El reto de la reintegración de los expresidiarios en Cali

El reto de la reintegración de los expresidiarios en Cali 

El reto de los expresidiarios comienza al llegar la libertad. Mientras la fuerza pública aumenta

Autores: Juan Sebastián Bolaños Ceballos y Valeria Pejendino.

Facultad de Humanidades y Artes

Se ignora qué ocurre tras la condena. si el sistema solo castiga, pero no logra resocializar, la libertad es apenas un paso antes de volver a delinquir. Este informe especial revela cómo el olvido de esta población es el motor que alimenta la inseguridad día a día en nuestras calles.

La falta de oportunidades laborales es uno de los principales obstáculos para quienes intentan rehacer su vida…

“He llegado a muchas entrevistas de trabajo y no me quieren aceptar por los antecedentes judiciales. Nadie me quiere dar una oportunidad”. El testimonio del caleño Armando Zambrano refleja lo complejo que resulta para una persona, reincorporarse a la sociedad luego cumplir una condena.   

Armando, un ciudadano caleño que estuvo privado de su libertad más de 6 años, representa el rostro de esta exclusión; su diario vivir se convirtió en un bucle de rechazos uno tras otro. “De vez en cuando hago algún trabajo de construcción, pero es difícil porque no me quieren aceptar.”, relata, evidenciando que el pasado judicial funciona como una marca imborrable. 

El testimonio de Armando revela una parte cruel del mercado laboral, la discriminación cortés y según explica, las entrevistas laborales suelen iniciar de manera positiva hasta que aparece el registro de antecedentes en su hoja de vida. “Normalmente me reciben muy bien, pero cuando leen la hoja de vida, ahí es donde la gente se retracta. Me dicen que por haber estado en la cárcel no me aceptan; eso es discriminación”. 

Su caso no es el único. Analizando los datos recolectados de la fundación Fundrapre a lo largo de su gestión y funcionamiento. Encontramos que en total 318 personas recuperaron su libertad: 118 han fallecido, incluyendo casos como, el de un hombre de 56 años que murió por un cáncer de páncreas mal atendido bajo el precario servicio de salud del INPEC; Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), o el que fue asesinado apenas cruzó la puerta de salida del centro penitenciario. A esto se le suman tres personas desaparecidas y una lamentable situación de salud pues al salir de la cárcel pierden su cobertura médica, sin posibilidad de recibirlos. 

De este grupo de 318 exconvictos, apenas cinco personas han logrado reintegrarse con éxito fuera de Colombia, en países como España, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Londres. En el contexto local, la realidad es otra, no hay ni uno solo trabajando formal y legalmente. Los 313 restantes sobreviven en el día a día a través de la informalidad, generalmente en trabajos de construcción o ventas en el centro de Cali, o inevitablemente reincidiendo en el delito. 

Para la fundadora y experta en el área de reintegración social de la fundación Fundapre, Elsy García Medina el problema nace desde la misma cárcel. 

 “En este país, el sistema penitenciario va de la mano con el castigo y no con un cambio… Las cárceles se transformaron un espacio donde se pierde la identidad y para cuando las personas cumplen su sentencia, se encuentran con el estigma social tanto de sus familiares como de su entorno. No podemos exigir que cambien para bien en la sociedad, cuando encontrar un empleo formal se vuelve una misión casi que imposible. Hay que garantizar el derecho al trabajo y la aceptación social, de lo contrario estaríamos dándoles la espalda y dejándoles como única fuente de ingresos nuevamente el delito en una situación desesperada por subsistir”, expresa García. 

Esa pérdida de identidad y el estigma se filtran hasta la intimidad del hogar, donde el retorno constantemente está marcado por sospechas. Para Estefany Castro García, madre de un joven que ha vivido el bucle de entrar y salir de la cárcel, la libertad es un lugar minado de incertidumbres y preocupación. Ella asegura que el reto no es solo la falta de un sueldo, sino el juicio moral del entorno: “No es solo que no consigan trabajo, es cómo los mira el vecino, cómo los juzga la misma calle que los vio crecer”. 

Esta presión social, sumada a la desconexión con sus propias redes de apoyo, crea un aislamiento que la psicología familiar identifica como un factor de riesgo muy alto. Expertos en comportamiento humano señalan que, ante el rechazo del círculo social primario, el expresidiario busca refugio en los únicos espacios donde no es juzgado por su pasado: las estructuras delictivas de las que se intentaba alejar. 

Sin embargo, frente a este panorama de rechazo y puertas cerradas, el sistema jurídico colombiano ha intentado levantar un contrapeso. La Ley 2208 de 2022, conocida como la Ley de Segundas Oportunidades, fue creada con la intención de romper precisamente ese ciclo de rechazos. Ofreciendo beneficios tributarios a los empresarios que contraten a esta población, la ley busca transformar el antecedente penal de una sentencia de desempleo a una oportunidad de responsabilidad social. 

Sobre esta normativa, el abogado José Gregorio Hernández Penagos explica que la iniciativa busca que las personas que ya pagaron su condena puedan conseguir un trabajo formal, dando beneficios a las empresas para que se animen a contratarlos “La ley apuesta por dar segundas oportunidades porque eso reduce la reincidencia y beneficia a toda la sociedad” afirma Hernandez; no obstante, también advierte que “En Cali todavía falta más apoyo y un cambio de mentalidad para que la iniciativa funcione mejor” declaró. 

Es por esto que, como advierten expertos legales, la norma por sí sola no borra el prejuicio; se requiere que el sector privado de Cali deje de ver el pasado judicial como una amenaza y empiece a verlo como una inversión en seguridad ciudadana. 

