promover el cumplimiento de sus derechos, la inclusión y la justicia social.

El trabajo social es una vocación orientada al bienestar social. A través de la investigación, el análisis y la intervención directa, se generan estrategias que permiten alcanzar un equilibrio entre el individuo y la sociedad, con énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad, promoviendo la convivencia en la dinámica social.

Se valora que no solo se conmemore una fecha, sino que también se explique el rol del trabajador social, mostrando cómo su labor va más allá de la asistencia y se enfoca en la transformación social.

El deber del cambio social

El Trabajo Social parte de la necesidad de intervenir en distintos contextos —individual, familiar, grupal y comunitario— cuando se identifican situaciones que requieren procesos de cambio y desarrollo. En este sentido, el cambio social no solo es un objetivo, sino también un compromiso ético que reconoce la participación activa de las personas como eje fundamental. A través de este enfoque, se promueve el respeto por los derechos humanos y se fomenta la construcción de entornos más justos e incluyentes.

Los trabajadores sociales desempeñan un papel clave en la defensa de los derechos humanos, abarcando aspectos fundamentales como la libertad de expresión, la dignidad, el acceso a la salud y la protección del medio ambiente. Su labor implica no solo intervenir, sino también sensibilizar, orientar y generar conciencia sobre las problemáticas sociales que afectan a diferentes poblaciones.

Ámbitos de acción

El ejercicio profesional del Trabajo Social se desarrolla en diversos escenarios, como el sector educativo, el ámbito de la salud y los entornos comunitarios, familiares, infantiles y juveniles. En cada uno de estos espacios, su labor se orienta a fortalecer las capacidades de las personas, promoviendo su autonomía y su rol como agentes de cambio dentro de la sociedad. De esta manera, el Trabajo Social se configura como una acción transversal que impacta múltiples dimensiones de la vida social.

En el marco de esta conmemoración, se reafirma la importancia del Trabajo Social como un instrumento de transformación social. Cada avance en las condiciones de vida de las comunidades refleja el compromiso, la empatía y la capacidad de estos profesionales para comprender las realidades sociales y generar estrategias que incidan de manera significativa en el bienestar colectivo.

Como parte de esta fecha, en la Universidad Santiago de Cali se llevan a cabo varias actividades, entre ellas, un stand conmemorativo que busca visibilizar y resaltar la importancia de esta profesión. La actividad ha contado con la participación de estudiantes de Trabajo Social de diferentes semestres, quienes se unien con entusiasmo para promover el reconocimiento de su labor y fortalecer el sentido de pertenencia hacia su formación académica.

Durante la jornada, se generó un espacio cercano y participativo con la comunidad universitaria, en el que se compartió un mensaje simbólico que decía: “Hoy celebramos la vocación, el compromiso y la empatía de quienes trabajan por el bienestar y la justicia social”. Este mensaje fue entregado junto con un dulce, como un gesto de agradecimiento por la atención y como una forma de destacar la importancia de la vocación en esta profesión.

Más allá de un acto simbólico, esta iniciativa permitió reconocer especialmente a los estudiantes que han decidido formarse en el campo del trabajo social, resaltando su compromiso con la transformación de la sociedad. Asimismo, evidenció el valor de generar espacios académicos y comunitarios que fortalezcan la identidad profesional y promuevan el reconocimiento de disciplinas que, como esta, contribuyen significativamente al desarrollo social.

El enfoque en los derechos humanos y la inclusión fortalece el mensaje, ya que posiciona al trabajo social como una profesión clave en la promoción de la dignidad y la equidad.

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Cuando el turismo crece, la ciudad cambia: Los efectos del auge turístico en Cali.

Cuando el turismo crece,la ciudad cambia: Los efectos del auge turístico en Cali

El crecimiento del turismo y la alta demanda de hospedaje en la ciudad de Cali generan un nuevo debate: ¿está la ciudad preparada para proteger al consumidor de los efectos de la alta demanda? 

