Cali, embalse de lluvias

Cali, embalse de lluvias

Por: Felipe Castillo

Facultad de Humanidades y Artes

La temporada de lluvias expone una Cali sin preparación ante el invierno. Las calles inundadas paralizan la ciudad y miles de trabajadores informales y ciudadanos luchan por mantener su sustento diario.

“Ya la gente no sale a comprar a la calle, sea en invierno o haciendo sol”

¿Se ha preguntado alguna vez cómo sobreviven miles de caleños que, día a día, exponen sus vidas y sustento a la suerte del clima, mientras las calles se convierten en ríos y las promesas institucionales se diluyen con cada gota? Las lluvias intensas que han marcado el inicio de este 2025 en Cali no solo han causado emergencias en varios puntos críticos de la ciudad, sino que también han evidenciado la necesidad urgente de una gestión de riesgo más eficiente y preventiva.

Esta realidad se hace visible en el centro de la ciudad, donde comerciantes como Rafael Estupiñán, uno de los más de 35 mil vendedores informales que según Jimmy Núñez, presidente del Sindicato de Vendedores del Espacio Público, ocupan las calles de Cali enfrentando diariamente el desafío de proteger su sustento. “Ya la gente no sale a comprar a la calle, sea en invierno o haciendo sol”, comenta mientras asegura su sombrilla y cuerdas contra el viento. Su testimonio no solo refleja la lucha diaria contra el clima, sino también la dificultad de la informalidad, acelerado por unas calles que la lluvia mantiene cada vez más vacías.

Y es que el impacto de estas precipitaciones no se limita a un solo sector. Las inundaciones han convertido zonas como el barrio Siloé, en la comuna 20, Valle del Lili, Ciudad 2000, Caney, Altos de Santa Elena y la Avenida Pasoancho en puntos críticos que paralizan la vida cotidiana de miles de ciudadanos. A pesar de ser un problema recurrente, sus consecuencias parecen intensificarse con cada nueva temporada de lluvias.

Esta situación afecta especialmente a quienes dependen del comercio callejero. “Cuando llueve, todo el mundo guarda, todo el mundo espera… esto afectó todos los negocios del centro, más que todo los que trabajamos en la calle”, explica Luis Carlos Obando, vendedor de jugos, mientras prepara el guarapo de caña en su trapiche. Sus preocupaciones no son infundadas, pues según el IDEAM, el panorama podría empeorar con pronósticos de lluvias más intensas de lo normal para marzo.

La crisis se agrava para aquellos cuyo sustento depende de la movilidad urbana. Daniel González, conductor independiente que recorre diariamente la ruta Jamundí-Cali, describe los peligros que enfrenta: “Los huecos en la vía quedan tapados por las inundaciones, aumentando el riesgo de accidentes. Como independiente, he tenido que dar espera a trabajos importantes porque mi labor es en la calle”.

Más allá de las afectaciones inmediatas, la respuesta institucional también se ha convertido en motivo de frustración. Así lo demuestra el caso de Lorena, una docente que vio su motocicleta dañada por la caída de un árbol durante una tormenta. “La ciudad no da garantías, las gestiones son supremamente largas, debo hacer demanda en la Alcaldía… No hay soluciones inmediatas y las pérdidas son grandes”. Su experiencia pone en evidencia que la falta de preparación de la ciudad trasciende lo estructural y se manifiesta en la ausencia de protocolos efectivos para atender a los afectados.

Para los ciudadanos que enfrenten situaciones similares, existe un protocolo establecido que, aunque puede parecer complejo, es fundamental seguir. El primer paso es contactar inmediatamente a los Bomberos de Cali (119) para la remoción del árbol y a la Policía Nacional (123) para el registro oficial del incidente. Posteriormente, se debe presentar una reclamación formal ante el DAGMA, entidad responsable del arbolado urbano, aportando fotografías del incidente, el informe policial y la documentación del vehículo afectado. Si bien el proceso puede extenderse, es importante conocer que la ciudad cuenta con una póliza de responsabilidad civil que puede cubrir estos daños. Adicionalmente, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo están disponibles para brindar asesoría jurídica en caso de que la respuesta institucional no sea satisfactoria.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión del Riesgo explica que la ciudad atraviesa un período influenciado por el Fenómeno de La Niña débil, lo que intensifica la humedad atmosférica y favorece las precipitaciones frecuentes. Sin embargo, más allá de las explicaciones técnicas, persiste la pregunta sobre la capacidad de respuesta institucional frente a estas situaciones.