Para Lina Marcela Sierra, empresaria caleña, la decisión de abrir las puertas de su empresa no se basa solo en ver una hoja de vida, sino en la satisfacción de que brindar oportunidades a quienes han sido excluidos es la única forma de construir una Cali más segura. “Yo creo en las segundas oportunidades, y que la forma de crear un mundo mejor es brindar oportunidades a las personas que probablemente nadie cree” afirmó la empresaria, también recalcó “Es importante que cuenten con una fuerte red de apoyo solidad para no perder el nuevo enfoque de su vida” la intención genuina del individuo de proyectar una vida distinta. 

Entonces, para los empleadores que apuestan por estas “segundas oportunidades”, la resocialización no es un cambio que el exconvicto haga solo. La empresaria Sierra recalca que un factor determinante para no perder el nuevo enfoque de vida es la existencia de una red de apoyo social y laboral en la que el trabajador pueda sostenerse, afianzando así, la advertencia de Elsy García sobre el vacío que deja la pérdida de identidad en prisión. 

En la otra cara de la moneda se encuentra Carlos Alberto Bolaños Álvarez, mago, payaso y empresario con más de 15 años de trayectoria al frente de Capeto Recreación y Eventos, una de las empresas de animación más grandes de Cali. 

Para Capeto, cuyo personal se concentra en jóvenes de entre 18 y 27 años, la posibilidad de contratar a alguien que haya pasado por una cárcel es una decisión que genera gran preocupación. 

El empresario manifiesta que recibir a una persona que haya sido privada de la libertad es “complicado” y confiesa que el primer criterio de rechazo inmediato son los antecedentes judiciales. Desde su perspectiva, la ciudad no solo requiere que la persona a reintegrar cumpla su condena, sino una resocialización que él no percibe como real en el sistema actual.  

“¿Qué se hizo para capacitar a esa persona evitando que no vuelva a reincidir en lo mismo que lo privó de la libertad? Pues la verdad que como empresario sí, también me abstengo de tener que contratar a una persona en esas condiciones. Primero miramos los antecedentes, pero la verdad es que en este país una persona privada de la libertad no solamente necesita cumplir con su condena, sino también con una reintegración a la sociedad”, afirma Carlos. 

La brecha entre los empresarios que creen en el cambio y aquellos que se retractan al leer los antecedentes es el espacio donde debe actuar la estrategia pública. Es aquí donde la Ley 2208 de 2022, intenta incentivar a más organizaciones a seguir este camino, proponiendo que la inclusión laboral deje de ser un acto de fe individual para convertirse en una estrategia colectiva de seguridad y justicia social. 

Nathalia Benjumea, psicóloga de selección, comenta lo determinante que puede ser la contratación de personas con antecedentes, ya que eso puede perjudicar a las empresas para certificarse en el (El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) SAGRILAFT, ya que esto les brinda una seguridad en su documentación como empresas. 

Ella recuerda el caso de un candidato: “Se trataba de un hombre que se postuló para el cargo de coordinador. En la revisión de documentos se reflejó que no era solicitado por la justicia, pero en uno de sus anteriores trabajos en el cual transportaba mercancía, mientras conducía uno de sus trayectos cotidianos fue abordado por un grupo al margen de la ley, que quemó el carro de trabajo y la mercancía. La empresa procedió a demandarlo por robo de mercancía. En el proceso de selección sometido al polígrafo y quien lo realizó, confirmó que el hombre decía la verdad. Al sol de hoy él sigue como coordinador en esa empresa”, relató la doctora Nathalia. 

Finalmente, la verdadera resocialización se pone a prueba en el día a día de los barrios, donde la comunidad critica como el primer juez. Mientras persista la falta de redes de apoyo sólidas, el ciclo de reincidencia seguirá alimentándose de la inseguridad. Al final del día, el éxito de la Ley de Segundas Oportunidades y los esfuerzos individuales de los exconcivtos dependerá de la sociedad caleña para entender que cada puerta que se le cierra a quien busca una vida distinta, es, una posibilidad que se abre nuevamente hacia el delito por pura necesidad de sobrevivir. 

una problemática social que suele pasar desapercibida, ya que pone en evidencia cómo la falta de oportunidades, el estigma y las fallas institucionales terminan perpetuando ciclos de exclusión y reincidencia, afectando no solo a quienes han cumplido una condena sino también a la seguridad y al tejido social en general.

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Suplantación de identidad: riesgo latente en Colombia

Suplantación de identidad: riesgo
latente en Colombia

El aumento de la digitalización financiera en Colombia ha intensificado los riesgos de suplantación de identidad.

Por: Karol Arizala

Facultad de Humanidades y Artes

En 2026, la identificación biométrica se ha consolidado como un escudo clave frente al creciente fraude y la suplantación en el sector financiero colombiano. Mas de 30 millones de usuarios realizan diariamente operaciones desde sus celulares lo que refleja una fuerte digitalización del sistema.

la identificación biométrica es una herramienta clave para proteger a millones de usuarios que realizan transacciones en línea diariamente.

Actualmente el 82% de las transacciones en el país se realizan por internet, en otro contexto, durante el primer semestre del año 2025 los ataques cibernéticos aumentaron en un 69%, según la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esto equivale a que alrededor de 94 intentos de vulneración por segundo y cerca de 1.000 colombianos afectados cada día por robo de información personal, lo que refleja el enorme desafío que enfrentan las grandes entidades financieras para salvaguardar la identidad financiera de sus usuarios.

El rápido avance de los servicios financieros digitales ha estado acompañado por un aumento significativo de delitos cibernéticos. Alrededor del 2025 se registraron 62.299 denuncias y en lo que va del 2026 se han sumado 5.000 casos, lo que afirma el crecimiento de estas amenazas. Frente a este panorama las compañías tecnológicas han impulsado la adopción de nuevas alternativas tecnológicas que sean seguras y confiables para contener la escala de estos delitos.