Por: Ana Isabel García Zúñiga y Valentina Sánchez Mercado

Facultad de Humanidades y Artes

 

En Cali, el crecimiento del turismo en los últimos años ha incrementado la demanda de hospedajes temporales en distintos sectores de la ciudad. Eventos de alto flujo de turistas como la Feria de Cali y el Festival Petronio Álvarez atraen cada año a miles de visitantes tanto nacionales como internacionales, lo que genera mayor movimiento en el mercado del hospedaje. 

De acuerdo con un estudio realizado en el 2024 por el Observatorio de Turismo de Cali, durante el Petronio la ciudad acogió a más de 36.000 visitantes, según datos recopilados a partir de 1.460 encuestas realizadas durante el evento. También se reveló que el 94 % de los visitantes permaneció por lo menos una noche en la ciudad, lo que beneficia a sectores como hotelería, gastronomía y comercio local. 

El crecimiento del turismo en Cali impulsa la economía, pero también abre debates sobre regulación y protección al consumidor.

El estudio, divulgado por la Secretaría de Turismo de Cali, también evidenció que el 65 % de los turistas se alojó en establecimientos pagos, dentro de los cuales el 31 % lo hizo en hoteles, el 14 % en hostales y el 12 % en alojamientos reservados a través de plataformas digitales. Estas cifras reflejan cómo los eventos culturales de la ciudad se han convertido en un pilar para la llegada de visitantes y el dinamismo del sector turístico. 

La discusión sobre regulación para estos espacios alternativos de hospedaje se fortaleció tras lo ocurrido en Medellín en enero de 2026, durante la víspera del concierto del artista urbano Bad Bunny se denunciaron cancelaciones de reservas y aumentos significativos en los precios del hospedaje en plataformas digitales. 

El fin de semana del 23 al 25 de enero de 2026, turistas y visitantes de diversas regiones del país y del exterior que se desplazaron a Medellín para el concierto del artista Bad Bunny reportaron cancelaciones masivas en sus reservas realizadas con antelación a la capital Antioqueña. Algunos alojamientos fueron ofertados nuevamente a tarifas considerablemente superiores a las iniciales pactadas, según reportes difundidos por medios nacionales.  

En Cali, anfitriones de alojamientos temporales explican que los precios dependen principalmente del comportamiento de la demanda. 

Daniela Aristizábal, propietaria de un alojamiento activo en la plataforma digital de hospedajes temporales Airbnb, señala que la plataforma utiliza un sistema conocido como tarifa dinámica, que ajusta automáticamente los precios según factores como la temporada, la disponibilidad y el movimiento del mercado. Según explica, en su caso particular no modifica de forma manual los precios, ya que arrienda el apartamento por períodos mínimos de un mes debido a normas de propiedad horizontal que limitan las estancias cortas en algunos conjuntos residenciales. 

Por otro lado, Daniela Vásquez, también propietaria de un alojamiento temporal, explica que durante eventos masivos el comportamiento del mercado sí influye directamente en las tarifas. “Cuando hay eventos masivos, sí llega a haber un aumento en el precio debido a la demanda y al movimiento del mercado”, afirma. 

Según indica, no ha percibido controles directos por parte de autoridades locales frente a los precios durante estas temporadas: “En mi experiencia, los precios se ajustan principalmente por la dinámica del mercado y la demanda del momento”, señala. 

Para Vásquez, el crecimiento de los hospedajes temporales también ha comenzado a tener consecuencias en el mercado de vivienda de la ciudad: “Algunas propiedades que antes se destinaban a arriendos de largo plazo ahora se ofrecen para estancias cortas, lo que reduce la oferta disponible para residentes permanentes”, explica. 