La complejidad del problema se agudiza por diversos factores que van más allá del clima. El crecimiento urbano en zonas de ladera, la acumulación de residuos en alcantarillas y la falta de conciencia ciudadana crean un círculo vicioso que empeora cada episodio de lluvia. De hecho, la misma Secretaría de Gestión del Riesgo señala que prácticas como el manejo inadecuado de residuos terminan por colapsar los sistemas de drenaje.

En este contexto, aunque la ciudad cuenta con herramientas como el Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias (SATIC), la realidad en las calles evidencia que se necesita mucho más que sistemas de monitoreo. La protección efectiva de los ciudadanos más vulnerables requiere acciones concretas y coordinadas.

Por esta razón, resulta urgente que la Alcaldía priorice no solo la construcción de sistemas de drenaje más eficientes, sino también la ejecución de obras de mitigación y la implementación de planes de emergencia claros. Es fundamental, además, destinar recursos específicos para proteger a las comunidades más vulnerables y apoyar a los sectores económicos que no pueden defender sus intereses por sí mismos.

En definitiva, la realidad de Cali bajo la lluvia va mucho más allá de cifras y pronósticos meteorológicos. Representa la historia de miles de ciudadanos que cada día salen a trabajar sin saber si el clima les permitirá llevar el sustento a sus hogares.

Mientras tanto, cada temporada de lluvias seguirá siendo un desafío de supervivencia para muchos caleños. La pregunta ya no es si volverá a llover, sino si finalmente estaremos preparados para cuando esto suceda.

En definitiva, la realidad de Cali bajo la lluvia va mucho más allá de cifras y pronósticos meteorológicos. Representa la historia de miles de ciudadanos que cada día salen a trabajar sin saber si el clima les permitirá llevar el sustento a sus hogares.

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Cali lidera la Industria Webcam: Entre el Éxito y la Regulación

Cali lidera la Industria
Webcam: Entre el Éxito y la Regulación

Cali se consolida como epicentro de la industria webcam en Colombia, liderando un sector que genera entre 40 y 50 millones de dólares mensuales, beneficia a miles de ciudadanos.

Por: Samuel Bolaños

Facultad de Humanidades y Artes

La industria de contenidos para adultos se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores de mayor crecimiento económico en Colombia. Se estima que mensualmente ingresan al país entre 40 y 50 millones de dólares, teniendo en cuenta que esta industria ya está presente en aproximadamente el 90% del territorio nacional.

Por algo, la ciudad recientemente  fue sede de la décima edición de Latin America Livecams Expo (LALEXPO), celebrada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

Miles de ciudadanos se benefician de esta industria, que no solo favorece a modelos y dueños de estudios, sino también a profesionales de diversas áreas como ingeniería, psicología, publicidad y contaduría, entre otras.

Natalia Jiménez, modelo desde hace tres años, afirma: “Somos muchas las madres solteras que ejercemos esta labor. Tomamos la decisión de trabajar en esto porque nos brinda disponibilidad de tiempo para compartir con nuestros hijos y estabilidad económica para cubrir sus necesidades. Además, nos permite llevarlos de paseo igual que ofrecerles una buena calidad de vida. También están los casos de chicas que estudian en universidades, pero trabajan en el mundo webcam para pagar sus semestres, logrando igualmente darse gustos así pues mantener una buena calidad de vida”.

Colombia es actualmente el país clasificado como número uno en entretenimiento para adultos por webcam. Según un reciente estudio realizado en agosto de 2023 por Camcensus, se tiene un registro de 218.047 cuentas de anfitriones registrados. Actualmente, las cuentas de anfitriones activos están estimadas entre 100.000 a 300.000.

Cali, capital del Valle del Cauca, es la ciudad con el mayor número de estudios webcam, con un aproximado de 300. Por algo, la ciudad recientemente  fue sede de la décima edición de Latin America Livecams Expo (LALEXPO), celebrada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Este congreso, el más grande del mundo en contenido para adultos, reunió a modelos, entidades gubernamentales, estudios, monetizadoras y otros más afiliados a la creación de contenido para adultos con el propósito de fortalecer la cultura, ofrecer capacitaciones y promover el crecimiento de la industria nacional.