Ante esta realidad ldenty.io, un software biométrico de autenticación y verificación de identidad digital se presenta como un escudo social, ya que permite validar la identidad de los usuarios desde sus dispositivos y sin servidores externos. A través del uso de características como las huellas dactilares o el reconocimiento facial garantiza una verificación inequívoca. Gracias a esta identificación exacta, las entidades financieras pueden asegurase de quien realiza una transacción, solicita un crédito o accede a un servicio es realmente quien dice ser.

Uno de los principales beneficios de este software es su interfaz simple e intuitiva permite completar los procesos de identificación en segundos, minimizando la fricción en cada interacción.

Todo este proceso se lleva a cabo en el dispositivo móvil del usuario, sin necesidad de hardware adicional ni dispositivos alternos, no requiere conexión a internet para funcionar lo que permite su uso incluso en áreas con conectividad limitada.

Para aumentar aún más la seguridad Identy.io incluye la tecnología de detección de vida pasiva (passive liveness). Este sistema evalúa en tiempo real diversas señales biométricas, como micro expresiones faciales, textura de la piel, reflejos de luz y profundidad, asegurando que el usuario sea una persona real presente en ese momento. el crecimiento exponencial de los servicios financieros digitales en Colombia ha traído consigo una nueva generación de riesgos que ya no pueden abordarse con métodos tradicionales.

Jesús Aragón CEO de Identy.io indica que, el crecimiento exponencial de los servicios financieros digitales en Colombia ha traído consigo una nueva generación de riesgos que ya no pueden abordarse con métodos tradicionales”. es evidente que la identidad digital se ha convertido en el principal punto de defensa. Es evidente que la identidad digital se ha convertido en el principal punto de defensa; al final el objetivo no es solo prevenir el fraude, es asegurar que los ciudadanos puedan ingresar de manera segura a los servicios financieros digitales ya que se han vuelto parte de la vida cotidiana.

Ante este panorama, la implementación de tecnologías biométricas se posiciona como una solución efectiva para mitigar estos riesgos, permitiendo validar la identidad de los usuarios de forma rápida, segura y sin fricciones, incluso en entornos con baja conectividad.

Andrés tiene miedo de salir a las calles y ahora no viaja en el transporte público de su ciudad, lo que incrementa los gastos económicos por usar siempre servicios como Uber.

El crecimiento de los delitos cibernéticos en Colombia refleja un escenario cada vez más desafiante, con miles de denuncias y ataques constantes que evidencian la necesidad urgente de fortalecer la seguridad digital en el sector financiero.

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Bienestar en disputa: la salida institucional que hoy sigue pasando factura en Puerto Tejada

Bienestar en disputa: la salida institucional que hoy sigue pasando factura en Puerto Tejada

Una salida de bienestar para servidores de la Alcaldía de Puerto Tejada desató una discusión que todavía se siente en el municipio

Por: Daniela Hurtado y Yania Daza Guzmán

Facultad de Humanidades y Artes

mientras algunos funcionarios la defienden como un derecho laboral, parte de la ciudadanía cuestiona el momento y las prioridades, en medio de preocupaciones por seguridad e infraestructura. 

El uso de datos concretos aporta transparencia y evita caer en opiniones sin fundamento

En 2025, el Municipio de Puerto Tejada contrató una actividad de bienestar para funcionarios mediante el Contrato No. CTO-108-2025 (modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía, SAMC-005-2025). Según ese documento, la ejecución debía realizarse en un plazo de dos (02) meses y, en todo caso, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025. Aunque la actividad se planteó como bienestar laboral, hoy el tema sigue apareciendo en conversaciones locales porque se cruza con preocupaciones por seguridad, obras pendientes y confianza en el manejo de recursos públicos. 

En el contrato se establece la contratación de 104 unidades (UND: Paquete, CANT: 104) para un “paquete turístico a San Andrés”. El valor total del contrato es de $262.715.960, señalado como “incluido el IVA y todos los tributos”. Con esos datos, se puede calcular un valor aproximado por participante: si se divide el total entre 104, el resultado es $2.526.115 por persona, entendiendo que se trata de un paquete integral y no de un desglose por servicios. 

El documento describe el paquete como “todo incluido” e indica que comprende tiquetes aéreos ida y regreso, traslados (incluido Puerto Tejada – aeropuerto de Palmira y viceversa), alojamiento 4 noches 3 días, y alimentación (desayuno, almuerzo y cena), además de actividades como Johnny Cay, acuario y vuelta a la isla, junto con impuestos, asistencia y póliza médica. También fija condiciones: alimentación tipo buffet y que ofrezca “Bar abierto y Snacks saludables”, y hoteles ubicados “de 10 a 5 minutos de la playa”. 

Desde la mirada institucional, el bienestar se presenta como un derecho y como una forma de fortalecer condiciones de trabajo. María Débora Balanta, contadora del IMDER, lo explicó así: “¿Qué es el bienestar social? Es algo que por ley y derecho tenemos los empleados públicos para que en el año se nos hagan una serie de actividades… para fortalecer al empleado”. También afirmó: “Es totalmente legal, no es algo fuera de contexto… eso viene desde la ley y está contemplado”. 

En lo presupuestal, el contrato relaciona el gasto con el rubro de bienestar y salud ocupacional y registra un CDP 180 del 06/03/2025 por $262.760.000. En la forma de pago se pacta un anticipo del 50% y el 50% restante una vez finalice el contrato y sea recibido a satisfacción por parte del supervisor, junto con los soportes exigidos al contratista. 

Para entender por qué este tipo de actividades aparecen en entidades públicas, el Plan de Bienestar 2026 explica que el bienestar hace parte de la gestión de talento humano y menciona como base normas como el Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015. El plan también incluye una consulta interna sobre preferencias de bienestar: “Otras Actividades” registra 20 menciones, actividades deportivas 16, paseos 8, actividades familiares 7, educación o capacitación 2, y 13 personas no respondieron.  