El crecimiento de estos hospedajes también se evidencia en las cifras del sector turístico, de acuerdo con datos divulgados por Airbnb, durante 2024 la actividad de anfitriones y huéspedes generó un impacto económico superior a 10,6 billones de pesos en Colombia. De esta cifra, cerca de 1,6 billones correspondieron a ingresos directos para anfitriones, mientras que los viajeros destinaron más de 9 billones de pesos en comercios locales, especialmente en restaurantes, entretenimiento y compras. 

Según la plataforma, más del 40 % del gasto de los huéspedes se realiza en los mismos barrios donde se ubican los alojamientos, lo que demuestra el impacto que este tipo de turismo puede tener en las economías locales. 

Las experiencias de los visitantes también manifiestan cómo perciben estos cambios en los precios. César Gabriel Cruz, turista mexicano que ha visitado Medellín y Cali, afirma haber percibido incrementos moderados en los alojamientos durante eventos, aproximadamente entre cinco y diez dólares por noche, aunque señala que esto no afectó significativamente su presupuesto de viaje. 

La percepción cambia en el caso de Israel Efrén Jiménez Bucio, también visitante extranjero, quien explica que en Medellín el aumento se percibe con mayor fuerza en sectores turísticos como El Poblado, donde el costo del alojamiento sí llegó a afectar el presupuesto que había destinado para su viaje. 

En Cali, ambos visitantes coinciden en que los incrementos de precios se reflejan de manera menos pronunciada y suelen variar dependiendo de la zona turística donde se ubique el alojamiento. 

¿Cómo funciona una plataforma de alojamiento? 

Las plataformas digitales de alojamiento temporal permiten que propietarios particulares publiquen viviendas, habitaciones o apartamentos para estancias de corta duración. 

Para registrarse como anfitrión- en Airbnb-, el usuario debe crear una cuenta, verificar su identidad y registrar la propiedad dentro de la plataforma. Allí puede publicar fotografías del espacio, establecer normas para los huéspedes y definir un precio base por noche. 

La plataforma también ofrece herramientas automáticas para ajustar las tarifas según factores como la temporada, la demanda turística y la disponibilidad de alojamientos en la zona. Este sistema es conocido como tarifa dinámica, que modifica los precios dependiendo del comportamiento del mercado. 

En Colombia, estas plataformas operan dentro del marco del Estatuto del Consumidor, lo que permite que los usuarios realicen reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. 

 

Los barrios frente al crecimiento del turismo 

Más allá de las cifras económicas, el aumento del turismo también ha comenzado a transformar la dinámica de algunos barrios de la ciudad, como ocurre en el barrio El Peñón, uno de los sectores con mayor movimiento turístico en Cali; los cambios son visibles para quienes habitan allí de forma permanente. 

Mateo Rivas, residente del sector, afirma que varias viviendas han sido convertidas en alojamientos temporales o establecimientos comerciales, lo que ha incrementado el tránsito vehicular, el ruido nocturno y la presión sobre los espacios residenciales: “Antes era un barrio muy tranquilo. Ahora hay más turismo y más comercio, lo que genera más movimiento y ruido en las calles”, explica. Aunque reconoce que el turismo dinamiza la economía local, considera necesario establecer ciertos límites para proteger la convivencia en zonas tradicionalmente residenciales. 

Las cifras oficiales también permiten observar cómo se comporta el sector del alojamiento en la región. Según la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en diciembre de 2025 la ocupación hotelera en la región Pacífico —que incluye al Valle del Cauca— se ubicó alrededor del 40,8 %. 

Durante ese mismo periodo, la variación anual en las tarifas fue de 3,3 % en acomodación sencilla y 1,1 % en acomodación doble a nivel nacional, mientras que en la región Pacífico las variaciones fueron de 1,5 % y 3,8 % respectivamente. 

Estas cifras muestran que el sector hotelero formal registra incrementos moderados asociados a temporadas específicas. Sin embargo, los testimonios de anfitriones, turistas y residentes evidencian que en algunos sectores de la ciudad los cambios pueden sentirse con mayor intensidad durante eventos de alta demanda. 