En este encuentro se presentaron estrategias comunicativas que abarcaron desde la elección de nombres para estudios y marcas hasta la optimización económica mediante el uso eficiente de servidores, la reinversión en estudios, el porcentaje de ingresos de los modelos, herramientas tecnológicas como cámaras con incorporación de IA, micrófonos de alta calidad, juguetes, categorías de modelos y algoritmos de las plataformas que benefician o afectan el contenido.

Entre los puntos importantes del congreso se destacó el apoyo que los estudios webcam brindan a sus modelos mediante capacitaciones en imagen con profesionales (asesores de imagen y fotógrafos), la prestación de servicios psicológicos y cursos de idiomas como inglés y francés, considerando que la mayoría de los usuarios que consumen este contenido son extranjeros, principalmente de países como Estados Unidos, Francia y China.

Algunas figuras públicas presentes en el evento fueron la creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano, quien impartió la conferencia ‘Transformando retos en oportunidades: Mi cambio hacia el éxito’, y los invitados especiales como el cantante de música urbana Delaghetto y Esperanza Gómez, reconocida como una de las creadoras de contenido para adultos más exitosas de Colombia.

La industria del contenido para adultos no es ajena al gobierno ni a los procesos económicos. Actualmente, la Federación de Comercio Electrónico para Adultos (FENCEA) está en proceso de formalización para regular el trabajo de modelos, estudios y empresas contratistas. Esta entidad está avalada por el Artículo 73 de la Ley 2010.

Contrario a lo que suele pensarse, esta industria cuenta con un notable orden y respaldo tanto económico como legal. Un ejemplo es el fallo T-109 de 2021, que reconoce la actividad webcam como objeto del derecho al trabajo, garantizando el mínimo vital, la estabilidad laboral, la salud y la seguridad social. Estos derechos están amparados por el Artículo 26 de la Constitución, que establece: ‘Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones.”

Darío Sanchez expresidente de la Federación de Comercio Electrónico para Adultos señala: “Es importante aclarar que no hay contacto físico. En la industria porno, una modelo crea contenido directamente, mientras que en la industria webcam se trata de transmisiones en vivo. Destaco que también hay parejas, generalmente cónyuges, que participan juntos en estas transmisiones, a diferencia del porno, donde varios actores interactúan entre sí profesionalmente, manteniendo relaciones sexuales de manera abierta independientemente de con quién estén grabando.”

Esta industria tiene obligaciones y restricciones, como la no participación de menores de edad, el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en el Artículo 368 de la Ley 2010 de 2019, que reconoce a los exportadores de servicios de entretenimiento para adultos vía webcam como agentes de retención en la fuente.

Actualmente, entidades como FENCEA guardan la respuesta del Congreso respecto al proyecto de ley presentado por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, sobre la regulación del trabajo webcam en Colombia.

Aunque enfrenta prejuicios, esta industria demuestra que el trabajo digno y la innovación pueden coexistir, un debate que Cali lidera con hechos.

“Es importante aclarar que no hay contacto físico. En la industria porno, una modelo crea contenido directamente, mientras que en la industria webcam se trata de transmisiones en vivo…”

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Chatarrización en Cali: costos impagables obligan a los ciudadanos a perder sus vehículos

Chatarrización en Cali: costos impagables obligan a los ciudadanos a perder sus vehículos

Propietarios se quejan del alto costo de recuperación, mientras que expertos analizan el impacto económico de la ley 1730 de 2014.

Por: Tatiana Ramírez Laines

Facultad de Humanidades y Artes

La chatarrización de vehículos abandonados en el patio de tránsito de Cali, ubicado en Acopi Yumbo, ha aumentado significativamente en los últimos años. Son más de 30.000 vehículos los que se encuentran inmovilizados, donde el 70% corresponden a motocicletas y el restante vehículos livianos o pesados.

Como resultado de esto la gente opta por no recuperar sus vehículos y permitir que sean chatarrizados perdiéndolos definitivamente.

Este proceso está respaldado por la Ley 1730 de 2014, la cual permite a las autoridades declarar en abandono los automotores que lleven más de 365 días inmovilizados sin ser reclamados e iniciar su chatarrización. Actualmente se están desintegrando más de 800 vehículos que cumplen con este criterio. La normativa es aplicada por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV), entidad que, en convenio con la Secretaría de Movilidad, administra el servicio de patios y grúas en la ciudad.

Sin embargo, la implementación de esta medida ha generado controversia entre los propietarios de los vehículos, quienes denuncian que las tarifas para recuperarlos son excesivas, llevándolos a optar por perderlos definitivamente.