Ese dato no define si una salida específica era la mejor opción, pero sí muestra que dentro de la entidad las actividades recreativas aparecen como posibilidad. 

Einer Mulato, funcionario de la Alcaldía, describió la finalidad en términos internos: “El objetivo de la salida era un bienestar institucional. Se buscaba unir los equipos de trabajo… y mejorar los climas laborales”. Sobre la operación diaria, sostuvo: “No interrumpimos las labores para que con el público no hubiera como un corto”, y señaló que, según su versión, hubo espacios que ayudaron a fortalecer el trabajo en equipo. 

Del lado ciudadano, varias respuestas se enfocan menos en la existencia del bienestar y más en lo que se ve en la práctica. Cristian Andrés Tenorio, habitante del municipio, dijo: “La atención no ha mejorado de forma significativa… su actitud sigue siendo igual hacia la comunidad”. Y agregó: “El paseo creo que fue más por temas de diversión y no para temas de seguridad y salud como ellos especifican”.  

Rubén Valencia, tramitador, afirmó que entiende el bienestar, pero puso la prioridad en obras: “Una obra que resalte para el municipio”, y añadió: “Tiene el presupuesto para eso, pero hay cosas más importantes para realizar, como pavimentar una calle… alcantarillado en ciertos barrios”. 

Luz Aida Viva Rodríguez, visitante frecuente a la entidad pública, comparó la situación con necesidades que considera urgentes: “La alcaldía está en muy mal estado, tanto por dentro como por fuera”. Al hablar de inseguridad, dijo: “Hay más necesidades en el pueblo, por lo menos tratar la inseguridad, guerras entre pandillas”, refiriéndose a un hecho de violencia ocurrido el día anterior a su declaración.  

En el mismo sentido, Olga Lucía Viafara Balanta, lideresa y exconcejal, señaló: “A pesar de que la ley… sí permite… actividades recreativas… en el municipio en estos momentos estamos viviendo una ola de violencia, de inseguridad”, y remarcó: “No estamos en contra… pero sí… hay prioridades más importantes”. 

 

DOCUMENTOS Y HECHOS QUE SÍ QUEDAN SOPORTADOS 

Con los documentos revisados, se pueden afirmar sin suposiciones tres datos centrales: el contrato establece 104 paquetes, un valor total de $262.715.960 (con IVA y tributos incluidos) y un paquete que incluye tiquetes, traslados, alojamiento, alimentación y tours. También queda soportado el uso del rubro de bienestar y salud ocupacional y la forma de pago pactada (50% anticipo y 50% al finalizar con recibo a satisfacción). 

A partir del valor total y la cantidad, se obtiene un cálculo directo: $262.715.960 ÷ 104 = $2.526.115 por participante. En cambio, el contrato no separa cuánto corresponde al tiquete, al hotel o a la alimentación, porque se contrató como paquete integral. Por eso, cualquier cifra por rubro (tiquetes/comidas/hotel) necesitaría anexos o soportes adicionales para no caer en conjeturas. 

Lo que hoy “pasa factura” no es solo el viaje como hecho, sino lo que simboliza para distintos sectores.  

Los funcionarios defienden el viaje a San Andrés y lo relacionan con integración y ambiente de trabajo; en la ciudadanía, el cuestionamiento aparece ligado a prioridades, percepción de servicio y contexto de inseguridad. Con cifras del contrato se puede explicar cuánto fue el total, cuántos paquetes se contrataron y qué incluía el servicio; sin anexos, no se puede desarmar el paquete por rubros ni medir resultados con indicadores. En ese punto se sostiene la discusión: una parte habla de bienestar laboral y otra pide que, cuando se gaste dinero público, además de estar sustentado, se explique mejor y se muestre qué cambia en la realidad del municipio. 

Más allá de las cifras y la transparencia en la contratación, el punto crítico radica en la falta de evidencia sobre impactos reales y en la desconexión entre la gestión interna y las expectativas de la comunidad, lo que termina afectando la confianza y generando un debate que trasciende lo económico para instalarse en lo simbólico y lo social.

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La congestión y los desafíos operativos del sistema MIO en Cali

La congestión y los desafíos operativos del sistema MIO en Cali 

Entre demoras, bloqueos y denuncias de inseguridad, el MIO enfrenta un reto que va más allá de las cifras oficiales.

Por: Valeria Loaiza Sandoval y Laurie Dahian Waitoto Asprilla

Facultad de Humanidades y Artes

A mediodía, decenas de pasajeros esperan en las estaciones de Unidad Deportiva, Pampalinda y Universidades mientras los buses tardan en llegar. Retrasos, sobrecupo y largas filas se suman a la preocupación por la inseguridad dentro del MIO, aunque las autoridades reportan una reducción de hasta el 41% en hurtos, la percepción de riesgo persiste, manteniendo a los usuarios en tensión. 

Además de las cifras oficiales que muestran una reducción de hurtos dentro del MIO, la experiencia diaria de quienes trabajan en las estaciones evidencia que la seguridad sigue siendo un desafío. 

La descripción de situaciones de riesgo, como conflictos entre pasajeros o presuntos casos de escopolamina, aporta un componente de alerta importante

Claudia Robles, vendedora con puesto fijo de salchipapas ubicado antes de entrar a la estación Pampalinda, asegura que, aunque se siente protegida por las cámaras de vigilancia y la rápida reacción de la policía, la inseguridad sigue siendo un desafío diario. Relata que ha presenciado robos y accidentes dentro de la estación y que incluso un día un habitante de la calle la amenazó con agredirla cuando se negó a darle comida gratis: “Le dije que no, porque trabajo para ganarme la vida, y que, si le daba a él, seguirían viniendo otros esperando lo mismo. Me amenazó, diciendo que me iba a poner horrible, que la cara me la iba a poner horrible. Yo nunca he sufrido, no tengo miedo, y saqué mi cuchillo de picar salchichas para defenderme”. 