Desde la mirada de algunos residentes, el turismo también representa una oportunidad para posicionar a Cali como un destino interesante de conocer. Rosa Playonero, habitante de la ciudad desde hace más de cinco décadas, destaca que en los últimos años Cali ha fortalecido su propuesta turística con espacios como el Parque del Perro, el barrio San Antonio, el Bulevar del Río y otros sectores gastronómicos que cautivan a los visitantes. “La ciudad ha progresado mucho, hay muchos lugares bonitos para conocer y los precios siguen siendo accesibles para quienes vienen a visitarnos” afirma. 

El crecimiento del turismo representa una oportunidad económica importante para Cali. Sin embargo, lo ocurrido en Medellín demuestra que cuando la demanda aumenta de forma imprevista, el mercado del alojamiento puede experimentar tensiones si no existen reglas o regulaciones claras. 

Para Cali, el reto no está en frenar el turismo, sino en anticipar cómo gestionar ese crecimiento sin afectar la estabilidad del mercado de vivienda ni la convivencia en los barrios que hoy comienzan a transformarse. 

El crecimiento del turismo en Cali representa una oportunidad importante para la economía local, especialmente para sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio.

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El río Aguacatal agoniza esperando el plan de choque.

El río Aguacatal agoniza esperando
el plan de choque. 
  

Después de que el Dagma anunciara el 17 de julio de 2025 un plan de choque, no hay avances visibles.

Autores:Alex Ospitia y Jhonier Bravo.

Facultad de Humanidades y Artes

El río Aguacatal sigue en alerta por vertimientos de aguas residuales, falta de alcantarillado, sedimentos mineros y plagas que golpean el comercio local y calidad de vida.  

  

La situación del río Aguacatal muestra cómo, pese a su importancia ambiental, las comunidades de Montebello y sectores cercanos siguen enfrentando contaminación y abandono institucional. Más que promesas, se necesitan acciones reales y soluciones estructurales para recuperar el río y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

 Montebello es uno de los quince corregimientos que integran la zona rural caleña, está conformado por dos sectores: la cabecera que lleva su mismo nombre y Campoalegre. En conjunto suman apenas 412,6 hectáreas, una extensión modesta. Sin embargo, es el corregimiento más pequeño en tamaño, pero el más densamente poblado. En sus laderas se concentra el 24 % de la población total de los corregimientos de Cali. Con más de 8.800 habitantes en la zona.  

A la orilla de estos corregimientos pasa el río Aguacatal. Este río desemboca aproximadamente 50.976 toneladas de agua al día, una cifra que evidencia su relevancia hídrica. El río Aguacatal desemboca en el río Cali, lo que significa que la calidad del agua que llega al río Cauca también está influenciada por su situación. Desde su nacimiento hasta su desembocadura recorre aproximadamente 14,2 kilómetros, atravesando zonas rurales y corregimientos como Montebello, Campo Alegre, Las Palmas y Aguacatal Bajo.  

Para muchos habitantes el río se ha convertido en una fuente de preocupación ambiental. “La gran afectación del río son las aguas negras que llegan directamente a él. Eso se ve más que todo en la parte alta, en donde hay mucha invasión. Y a eso se suma gente que tira basura al río. No solo hace falta conciencia de la gente, sino también mucho control por parte de las autoridades”, aseguró Jéssica Natalia Henao, ingeniera ambiental residente del barrio Alto Aguacatal.  

Pese a que las actividades de minas ilegales en el sector se encuentran suspendidas desde hace aproximadamente 20 años y que a la fecha no existe explotación, aún permanecen pasivos ambientales a raíz de dicha actividad.   