De acuerdo con los datos recientes, un vehículo que pase más de un mes en los patios puede acumular una deuda de aproximadamente $1.200.000, es decir casi un salario mínimo, mientras que aquellos que superan los 15 años e inmovilizados pueden alcanzar costos cercanos a los $33.000.000 una cifra que para muchos ciudadanos resulta imposible de pagar. Como resultado de esto la gente opta por no recuperar sus vehículos y permitir que sean chatarrizados perdiéndolos definitivamente.

“Me parece un completo abuso, mi moto llevaba siete meses en el patio y cuando fui a averiguar mi deuda era de más de 8 millones. No tengo cómo pagar esa cantidad prefiero perderlo a endeudarme” comentó Viviana, una ciudadana afectada por las tarifas de patios, tuvo su moto inmovilizada debido a la falta de documentos en regla.

Este es un sentimiento que se repite entre cientos de propietarios quienes afirman que las tarifas de patios y grúas son muy altas, llamándolos “abusos”.

El impacto económico se siente, también, sobre aquellos con recursos limitados que dependen de sus automóviles para trabajar, siendo independientes o taxistas.

Enrique Guzmán es taxista y su vehículo, un Chevrolet Sail modelo 2015, era su principal herramienta de trabajo. “Mi carro era mi herramienta de trabajo. Soy taxista y por eso lo usaba todo el tiempo, pero después de un accidente de tránsito se lo llevaron y la deuda para sacarlo era una deuda millonaria, superior a los 14 millones de pesos, pensé en recuperarlo, pero cuando vi la deuda entendí que no valía la pena” señaló.

La chatarrización, que en teoría busca descongestionar los patios y eliminar vehículos en mal estado, ha tenido consecuencias económicas adversas. Pues por un lado mientras que el estado recupera parte del dinero adeudado con la venta de chatarra, los propietarios enfrentan pérdidas millonarias. En algunos casos, el costo de recuperación es tan alto que excede el valor comercial del vehículo haciendo que el abandono y la chatarrización sea la opción “menos dolorosa”.

Es el caso de un ciudadano llamado Joan.  “Sacar mi moto de los patios me salía muy caro incluso más que cuando lo compré entonces decidí perder mi moto”, anotó.

Para muchos propietarios, la situación no sólo representa una pérdida material, sino un golpe directo a su economía personal y familiar, puesto que algunos de los afectados son familias de ingresos medios y bajos. Para quienes representa un medio de sustento, con su automóvil inmovilizado, no sólo enfrentan una deuda creciente, sino que también pierden la posibilidad de generar ingresos. “Es pérdida completamente, sin poder trabajar porque me quitaron el carro ¿cómo voy a pagar la deuda para sacarlo de los patios?”, acotó Guzmán.

Ante la creciente inconformidad, se sugiere una revisión de la normativa para ajustar los costos de recuperación y ofrecer alternativas de pago que permitan a los ciudadanos recuperar sus vehículos sin enfrentar deudas impagables. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han anunciado cambios en la legislación. Mientras tanto, los patios siguen acumulando vehículos que en muchos casos nunca serán reclamados.

Nace así un debate sobre si el modelo actual está logrando su propósito de mejorar la movilidad o si en cambio está profundizando una crisis económica y social obligando a muchos ciudadanos a resignarse a la pérdida de su vehículo como su única alternativa.

 “Mi carro era mi herramienta de trabajo. Soy taxista y por eso lo usaba todo el tiempo, pero después de un accidente de tránsito se lo llevaron y la deuda para sacarlo era una deuda millonaria, superior a los 14 millones de pesos, pensé en recuperarlo, pero cuando vi la deuda entendí que no valía la pena” señaló.

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En el barrio Mayapán, en Cali, los robos son selectivos

En el barrio Mayapán, en Cali, los
robos son selectivos

Los vehículos que se encuentran parqueados afuera de las residencias son los más afectados.

Por: Isabella Orjuela Izquierdo

Facultad de Humanidades y Artes

El barrio Mayapán en el sur de Cali enfrenta una creciente ola de robos especializados que han alterado la rutina de sus residentes. Desde hace dos años se han registrado múltiples casos en los que los delincuentes, con precisión, roban computadoras de vehículos específicos que tienden a estar estacionados en la calle justo en frente de las residencias. 

Según testigos, los ladrones la mayoría de las veces se toman su tiempo para abrir los vehículos y extraer las computadoras sin ser detectados.

