La chatarrización de vehículos abandonados en el patio de tránsito de Cali, ubicado en Acopi Yumbo, ha aumentado significativamente en los últimos años. Son más de 30.000 vehículos los que se encuentran inmovilizados, donde el 70% corresponden a motocicletas y el restante vehículos livianos o pesados.

Como resultado de esto la gente opta por no recuperar sus vehículos y permitir que sean chatarrizados perdiéndolos definitivamente.

Este proceso está respaldado por la Ley 1730 de 2014, la cual permite a las autoridades declarar en abandono los automotores que lleven más de 365 días inmovilizados sin ser reclamados e iniciar su chatarrización. Actualmente se están desintegrando más de 800 vehículos que cumplen con este criterio. La normativa es aplicada por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV), entidad que, en convenio con la Secretaría de Movilidad, administra el servicio de patios y grúas en la ciudad.

Sin embargo, la implementación de esta medida ha generado controversia entre los propietarios de los vehículos, quienes denuncian que las tarifas para recuperarlos son excesivas, llevándolos a optar por perderlos definitivamente.

De acuerdo con los datos recientes, un vehículo que pase más de un mes en los patios puede acumular una deuda de aproximadamente $1.200.000, es decir casi un salario mínimo, mientras que aquellos que superan los 15 años e inmovilizados pueden alcanzar costos cercanos a los $33.000.000 una cifra que para muchos ciudadanos resulta imposible de pagar. Como resultado de esto la gente opta por no recuperar sus vehículos y permitir que sean chatarrizados perdiéndolos definitivamente.

“Me parece un completo abuso, mi moto llevaba siete meses en el patio y cuando fui a averiguar mi deuda era de más de 8 millones. No tengo cómo pagar esa cantidad prefiero perderlo a endeudarme” comentó Viviana, una ciudadana afectada por las tarifas de patios, tuvo su moto inmovilizada debido a la falta de documentos en regla.

Este es un sentimiento que se repite entre cientos de propietarios quienes afirman que las tarifas de patios y grúas son muy altas, llamándolos “abusos”.

El impacto económico se siente, también, sobre aquellos con recursos limitados que dependen de sus automóviles para trabajar, siendo independientes o taxistas.

Enrique Guzmán es taxista y su vehículo, un Chevrolet Sail modelo 2015, era su principal herramienta de trabajo. “Mi carro era mi herramienta de trabajo. Soy taxista y por eso lo usaba todo el tiempo, pero después de un accidente de tránsito se lo llevaron y la deuda para sacarlo era una deuda millonaria, superior a los 14 millones de pesos, pensé en recuperarlo, pero cuando vi la deuda entendí que no valía la pena” señaló.

La chatarrización, que en teoría busca descongestionar los patios y eliminar vehículos en mal estado, ha tenido consecuencias económicas adversas. Pues por un lado mientras que el estado recupera parte del dinero adeudado con la venta de chatarra, los propietarios enfrentan pérdidas millonarias. En algunos casos, el costo de recuperación es tan alto que excede el valor comercial del vehículo haciendo que el abandono y la chatarrización sea la opción “menos dolorosa”.

Es el caso de un ciudadano llamado Joan.  “Sacar mi moto de los patios me salía muy caro incluso más que cuando lo compré entonces decidí perder mi moto”, anotó.

Para muchos propietarios, la situación no sólo representa una pérdida material, sino un golpe directo a su economía personal y familiar, puesto que algunos de los afectados son familias de ingresos medios y bajos. Para quienes representa un medio de sustento, con su automóvil inmovilizado, no sólo enfrentan una deuda creciente, sino que también pierden la posibilidad de generar ingresos. “Es pérdida completamente, sin poder trabajar porque me quitaron el carro ¿cómo voy a pagar la deuda para sacarlo de los patios?”, acotó Guzmán.

Ante la creciente inconformidad, se sugiere una revisión de la normativa para ajustar los costos de recuperación y ofrecer alternativas de pago que permitan a los ciudadanos recuperar sus vehículos sin enfrentar deudas impagables. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han anunciado cambios en la legislación. Mientras tanto, los patios siguen acumulando vehículos que en muchos casos nunca serán reclamados.

Nace así un debate sobre si el modelo actual está logrando su propósito de mejorar la movilidad o si en cambio está profundizando una crisis económica y social obligando a muchos ciudadanos a resignarse a la pérdida de su vehículo como su única alternativa.