“El río Aguacatal sufre un doble ataque: el químico, proveniente del Drenaje Ácido de Minas (DAM) que tiñe el agua de naranja, y el orgánico, producto del crecimiento demográfico sin planeación de Montebello”, cuenta Luis Eduardo Gaviria, comerciante del sector de Campo Alegre.  

Uno de los motivos principales y que ha afectado el río, es la minería, fue por este motivo que en agosto del 2025 el subdirector de Calidad Ambiental del Dagma, Diego Benavidez anunció que “Como parte del plan de choque, en los próximos días se instalarán sensores de PH, metales pesados y oxígeno disuelto, con el propósito de evaluar la calidad del agua en tiempo real y ajustar estrategias. De igual forma y entre las medidas inmediatas, se explora una opción basada en naturaleza por medio de microalgas, que ayudan a mitigar el efecto de la coloración de las cargas orgánicas en el lecho del río Aguacatal”.   

El patrullero Jorge Ortiz, policía del cuadrante de Palmar I con tres años de servicio en la zona, confirma que “desde el anuncio del proyecto en julio de 2025, no se ha visto personal del DAGMA trabajando en la recuperación del río”.   

Aunque la administración municipal prometió colectores y plantas de tratamiento, los habitantes de los corregimientos Montebello, Campo Alegre y Aguacatal Alto y Bajo, siguen sin ver avances con el proyecto: “seguimos sufriendo con la contaminación del río que continúa aumentando últimamente”, comentó Freddy Ortiz, dueño de la fonda Campo Alegre y habitante del mismo sector hace 10 años.  

El discurso oficial y la realidad del terreno es absolutamente diferente, mientras el Dagma anuncia que han avanzado en el proyecto, por otro lado, Milena Quiñonez, expresidenta de la Junta de Acción Comunal de Aguacatal Bajo, confirma lo contrario: “el sector vive en un estado de abandono gubernamental histórico, el principal motor de la contaminación es estructural: la falta de sistemas de alcantarillado en varias zonas obliga a que los desechos caigan al cauce, una problemática que ‘lleva muchísimos’ años sin solución”.   

Añadió, “Si eso no cambia, al río Aguacatal seguirán cayendo aguas negras de los sectores de Palmas I, Palmas II y Villa del Mar. También hace falta un colector a la altura de la Avenida 14, que cubriría 100 metros del barrio Bajo Aguacatal para que este sector esté completamente descontaminado. Por el momento, solo se tiene un 70 % de casas cuyas aguas ya no llegan al río, lo que equivale a cerca de 800 viviendas”.  

Hoy el rio sigue siendo una amenaza. Guillermo Trujillo, fundador del mini-market en Montebello con más de cinco años en el sector, cuenta que: “los olores se han vuelto insoportables, afectando la clientela y el bienestar familiar”.   

Sin embargo, lo más preocupante es la crisis sanitaria colateral: la contaminación ha disparado la presencia de plagas y ratas que, como cuenta Blanca Vanegas, comerciante de Campo Alegre: “como si fuera poco, la plaga de roedores y zancudos provenientes del río ya invaden las viviendas cercanas, tenemos que llenar las casas de trampas para roedores y productos en aerosol o de humo que espanten los zancudos”.  

“Todo empieza arriba con la minería, pero aquí abajo sufrimos el olor y las ratas. El gobierno dice que va a venir, pero aquí no hemos visto a nadie del DAGMA trabajando desde ese anuncio del año pasado”, coincide Luis Eduardo habitante y comerciante del sector Bajo Aguacatal.  silencio de las autoridades ambientales no solo deja en el aire las promesas de julio de 2025, sino que profundiza la incertidumbre de una comunidad que sigue respirando el olor del abandono y conviviendo con las plagas de un río que se apaga.  

Ante el evidente descuido y el estancamiento en el plan de choque para la recuperación del río, se intentó contactar formalmente mediante correos, llamadas a las líneas oficiales y acercamiento a la atención al ciudadano al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, sin tener respuestas hasta el cierre de esta edición.  

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