En algunos casos por encima del auxilio legal de transporte. Aunque las empresas atribuyen el incremento al aumento de costos operativos, trabajadores y estudiantes denuncian afectaciones directas a su economía y cuestionan la falta de socialización y sustento público del alza. 

El aumento del pasaje ha generado una presión económica importante en trabajadores y estudiantes que dependen del transporte a diario.

El incremento en las tarifas del transporte intermunicipal durante el periodo 2026 llevo a que la ciudadanía expresara su inconformidad frente al alza del pasaje. A partir del aumento, surgieron manifestaciones y reclamos públicos que intensificaron el debate entre empresas, autoridades y comunidades. 

Durante enero y febrero de 2026 se registraron bloqueos intermitentes en la doble calzada Candelaria–Cali, especialmente en sectores como Poblado Campestre. El subcomandante de la Policía, Jesús Ruiz, confirmó: “Durante enero y febrero de 2026, habitantes de sectores como Poblado Campestre han realizado bloqueos intermitentes en la doble calzada Candelaria-Cali. Las exigencias principales son la reducción del pasaje, que subió repentinamente hasta $800 o más en algunos trayectos cortos, y mejoras en la seguridad vial”. 

Las manifestaciones surgieron tras incrementos que, según líderes políticos, oscilaron entre el 20 % y el 30 %, superando el comportamiento del IPC del año 2025. Un ejemplo concreto es la ruta Cali–Palmira, donde la tarifa pasó de $7.700 en 2025 a $9.500 en 2026, lo que representa un incremento del 23.3%. 

De acuerdo con resoluciones oficiales de las empresas Sultana, Coodetrans y transporte intermunicipal de Yumbo para el periodo 2026, las tarifas actuales por trayecto se ubican en un rango que va aproximadamente desde los $2.900 en recorridos internos como el de Yumbo, hasta los $9.500 en rutas de mayor distancia como Cali–Palmira. En trayectos intermedios, los valores oscilan entre $4.900 y $8.000, dependiendo del destino. 

Esto significa que un usuario que realiza dos viajes diarios durante 24 días laborales puede estar asumiendo gastos mensuales que van desde $139.200 en rutas cortas, hasta $456.000 en trayectos más largos como Cali–Palmira.

El auxilio de transporte legal para 2026 es de $249.095. En la ruta Cali–Palmira, el trabajador debe asumir $206.905 adicionales de su salario, ya que el auxilio cubre aproximadamente el 54 % del gasto real. Esta diferencia económica ha sido uno de los principales detonantes del inconformismo ciudadano. 

Óscar David Cometa usuario recurrente cuestionó el valor del pasaje de $5.200 en algunos trayectos: “Si uno hace un análisis del mes, estaría gastando alrededor de 300.000 pesos ida y vuelta. Ganándose un mínimo y pagando arriendo, servicios y alimentación, no es justo”. 

En la misma línea, Natalia Santizábal estudiante universitaria que reside en yumbo, explicó que su gasto semanal pasó de $50.000 a entre $110.000 y $120.000. También señaló deficiencias en la calidad del servicio en la ruta Cali–Yumbo, mencionando retrasos, congestión y demoras de hasta media hora. Como estudiante manifestó: “Los trabajadores reciben auxilio de transporte, pero los estudiantes no”. 

Desde el ámbito institucional, el concejal de Candelaria, Alfredo Cadena, explicó que presentó derechos de petición a Coodetrans, Sultana del Valle y Líneas del Valle, de las cuales solo dos respondieron. “Estamos en contra de ese aumento injustificado que fue cerca del 20 al 30 por ciento por encima de lo que subió el IPC cerrando en el año 2025”. 

Indicó que las respuestas fueron enviadas a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte para su análisis y eventual investigación. También señaló que las empresas no compartieron el estudio técnico que justificó el incremento: “Manifestaron que no podían compartir la revisión técnica del estudio porque eran documentos clasificados de la empresa” 

Sobre el rol de la Alcaldía, explicó que actúa como ente mediador, ya que no tiene competencia directa para regular tarifas del transporte intermunicipal al no existir una empresa pública que compita en ese mercado. 

Por su parte, Guillermo Pantoja, representante del sector transporte, sostuvo que el aumento responde al incremento de costos operativos: “Todo lo que es la canasta de transporte subió excesivamente, con la subida del dólar, ha subido un 25, un 30 %. Nosotros estamos trabajando casi a pérdida”. 

Señaló aumentos en tasas de uso de terminal, peajes, llantas y repuestos. Frente a la inconformidad ciudadana afirmó: “El usuario debe entender que el transporte ya no es un negocio, nosotros estamos trabajando casi a pérdida”. 

Indicó además que después del aumento no disminuyó el número de pasajeros, no hubo cambios en rutas ni frecuencias y que los subsidios aplican únicamente para estudiantes. 

La agente de tránsito Maryuri Rodríguez del municipio de Candelaria Valle del Cauca informó que la alcaldesa de Candelaria Jessica Caballero sostuvo reuniones con los directivos del transporte público para abordar la situación.

Indicó que actualmente operan un grupo pedagógico y agentes de tránsito, y que podría requerirse mayor personal ante el crecimiento poblacional. 

El líder comunitario Diego Calderón aseguró: “Después de la protesta no hubo ningún cambio significativo. Sigue igual sin novedades”. 

Añadió que las respuestas recibidas evidencian que las empresas tienen autonomía para fijar incrementos y que el caso continúa en investigación ante la Superintendencia de Transporte. 

El aumento del pasaje durante la vigencia 2026 expuso una tensión estructural entre los costos operativos del sector transportador y la capacidad de pago de los usuarios. Las cifras oficiales muestran incrementos significativos y gastos mensuales que superan el auxilio legal, mientras las empresas argumentan presiones económicas y las autoridades cumplen un rol de mediación sin facultad regulatoria directa. 

Aunque las protestas lograron visibilizar el inconformismo ciudadano, no se han registrado modificaciones sustanciales en las tarifas ni en la divulgación de los estudios técnicos que justifican el alza. El debate permanece abierto entre sostenibilidad empresarial, regulación estatal y equidad para quienes dependen diariamente del transporte intermunicipal en el área metropolitana de Cali.