Lo más alarmante es que los vigilantes de la cuadra, a pesar de estar presentes en la zona, nunca se percatan de los robos en el momento en que ocurren. Esto se ha convertido en una problemática adicional para la comunidad, pues esta se siente cada vez aún más desprotegida por la falta de efectividad de la vigilancia.

Los robos han seguido un patrón específico: Los delincuentes actúan durante la noche o en horas de la madrugada cuando las calles están completamente solas. Según testigos, los ladrones la mayoría de las veces se toman su tiempo para abrir los vehículos y extraer las computadoras sin ser detectados.

Las marcas de vehículos más afectadas son: Mazda, Chevrolet, Renault, Suzuki y Kia, en especial el modelo Cerato Forte ya que estos  carecen de la ausencia de inmovilizadores electrónicos, un dispositivo que impide el arranque del vehículo sin la llave original lo que facilita el robo con herramientas caseras o incluso cables USB. Por ende se convierte en un objetivo atractivo para quienes cometen estos actos delictivos, lo que ha llevado a los vecinos a exigir mayor seguridad y medidas más estrictas.

Algunos residentes han optado por instalar cámaras de seguridad, pero esto no ha sido suficiente para frenar los robos. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes y la aparente ineficacia de la vigilancia han generado una sensación de impotencia entre los que residen en este barrio.

“Nos sentimos totalmente desprotegidos. No es posible que esto siga sucediendo y que nadie haga algo al respecto. Los vigilantes dicen siempre que nunca ven nada, pero los robos siguen pasando y lastimosamente aún siguen incrementándose por periodos, pues ya llevamos varios casos denunciados y no hemos obtenido solución alguna” expresó  Nicolle Blandón, residente del barrio.

 Los vigilantes, a su vez, se defienden de las acusaciones de la comunidad. “Nosotros hacemos rondas constantes, pero los delincuentes siempre sabrán   moverse y aprovechan momentos de distracción. No podemos estar en todas partes al mismo tiempo” afirmó Marino Cabezas, vigilante de la cuadra.

Esta creciente preocupación ha llevado a la comunidad a unirse y buscar soluciones efectivas y tienen claro que la participación activa de los residentes es clave para crear un ambiente seguro y evitar que los delincuentes sigan afectando su tranquilidad.

 “Estamos al tanto de la situación y trabajaremos en estrategias para reforzar la seguridad en la zona, en ese sentido, invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa para tomar medidas más efectivas” afirmó Augusto Rodríguez, representante del frente de Seguridad.

Adriana López, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Mayapán, reconoce que la situación es preocupante. “Los residentes han expresado su frustración, no solo por los robos, sino también por la falta de respuestas rápidas por parte de los vigilantes y la Policía. Desde la Junta de Acción Comunal estamos en contacto con las autoridades locales para buscar soluciones más eficaces. Además, también estamos evaluando la implementación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del barrio y la instalación de una alarma comunitaria en caso de una acción sospechosa”, comentó Adriana López, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Mayapán.

Con esto la comunidad de Mayapán busca un entorno más seguro para todos, no solo fortalecerá la vigilancia, sino que también permitirá una respuesta más rápida ante cualquier intento delictivo.

 “Estamos al tanto de la situación y trabajaremos en estrategias para reforzar la seguridad en la zona, en ese sentido, invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa para tomar medidas más efectivas” afirmó Augusto Rodríguez, representante del frente de Seguridad.

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Y la biometría por fin llegó al Pascual

Y la biometría por fin llegó al Pascual

En el Estadio Pascual Guerrero se implementaron mecanismos para mejorar la seguridad durante los encuentros de futbol. Algunos hinchas se oponen.

Por: Santiago Ojeda Rivera y Andrés Muñoz Cerón

Facultad de Humanidades y Artes

Con la intención de mantener el orden y garantizar que el futbol, sea de nuevo, un espectáculo para disfrutar en familia, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero se realizó un plan piloto de seguridad para evitar brotes de violencia en las tribunas.

Esta situación cobró relevancia tras los acontecimientos de diciembre de 2024 que llevaron a la Alcaldía de Santiago de Cali a sancionar al club escarlata con la prohibición del ingreso de sus hinchas por cinco fechas de la Liga Betplay Dimayor.