Además, Claudia señala que los riesgos no solo provienen de los pasajeros: la imprudencia vial y accidentes en la estación también representan un peligro constante. Sin embargo, asegura que la vigilancia de la cámara 360 y la respuesta inmediata de la policía le han permitido sentirse relativamente segura trabajando, aunque reconoce que la inseguridad, la congestión y las situaciones de irrespeto son parte de su día a día. 

Juan Camilo Herrera, estudiante universitario de 22 años que utiliza el MIO todos los días para desplazarse desde el sur hasta el centro de la ciudad, asegura que las demoras son frecuentes. “Hay días en los que uno espera 20 o 30 minutos. Y cuando por fin llega el bus, ya viene lleno. Me ha pasado incluso que he esperado hasta dos horas”, afirma. Para él, la incertidumbre es el mayor problema: nunca sabe con certeza cuánto tardará en llegar a su destino. 

El MIO constituye el eje principal de movilidad urbana en Cali. Conecta zonas residenciales, comerciales, educativas e industriales y en 2025 movilizó 89,3 millones de pasajeros en el año, según cifras basadas en la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros del DANE. Esto confirma que miles de ciudadanos dependen diariamente del sistema para estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas. Sin embargo, en diferentes estaciones de la ciudad se repite un mismo panorama: acumulación de pasajeros en plataformas que dificultan el abordaje y tiempos de espera prolongados. 

Una observación realizada el 24 de febrero entre las 12:00 p.m. y la 1:00 p.m. en las estaciones Pampalinda, Universidades y Unidad Deportiva permitió constatar una afluencia constante de usuarios. En promedio, más de 40 personas esperaban en cada plataforma. Aunque el ambiente se mantenía relativamente organizado sin discusiones visibles ni alteraciones mayores el flujo continuo evidenciaba una presión operativa que tiende a intensificarse en las primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral. 

Detrás de esa espera hay una dinámica operativa compleja. José Ever Arias, conductor con 14 años de experiencia en el sistema, explica que los retrasos no siempre dependen del conductor; “Trabajamos bajo tiempos establecidos. Si ocurre una falla mecánica, un accidente en vía o cualquier novedad, la frecuencia se altera. Y cuando un bus se retrasa, el siguiente también se ve afectado”, señala. Según él, el efecto es en cadena: un imprevisto puede impactar varias rutas en cuestión de minutos. 

Diego García, orientador del sistema encargado de supervisar el flujo de pasajeros y el cumplimiento de frecuencias, coincide en esa explicación. Cada vehículo opera bajo un control de tiempos y reportes internos. Cuando se presenta una novedad técnica o un retraso, la programación se ajusta, pero esa reorganización no siempre evita la acumulación de usuarios en plataforma. “La gente ve que el bus no llega y piensa que es desorden, pero muchas veces es una situación que ya se está reportando desde la operación”, afirma. 

Mientras los trabajadores explican la presión técnica, los usuarios experimentan la congestión de forma directa. El sobrecupo en horas pico dificulta el ingreso a los vehículos y genera incomodidad. En algunos casos, quienes no logran abordar deben esperar el siguiente bus, prolongando aún más su trayecto. 

La congestión no solo impacta a pasajeros y conductores. También modifica las dinámicas de seguridad dentro del sistema. Lina Marcela, guarda en una de las estaciones del sur de la ciudad, explica que en horas de alta demanda especialmente al mediodía y en la tarde el volumen de pasajeros aumenta considerablemente. “Cuando hay mucha gente, es más difícil mantener el orden. A veces se presentan discusiones por el espacio o intentos de colarse”, comenta.  

En términos operativos, el sistema contó con 853 vehículos afiliados, de los cuales 623 estuvieron en servicio, lo que evidencia que una parte importante de la flota no se encuentra en circulación activa. Esta situación impacta directamente la frecuencia de paso y la cobertura en distintas rutas, especialmente en servicios alimentadores. 

Durante 2026, el sistema enfrenta nuevos desafíos y ajustes. Desde el 10 de enero de 2026, la tarifa del pasaje se fijó en $3.500 pesos, tras un incremento aprobado por la administración distrital. El ajuste busca contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto de recuperación de pasajeros, pero con limitaciones operativas persistentes. 

En paralelo, Metro Cali anunció la incorporación de 47 nuevos buses, entre ellos unidades eléctricas y vehículos con tecnología Euro VI, como parte de un proceso de renovación de flota. Estas unidades comenzarán a integrarse progresivamente durante el año, con el objetivo de reemplazar buses que ya cumplieron su vida útil, especialmente en el componente alimentador. 

En materia de seguridad, durante los primeros meses de 2026 las autoridades reportaron operativos reforzados dentro del sistema, con capturas por delitos cometidos en estaciones y buses, decomiso de armas cortopunzantes y aumento de presencia policial en terminales estratégicas. 

A pesar de estas medidas, la experiencia cotidiana recogida en estaciones como Universidades muestra que el aumento en la demanda, sumado a una flota parcialmente activa y a factores externos como bloqueos y congestión vial, continúa incidiendo en los tiempos de espera y en la percepción de eficiencia del sistema.

Impacto económico de la congestión 

La congestión también tiene un impacto económico. Juan Carlos Arango, quien vende rosquillas caleñas de manera informal desde hace 11 años, asegura que en momentos de mayor saturación prefiere subirse a los buses menos transitados. “Cuando hay demasiada gente no se puede ni caminar. Se vuelve difícil trabajar”, explica, haciendo énfasis en cómo la acumulación de pasajeros limita tanto su movilidad como la capacidad de ofrecer sus productos de manera segura y eficiente. 

