Actualmente, Colombia sufre una transformación de la política tradicional de las drogas ilícitas. Desde 1986, la idea de legalizar el consumo de estupefacientes en espacios públicos generó una verdadera batalla en la opinión pública. Desde entonces, las normas, leyes y decretos vigentes han avanzado hacia una nueva regulación del porte y el consumo de esas sustancias.  

La policía ha impuesto más de 500.000 sanciones a los consumidores que en su mayoría son población joven.  

Luego de que la Corte Constitucional derogara el decreto 1884 del 2018, expedido por el gobierno de Iván Duque, que penalizaba el consumo y porte de sustancias psicoactivas, la administración de Gustavo Petro expidió el decreto 2114 de 2023, en el que se establece que está permitida la dosis personal y que se espera que se reduzca la criminalización hacia los consumidores y se enfoque más en la prevención, atención y rehabilitación de las personas afectadas por el consumo de drogas. 

El politólogo Jonathan Forero explica que “el gobierno progresista de Gustavo Petro busca dar vuelta al pensamiento conservador ejercido por décadas, dejando de perseguir la demanda; es decir, al individuo que consume, y atacar al que la ofrece”; se trata de perseguir la producción, distribución y comercialización. Según un documento del Ministerio de Justicia, “la guerra contra las drogas le ha costado al Estado 568 billones de pesos en los últimos 20 años y el consumo no ha disminuido”.   

Además de la derogatoria, la Corte Constitucional, con la sentencia C-127 de 2023, ordenó a los alcaldes, gobernadores y Policía Nacional regular el consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas de carácter público, por lo que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otros municipios han optado por proteger la niñez, tomando medidas encaminadas a establecer un distanciamiento entre consumidores y población infantil. 

Otros alcaldes han ido más allá. El de Cartagena, Dumek Turbay, prohibió totalmente el consumo en espacio público, a través del Decreto 0062 del 18 de enero de 2024, en el que indica que no se permitirá el consumo y porte de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Sin embargo, la discusión está en que la Constitución Política de 1991 establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la capacidad de autodeterminación y la autonomía del ciudadano, que controvierte la rigidez de las medidas tomadas por algunos alcaldes.   

Sobre esto, Forero opinó que “el país sufre una pugna ideológica, ya que el moralismo y las personas que intentan conservar a las familias piensan que imponiendo leyes y decretos van a retardar o prohibir lo prominente, que es la universalización del consumo del cannabis, y el problema radica en que se busca priorizar a un grupo sobre otro, sin tener cuenta que la ley protege los derechos de las libertades de todos los ciudadanos”.   

La sentencia de la Corte Constitucional sobre el manejo y control de estupefacientes trata temas como la protección integral e interés superior de los niños, niñas y adolescentes; el respeto por el consumidor, dejando a un lado la criminalización y se dirige a las autoridades competentes, pidiendo que diferencien las actividades de porte de dosis para uso personal y consumo, en contraste con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

Sobre la derogatoria del decreto de Duque, el ministro de Justicia Néstor Osuna dijo, en entrevista con W Radio, que más de 500.000 sanciones han sido impuestas por la policía, en su mayoría a la población joven. Respecto a las nuevas medidas aclaró que “en realidad se busca descriminalizar el consumo y el porte de la dosis mínima y darles mayor responsabilidad a las autoridades policiales para atacar el narcotráfico y el microtráfico”. 

Luis Andrés Urrutia Moreno (30 años), contratista de la alcaldía de Cali, quien consume marihuana desde hace 7 años, manifestó su inconformidad con el trato que recibieron durante el pasado gobierno: “Me sentí criminalizado, porque las autoridades policiales me han perseguido por portar la dosis mínima de consumo y el problema real está en quienes cultivan y distribuyen la droga”.  

Según el estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2019, del Observatorio de Drogas de Colombia, “aproximadamente 350 mil personas cumplen los criterios sobre uso abusivo o dependiente de alguna sustancia ilícita. En relación con los grupos de edad, la población entre 12 a 17 años presenta el mayor porcentaje de abuso o dependencia con un 58,0%, seguido en este aspecto por el grupo de 18 a 24 años con un 50,4%.  

Consumo en espacios públicos en Cali 

El alcalde Alejandro Eder expidió el decreto 0125 de 2024, que restringe el consumo de sustancias psicoactivas incluyendo la dosis personal, en un perímetro de 200 metros alrededor de espacios públicos alrededor de las instituciones educativas, parques, centros deportivos y zonas de interés cultural.  

El líder comunitario Luis Fernando Romero dijo que “los alcaldes, como primera autoridad de cada municipio, deben definir sus políticas en materia de seguridad y creo que la medida impuesta por el alcalde de Cali es acertada, ojalá de buenos resultados, para el bien de nuestros jóvenes y de nuestras comunidades”.  

Pero no será fácil lograr la disminución del microtráfico; el líder comunitario Fernando Romero analizó que “desafortunadamente los países de América Latina están inmersos en problemas de narcotráfico. Hace tiempo en una conferencia con algunos miembros de la embajada de los Estados Unidos, un senador manifestó que mientras haya hambre, angustia y necesidad en América Latina siempre habrá personas dispuestas afrontar los riesgos que genera el narcotráfico”.  

Agregó que el éxito de la nueva política “depende de los buenos resultados que se logre en este gobierno, y de las incautaciones que se hagan, que realmente haya una presencia del Estado”. 

Sobre el decreto expedido por la alcaldía de Cali, Fernando Romero espera que “el efecto sea positivo en la medida que se pueda aumentar el pie de fuerza de la policía, ya que en las estaciones de policía hace falta personal para en un momento determinado hacer uso de estas normas, para aplicar como tiene que hacerlo la autoridad”.  

Añadió que la administración distrital debe crear programas sociales para quienes están involucrados en el consumo, “con el fin de lograr la resocialización de esos jóvenes en apoyos laboral, estudiantil y que realmente tengan la oportunidad de prepararse y llevar un sustento a sus casas por medio de un trabajo digno y honesto”. 

Colombia avanza hacia un futuro incierto con esta nueva implementación por parte de los dirigente de cada ciudad, sin embargo, es importante encontrar un equilibrio que respete la protección de la salud y seguridad de la población, el respeto a los derechos individuales y la implementación de políticas efectivas que aborden las causas subyacentes del consumo de drogas.