El primer piloto se cumplió el pasado 1 de marzo de 2025 en el encuentro América de Cali – Deportivo Pereira. Para el ingreso al estadio se implementaron medidas de control para los espectadores como biometría, reconocimiento facial y verificación de identidad.

Resultado de ello, se detectaron 23 personas cuyos documentos de identidad estaban bloqueados debido a su implicación en los disturbios de diciembre de 2024. Estas personas fueron impedidas de ingresar al estadio, generando opiniones divididas entre los asistentes. Mientras algunos apoyan las medidas de seguridad, otros las consideran excesivas y una invasión a su privacidad.

Algunos de los hinchas a los que no se les permitió el ingreso al Pascual expresaron que su acceso fue rechazado por sus tatuajes. Sin embargo, la alcaldía de Santiago de Cali, a través de un comunicado, aclaró que la razón del rechazo no fue por los tatuajes, sino por los bloqueos en sus documentos de identidad.

Uno de los hechos de violencia más recordados de 2024 ocurrió cuando hinchas de América de Cali interrumpieron el partido entre el club escarlata vs Atlético Nacional por la final de Copa Betplay, impidiendo que los jugadores del equipo “verdolaga” pudieran celebrar el título en la grama del Pascual Guerrero.

En complemento a las acciones de control desarrollados el 1 de marzo, en Santiago de Cali se han planteado diversas iniciativas para reducir los actos de violencia.

Álvaro Pretel, subsecretario de política de seguridad, señala iniciativas: primero, todo lo relacionado con lo preventivo, donde se enfocan en hacer trabajos sociales para que las barras se vuelvan espacios donde la gente pueda vivir la fiesta del fútbol, pero lo haga en paz y, el segundo, fortalecer el espectáculo del deporte no solo con más policías sino por parte de los equipos tener mecanismos que permitan la carnetización de los hinchas como verificación de la identidad de las personas.

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero cuenta con cámaras de reconocimiento facial y sistemas biométricos diseñados para reforzar la seguridad dentro del escenario deportivo. Sin embargo, su implementación se ha visto limitada por la legislación colombiana, en particular la ley 1581 de 2012 sobre el tratamiento de datos personales y el decreto 1377 de 2013, que exige la autorización firmada de cada persona para el uso de su imagen. Esta restricción ha dificultado la adopción de herramientas tecnológicas que podrían fortalecer el control y la seguridad en el estadio.

Esta situación cobró relevancia tras los acontecimientos de diciembre de 2024 que llevaron a la Alcaldía de Santiago de Cali a sancionar al club escarlata con la prohibición del ingreso de sus hinchas por cinco fechas de la Liga Betplay Dimayor.

Ante la necesidad de mejorar la seguridad y garantizar el buen desarrollo de los encuentros, las autoridades y el club, a través de la Comisión de Seguridad y Justicia, plantearon un plan piloto para el regreso del público, explorando medidas que cumplan con la normativa vigente y permitan fortalecer la vigilancia en el estadio.

Como parte de este plan, se acordó la implementación progresiva del reconocimiento facial y otros mecanismos de control, garantizando su aplicación dentro del marco legal vigente y reforzando la seguridad en el estadio.

No obstante, algunos hinchas han expresado su inconformidad con estas medidas tecnológicas. “No estoy de acuerdo con estas medidas. Creo que se está yendo demasiado lejos con el uso de la tecnología para controlar el acceso al Pascual Guerrero. No deberíamos ser tratados como criminales solo por asistir a un partido de fútbol. Si bien entiendo que la seguridad es importante, esto es una invasión a la privacidad” expresó Alex Campo, hincha del América de Cali.

“La disposición por parte de las autoridades siempre ha sido fortalecer los enfoques investigativos y de control por parte de la tecnología, ya que está para esto”, señala Pretel.

El uso de biometría es un tema de debate en todo el país. Mientras algunos consideran que las tecnologías permitirían identificar a los responsables de los hechos violentos y mejorar la seguridad, otros argumentan que su implementación violaría la privacidad y el manejo de los datos personales.

“En los estadios de primer mundo utilizan la biometría y el reconocimiento facial con el objetivo de poder filtrar a las personas que entran al estadio y sobre todo garantizar que aquellos entren al estadio Pascual Guerrero seamos personas que cuidemos la vida y protejamos el bienestar de la gente” mencionó Alexander Camacho, secretario de deportes en declaraciones para el medio América en la Red.

A pesar de las dificultades, las autoridades han avanzado en la individualización de los implicados en los desmanes al interior del estadio y la implementación de sistemas tecnológicos ya está en marcha.