María Suárez, otra vendedora informal, coincide en que el flujo excesivo de usuarios complica la circulación dentro de la estación, generando dificultades para moverse entre los puntos de venta y acceder a los buses. En situaciones de sobrecupo, los vendedores deben adaptarse rápidamente, atendiendo a los clientes que logran acercarse mientras intentan evitar accidentes o empujones. 

Por su parte, Claudia Robles, la vendedora de salchipapas, señala que además de la congestión se han presentado cortes de energía y situaciones operativas que afectan tanto el tránsito de pasajeros como la actividad comercial. “Si el sistema se detiene o hay fallas, todo se siente. No solo para los que viajan, también para los que trabajamos aquí en la estación”, comenta. 

Desde la institucionalidad, el énfasis ha estado en reforzar la seguridad y mostrar avances en reducción de delitos. No obstante, el desafío operativo relacionado con frecuencias, fallas técnicas y sobrecupo sigue siendo un tema sensible para los usuarios. Las autoridades destacan los planes implementados y las cifras positivas en seguridad, pero la experiencia diaria de quienes utilizan el sistema revela que la congestión y los retrasos continúan siendo una preocupación constante. 

 Tensión en el abordaje: cuando la congestión escala a situaciones de riesgo 

En la estación Universidades, la congestión no solo genera incomodidad: en ocasiones ha derivado en episodios de violencia entre pasajeros. María Elena, vendedora informal de la estación, describe un ambiente donde el desorden al abordar los buses puede convertirse en detonante de conflictos. 

En horas de alta demanda, explica, las personas “entran como muy en montones” y el afán por subir provoca empujones y discusiones. Hace aproximadamente tres meses, presenció un altercado que escaló peligrosamente cuando, en medio de una disputa por un asiento, uno de los involucrados sacó un arma. “Uno se sentó encima al otro y ahí sacó uno el arma para dispararle”, relata. 

La comerciante asegura que intervino para evitar que la situación pasara a mayores: “yo me metí en el medio, tratando de calmar para que no hubiera sangre”. El testimonio evidencia cómo la presión por abordar vehículos con alta ocupación puede transformarse en un escenario de riesgo para los usuarios. 

 Hurtos y presunto uso de escopolamina: la inseguridad que preocupa a los usuarios  

Además de los enfrentamientos, la vendedora María Elena señala que los robos son frecuentes, especialmente contra jóvenes universitarios que transitan por la estación. La modalidad más común sería el hurto de celulares en medio de la aglomeración: “A veces acá roban mucho también los teléfonos, a los muchachos, a los universitarios”, afirma. Según su percepción, en algunos casos se habría utilizado una sustancia en polvo para desorientar a las víctimas: “Han echado esos polvos, ese polvo blanco”, menciona al describir episodios en los que jóvenes comienzan a sentirse mal en o después del abordaje. 

María Elena recuerda particularmente el caso de un muchacho que fue retirado del lugar con síntomas evidentes: “lo sacaron de aquí vomitando y todo, lo llevaron para el hospital”, aunque no asegura haber presenciado directamente el momento del hurto, sí afirma haber visto las consecuencias y la posterior intervención de policías y ambulancias. 

La preocupación por posibles nuevas modalidades de hurto dentro del sistema tomó fuerza tras la viralización de un video en TikTok de la cuenta @elegantperfum.oficial que superó las 430 mil visualizaciones y 25 mil “me gusta”. En él, una joven la cual no menciona su nombre relató un presunto intento de escopolaminización ocurrido el viernes 6 de febrero en el norte de Cali, cuando se movilizaba en la ruta P27D. 

Según su testimonio, el recorrido transcurría con normalidad hasta que notó a una mujer observándola de manera insistente desde los asientos cercanos al conductor. Aunque en un primer momento no le dio importancia, la situación cambió cuando esa misma persona decidió sentarse a su lado, pese a que había otros puestos disponibles. “Se me hace un poco raro porque hay varios puestos disponibles y justo se va a sentar al lado mío”, relata en el video. 

Minutos después comenzó a experimentar síntomas físicos inesperados: mareo repentino, pesadez en los ojos y sensación de somnolencia, ella misma describe que empezó a sentirse “muy mareada” y con la mente “nublada”. Ante esa reacción, decidió enviar su ubicación en tiempo real a su esposo y mantenerse en llamada mientras descendía en la terminal Menga. 

La mujer que había despertado sus sospechas también se bajó del bus y, según el relato, continuó siguiéndola dentro de la estación. Fue entonces cuando acudió a una guarda de seguridad y pidió ayuda: “No dejes que nadie se me acerque… ayúdame, porfa”, según cuenta. 

El personal de la terminal la asistió de inmediato y dio aviso a la Policía. En el video, la joven asegura que los uniformados le indicaron que se trataría de un “modus operandi” que se ha venido incrementando en los últimos meses. Aunque el hecho no terminó en hurto, la experiencia dejó en evidencia la vulnerabilidad que pueden sentir los usuarios ante este tipo de situaciones. 

La joven concluye su mensaje con un llamado a la alerta, insistiendo en la importancia de estar atentos al entorno y escuchar las señales del propio cuerpo cuando algo “se siente raro”. Su testimonio se suma a otras denuncias ciudadanas sobre robos y presunto uso de sustancias dentro del sistema, reforzando una percepción de inseguridad que persiste entre estudiantes y usuarios frecuentes del transporte masivo. 

Hasta ahora no hay una fuente oficial que dé cifras comparativas año contra año de casos de hurto con escopolamina, ni que demuestre que estos hechos hayan aumentado de forma cuantificable en 2025 /2026 en Cali. 