“La disposición por parte de las autoridades siempre ha sido fortalecer los enfoques investigativos y de control por parte de la tecnología, ya que está para esto”, señala Pretel.

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Marihuana: ¿Exceso de confianza o abuso?

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o abuso?

Cali prohíbe el consumo de marihuana cerca de colegios y parques, pero la norma enfrenta retos.

Por: Marycarmen Oliveros Villalobos

Facultad de Humanidades y Artes

En la ciudad de Cali, el consumo de marihuana en espacios públicos y zonas cercanas a instituciones educativas está prohibido. Así está establecido en el Decreto 4112.010.20.0125 del 08 de marzo de 2024.  Sin embargo, en muchos sectores de la ciudad, la norma no se cumple en su totalidad.

“Por el cual se establecerán zonas y el perímetro para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos en el Distrito de Cali y se dictan otras disposiciones”

El 11 de marzo de 2024, la Alcaldía de Cali emitió un comunicado en el que anunció una nueva medida adoptada por el alcalde Alejandro Eder: la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en los alrededores de colegios, parques, centros deportivos y zonas de interés cultural. El decreto detalla las razones que motivaron esta decisión y las consecuencias para quienes no la cumplan.

Firmado por el alcalde, el Decreto 4112.010.20.0125 del 8 de marzo de 2024, “Por el cual se establecerán zonas y el perímetro para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos en el Distrito de Cali y se dictan otras disposiciones” restringe el consumo de estas sustancias las 24 horas del día dentro de un perímetro de 200 metros alrededor de los lugares mencionados.

La medida incluye instituciones educativas públicas y privadas, institutos técnicos, universidades, coliseos, polideportivos, parques, plazas y plazoletas. Quien infrinja lo estipulado en este decreto, podrá ser sancionado por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que para este comportamiento establece una medida correctiva tipo 4 y un comparendo de $693.333 (16 salarios mínimos diarios legales vigentes).

La normativa busca garantizar un ambiente seguro y libre de humo para la comunidad, en especial para los menores de edad. Sin embargo, la realidad que se vive es muy diferente.  La implementación y el control de estas medidas han resultado ser un desafío, ya que el consumo de marihuana sigue siendo evidente en muchos puntos de la ciudad, generando molestia entre los residentes.

La otra cara de la moneda: ¿Cómo viven esto los ciudadanos?

Si bien la medida ha sido aceptada por algunos sectores de la comunidad, otros consideran que su cumplimiento es deficiente.   Una joven estudiante residente del barrio Tejares de San Fernando (Comuna 19) – cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad- expresó su experiencia como vecina de un parque, en donde es persistente el olor a marihuana. “Hace aproximadamente dos semanas, cuando me mudé aquí, empezó a ser un problema”, afirmó.

El impacto en su día a día es notable. “De vez en cuando evito actividades comunes como sacar a mi perro o sacar la basura por la molestia que me causa este olor”, explicó. Según describió, la intensidad del olor puede llegar a ser significativa: “Le pondría un 8 de 10”.

Aunque no considera que su salud se haya visto comprometida directamente, sí reconoce un efecto en su bienestar. “Es un olor bastante fuerte; no diría que afecta mi salud, pero afecta mi comodidad”, señaló.

Su testimonio refleja lo que ocurre en muchas otras zonas de Cali, donde la norma parece ser ignorada o, en el peor de los casos, aplicada solo de manera parcial.

En el barrio Meléndez (comuna 18)  Ana Gómez también se ve afectada por la situación. “Desde la remodelación de un parque local, hace aproximadamente un año, el consumo de marihuana se ha convertido en una escena habitual que ocurre todo el día”, según relata “antes no era así, pero desde que hicieron los cambios estructurales, esto ha empeorado”. En su concepto, la renovación, aunque atractiva en principio, parece haber captado la atención de las personas equivocadas.

El persistente olor a marihuana y la presencia de ciertos individuos han alterado la rutina de Gómez, quien describe la experiencia como nefasta. “Tener que aguantarlo varias veces al día es agotador”, explica, evitando dar detalles sobre las personas que frecuentan el lugar. Por ahora, su solución ha sido evitar el conflicto trasladándose a otro parque  más alejado donde pueda continuar con sus ejercicios físicos, como estiramientos y trabajos de respiraciones al aire libre, aunque confiesa haber considerado recurrir a la Policía en busca de apoyo.

A pesar de sus quejas, Gómez percibe que la situación “sigue exactamente igual” y sostiene que sin “un cambio radical o mano dura” no habrá mejoras. Este caso refleja el creciente malestar de algunos residentes ante el uso de espacios públicos que, lejos de revitalizarse como se esperaba, han dado paso a problemáticas que afectan la convivencia diaria.

Pero, ¿qué hace la policía en este caso? Al preguntarle a un uniformado, cuyo perímetro de guardia es el Parque de las Banderas, explica que “Cuando encontramos a una persona fumando marihuana en un lugar público, como parques o avenidas, la ciudadanía suele exigir que actuemos. Nos piden que los cuadrantes o la policía intervengamos para evitar este tipo de situaciones. En esos casos, se aplica una medida correctiva, porque va en contra de la convivencia establecida en la Ley 1801. El decreto se cumple al pie de la letra; no hacerlo sería arbitrario” explicó el uniformado.

¿Si es común ver esto? “Demasiado, hoy en día, especialmente los jóvenes, los vemos con mucha frecuencia fumando esta sustancia en la vía pública como si nada. Pasa en parques, bulevares, avenidas, incluso cerca de residencias; está por todos lados. Aunque se ven tanto jóvenes como adultos, definitivamente son más los jóvenes”, explicó el agente.

“Los decretos de la Alcaldía están para cumplirse y buscamos que las personas tomen conciencia y no repitan este comportamiento contrario a la norma. A veces basta con llamarles la atención y pedirles que se retiren, pero con los reincidentes o quienes insisten, toca aplicar la medida como está estipulada. Sobre si ha aumentado o disminuido este año, diría que sigue igual o incluso se nota más. No parece que baje” confesó el agente de Policía.

Más allá del decreto: un problema de convivencia

El incumplimiento del decreto no es solo un asunto legal, sino que refleja un desafío más profundo de convivencia cotidiana. La incomodidad de los transeúntes, los cambios en las rutinas diarias y los posibles efectos en la salud de quienes no consumen son problemas persistentes que aún no encuentran solución efectiva.

Este tema genera un debate constante. Por un lado, algunos defienden el consumo en espacios públicos como un derecho individual, abogando por mayor tolerancia. Por otro, quienes se oponen argumentan que afecta la calidad de vida de aquellos que no desean exponerse al humo o al ambiente que esto crea.

Aunque la norma está establecida, su efectividad depende más de la voluntad ciudadana que de la vigilancia estatal. Esto plantea una pregunta clave: ¿puede un decreto por sí solo transformar costumbres arraigadas en ciertos sectores de la sociedad? Tal vez la respuesta no esté solo en la ley, sino en encontrar un equilibrio entre libertad individual y respeto colectivo.

Vivir con un consumidor de marihuana

Durante tres años Juana, una psicóloga profesional, convivió con su pareja quien, abiertamente era consumidor de marihuana. Ella describe que “fue una experiencia muy intensa, marcada por los altibajos en el estado de ánimo de esa persona. Había momentos en que estaba bien, pero otros en los que era imposible entender cómo se sentía”.

“Vivíamos situaciones de extremos: podía estar eufórico y de pronto caer en un estado en el que no quería ni levantarse de la cama”, relató. El consumo afectaba la salud y las tareas diarias de su pareja: “Sus responsabilidades se vinieron abajo. En el último año, fui yo quien lo mantuvo todo. Incluso las cosas más básicas, como bañarse, dejaron de importarle; podrían pasar días sin que lo hiciera”.

“Intenté hablar con él sobre su consumo, pero sus respuestas giraban siempre en torno a lo que no podía lograr. Decía que quería ser músico, pero no lo seguiría, y eso lo frustraba hasta hundirlo más”, confesó tras una pausa en la que el silencio se hizo presente. Para ella “las leyes sobre la marihuana deberían revisarse, pero pensando en las problemáticas sociales, no solo en lo individual. Mi experiencia fue durísima, aunque pienso que mucho tuvo que ver con la historia de esa persona: sus carencias, sus abandonos, su salud mental. Más que prohibir o no, deberíamos enfocarnos en regular mejor el acceso y ser más estrictos con eso”.

“Intenté hablar con él sobre su consumo, pero sus respuestas giraban siempre en torno a lo que no podía lograr. Decía que quería ser músico, pero no lo seguiría, y eso lo frustraba hasta hundirlo más”.

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