Una hora de espera: cuando caminar parece más eficiente que el bus 

Las demoras en el servicio se han convertido en uno de los principales factores que influyen en las decisiones de movilidad de los estudiantes. Melanie Betancourt, usuaria frecuente del alimentador en la estación Universidades, asegura que ha llegado a esperar hasta una hora por una ruta: “Creo que sí, una hora ha sido lo máximo que he esperado”, afirma. 

Según explica, estos tiempos prolongados han llevado a muchos estudiantes a optar por alternativas como caminar, incluso en trayectos largos. Al referirse a la ruta A19A hacia el sector de La Babilla, señala que “se demora demasiado”, por lo que, en su experiencia, “uno prefiere caminar que esperar el MÍO porque al final es lo mismo”. 

Melanie también menciona que conoce casos de estudiantes que recorren distancias extensas a pie, como desde Cachipay hasta San Martín, un trayecto que puede tomar cerca de una hora caminando. Esta decisión no responde únicamente a una preferencia personal, sino a una percepción compartida de que el tiempo de espera no compensa el uso del sistema. 

A esta realidad se suma el testimonio de Gabriela Tovar, estudiante universitaria que ha reorganizado completamente su rutina de desplazamiento. “Normalmente me dirijo a la universidad caminando, y el trayecto me toma aproximadamente 26 minutos”, explica. Aunque podría utilizar el transporte público, considera que el proceso es más largo y poco práctico. 

“Si tomara el transporte público, primero tendría que caminar hasta la parada, luego esperar el bus, dirigirme a la estación y después trasladarme hasta la estación cercana a la universidad”, detalla. Para ella, ese encadenamiento de tiempos convierte el recorrido en una opción menos eficiente. “Todo ese proceso implica varios minutos adicionales que me ahorro caminando”. 

Gabriela concluye que, en términos prácticos, el sistema no representa una ventaja en su caso: “Para cuando llegara desde la estación hasta la entrada de la universidad y luego hasta el salón, probablemente ya habría llegado mucho antes si hubiera ido caminando”. 

En situaciones excepcionales, cuando se le hace tarde o surge algún imprevisto, opta por una alternativa distinta: “en algunas ocasiones excepcionales me dirijo en didi moto”, un trayecto que le toma “alrededor de 17 minutos en total”. 

Los testimonios evidencian una tendencia clara: cuando el transporte público no garantiza tiempos predecibles, caminar deja de ser una alternativa secundaria y se convierte, para muchos estudiantes, en la opción más eficiente y confiable. 

Bloqueos estudiantiles y desvíos: el efecto dominó en la operación 

Desde la mirada institucional en estación, Clarenas Sepúlveda, orientadora del sistema, reconoce que uno de los factores que más impacta la operación de los buses son los bloqueos, particularmente en el entorno de la Universidad del Valle. 

Cuando se presentan estas situaciones, las rutas deben modificar su recorrido o suspender temporalmente el servicio en ciertas estaciones, lo que genera represamientos y retrasos acumulados. “Se presenta la congestión y de ahí viene la molestia del usuario”, explica, al describir cómo la alteración en un punto específico termina afectando tiempos de llegada en distintos sectores de la ciudad. 

En esos momentos, su labor consiste en informar sobre los cambios operativos: “orientamos al usuario qué desvío va a haber, qué rutas van a seguir operando, cuáles se van a cancelar”. Los bloqueos no solo interrumpen el tránsito de los buses, sino que obligan a extender recorridos y alterar frecuencias, lo que incrementa los tiempos de espera en estaciones como Universidades generando acumulación de pasajeros en las estaciones. 

Clarenas subraya el límite de su función dentro del sistema: “nuestra función solo es informar”, ante emergencias médicas o situaciones críticas, el procedimiento es reportar y dar aviso a las autoridades correspondientes, mientras mantienen a los usuarios actualizados. 

Los testimonios recogidos en las estaciones del transporte público MIO permiten identificar un fenómeno estructural más amplio: los bloqueos en el entorno universitario alteran la operación regular del sistema, generan desvíos y retrasos acumulados, y estos a su vez, incrementan la congestión en plataformas y vehículos. La congestión prolongada no solo impacta los tiempos de llegada, sino que eleva los niveles de tensión entre usuarios, creando un ambiente propicio para conflictos, empujones y situaciones de riesgo.  

Paralelamente, la percepción de inseguridad alimentada por denuncias de hurtos y episodios violentos y la sensación de ineficiencia, reflejada en esperas de hasta una hora, terminan afectando la confianza en el servicio. Así, bloqueos, demoras, aglomeración y problemas de seguridad no aparecen como hechos aislados, sino como manifestaciones interconectadas de un sistema que enfrenta presiones operativas y sociales que trascienden la experiencia individual de cada usuario. 

  

El enfoque en la percepción de inseguridad es clave, ya que demuestra que no basta con reducir cifras delictivas; la confianza del usuario es igual de importante para evaluar el funcionamiento del sistema.

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El impacto real del aumento del pasaje en Cali, Candelaria y Yumbo

El impacto real del aumento del pasaje en Cali, Candelaria y Yumbo

Las nuevas tarifas del transporte intermunicipal entre Cali, Candelaria, Yumbo y Palmira dispararon el gasto mensual de los usuarios

Por:Laura Nicole Aparicio Escobar y María Camila Culma Beitia

Facultad de Humanidades y Artes

En algunos casos por encima del auxilio legal de transporte. Aunque las empresas atribuyen el incremento al aumento de costos operativos, trabajadores y estudiantes denuncian afectaciones directas a su economía y cuestionan la falta de socialización y sustento público del alza. 

 

El aumento del pasaje ha generado una presión económica importante en trabajadores y estudiantes que dependen del transporte a diario.

El incremento en las tarifas del transporte intermunicipal durante el periodo 2026 llevo a que la ciudadanía expresara su inconformidad frente al alza del pasaje. A partir del aumento, surgieron manifestaciones y reclamos públicos que intensificaron el debate entre empresas, autoridades y comunidades. 

Durante enero y febrero de 2026 se registraron bloqueos intermitentes en la doble calzada Candelaria–Cali, especialmente en sectores como Poblado Campestre. El subcomandante de la Policía, Jesús Ruiz, confirmó: “Durante enero y febrero de 2026, habitantes de sectores como Poblado Campestre han realizado bloqueos intermitentes en la doble calzada Candelaria-Cali. Las exigencias principales son la reducción del pasaje, que subió repentinamente hasta $800 o más en algunos trayectos cortos, y mejoras en la seguridad vial”. 

Las manifestaciones surgieron tras incrementos que, según líderes políticos, oscilaron entre el 20 % y el 30 %, superando el comportamiento del IPC del año 2025. Un ejemplo concreto es la ruta Cali–Palmira, donde la tarifa pasó de $7.700 en 2025 a $9.500 en 2026, lo que representa un incremento del 23.3%. 

De acuerdo con resoluciones oficiales de las empresas Sultana, Coodetrans y transporte intermunicipal de Yumbo para el periodo 2026, las tarifas actuales por trayecto se ubican en un rango que va aproximadamente desde los $2.900 en recorridos internos como el de Yumbo, hasta los $9.500 en rutas de mayor distancia como Cali–Palmira. En trayectos intermedios, los valores oscilan entre $4.900 y $8.000, dependiendo del destino. 

Esto significa que un usuario que realiza dos viajes diarios durante 24 días laborales puede estar asumiendo gastos mensuales que van desde $139.200 en rutas cortas, hasta $456.000 en trayectos más largos como Cali–Palmira.

El auxilio de transporte legal para 2026 es de $249.095. En la ruta Cali–Palmira, el trabajador debe asumir $206.905 adicionales de su salario, ya que el auxilio cubre aproximadamente el 54 % del gasto real. Esta diferencia económica ha sido uno de los principales detonantes del inconformismo ciudadano. 

Óscar David Cometa usuario recurrente cuestionó el valor del pasaje de $5.200 en algunos trayectos: “Si uno hace un análisis del mes, estaría gastando alrededor de 300.000 pesos ida y vuelta. Ganándose un mínimo y pagando arriendo, servicios y alimentación, no es justo”. 

En la misma línea, Natalia Santizábal estudiante universitaria que reside en yumbo, explicó que su gasto semanal pasó de $50.000 a entre $110.000 y $120.000. También señaló deficiencias en la calidad del servicio en la ruta Cali–Yumbo, mencionando retrasos, congestión y demoras de hasta media hora. Como estudiante manifestó: “Los trabajadores reciben auxilio de transporte, pero los estudiantes no”. 

Desde el ámbito institucional, el concejal de Candelaria, Alfredo Cadena, explicó que presentó derechos de petición a Coodetrans, Sultana del Valle y Líneas del Valle, de las cuales solo dos respondieron. “Estamos en contra de ese aumento injustificado que fue cerca del 20 al 30 por ciento por encima de lo que subió el IPC cerrando en el año 2025”. 

Indicó que las respuestas fueron enviadas a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte para su análisis y eventual investigación. También señaló que las empresas no compartieron el estudio técnico que justificó el incremento: “Manifestaron que no podían compartir la revisión técnica del estudio porque eran documentos clasificados de la empresa” 

Sobre el rol de la Alcaldía, explicó que actúa como ente mediador, ya que no tiene competencia directa para regular tarifas del transporte intermunicipal al no existir una empresa pública que compita en ese mercado. 

Por su parte, Guillermo Pantoja, representante del sector transporte, sostuvo que el aumento responde al incremento de costos operativos: “Todo lo que es la canasta de transporte subió excesivamente, con la subida del dólar, ha subido un 25, un 30 %. Nosotros estamos trabajando casi a pérdida”. 

Señaló aumentos en tasas de uso de terminal, peajes, llantas y repuestos. Frente a la inconformidad ciudadana afirmó: “El usuario debe entender que el transporte ya no es un negocio, nosotros estamos trabajando casi a pérdida”. 

Indicó además que después del aumento no disminuyó el número de pasajeros, no hubo cambios en rutas ni frecuencias y que los subsidios aplican únicamente para estudiantes. 

La agente de tránsito Maryuri Rodríguez del municipio de Candelaria Valle del Cauca informó que la alcaldesa de Candelaria Jessica Caballero sostuvo reuniones con los directivos del transporte público para abordar la situación.

 

Indicó que actualmente operan un grupo pedagógico y agentes de tránsito, y que podría requerirse mayor personal ante el crecimiento poblacional. 

El líder comunitario Diego Calderón aseguró: “Después de la protesta no hubo ningún cambio significativo. Sigue igual sin novedades”. 

Añadió que las respuestas recibidas evidencian que las empresas tienen autonomía para fijar incrementos y que el caso continúa en investigación ante la Superintendencia de Transporte. 

El aumento del pasaje durante la vigencia 2026 expuso una tensión estructural entre los costos operativos del sector transportador y la capacidad de pago de los usuarios. Las cifras oficiales muestran incrementos significativos y gastos mensuales que superan el auxilio legal, mientras las empresas argumentan presiones económicas y las autoridades cumplen un rol de mediación sin facultad regulatoria directa. 

Aunque las protestas lograron visibilizar el inconformismo ciudadano, no se han registrado modificaciones sustanciales en las tarifas ni en la divulgación de los estudios técnicos que justifican el alza. El debate permanece abierto entre sostenibilidad empresarial, regulación estatal y equidad para quienes dependen diariamente del transporte intermunicipal en el área metropolitana de Cali.

La falta de socialización del incremento ha incrementado el malestar ciudadano y la desconfianza hacia las empresas transportadoras.

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