El precio de ser líder
social en Colombia

Por: Kelly Giraldo, Angie Quintana y Natalia Cortázar.

Facultad de Humanidades y Artes

Reunión del Cabildo Indígena en Florida, Valle, para fortalecer los procesos juveniles en favor de la paz. 

En Colombia, los líderes sociales enfrentan una grave crisis de derechos humanos, marcada por amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados. A pesar de la existencia de políticas públicas, la impunidad y la influencia de grupos armados mantienen un clima de temor persistente.  

Esta violencia, arraigada en conflictos históricos y disputas por el control territorial, impulsa a los líderes a buscar protección en un entorno cada vez más desafiante, donde alzar la voz se ha convertido en un acto de valentía que puede costarles la vida.  

“En este país hay un problema, cuando usted defiende sus derechos, consigue enemigos; pero cuando defiende los derechos de otros, termina con una lápida en la espalda”, expresó el líder Joséh Escobar. 

Según un informe publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en los primeros siete meses de 2024 se han registrado 115 asesinatos de líderes sociales en distintos departamentos de Colombia. Cada reporte sugiere un panorama complejo que se agrava con el paso de los días, las cifras siguen aumentando mientras se omiten miles de historias que reflejan el temor, la resistencia y las consecuencias de defender los derechos de las comunidades. 

Raquel Martínez, una líder social que trabaja incansablemente por su comunidad en Florida, Valle, sabe bien lo que significa vivir con miedo; sin embargo, la determinación la llevó a reforzar la guardia para luchar contra grupos que pretendían apoderarse y disponer de los recursos de sus territorios. A pesar de los avances y mejoras que promovió, no anticipó que esto la pondría en el ojo del huracán. 

“Aquí, todos los líderes sociales han recibido amenazas, incluyéndome. No faltan los panfletos que circulan públicamente para sembrar incertidumbre, aunque al principio se creyó que no pasarían de ser advertencias”, explica. Una tarde, Martínez fue interceptada en su camioneta por hombres armados que amarraron y amenazaron a sus guardias, mientras le prendían fuego al vehículo. “Afortunadamente, ella logró escapar, pero ahora no puede regresar a nuestras tierras, pues está sentenciada a muerte”, contó Julio Lulico, gobernador del resguardo Triunfo Cristal Páez. 

Bastón de mando: símbolo de autoridad, respeto y liderazgo cultural.

Seguridad y autonomía comunitaria 

Los guardias indígenas brindan protección física y seguridad a los líderes sociales en sus comunidades, tiene una gran fuerza espiritual, respetan las tradiciones y costumbres, permitiéndoles entender mejor las necesidades de los defensores de derechos humanos; por otro lado, los guardias indígenas son quienes mejor conocen el territorio para poder prevenir posibles amenazas, ataques o riesgos. 

“Cada coordinador tiene un rol diferente qué cumplir, se les asigna las tareas, nos encontramos en un mandato y nos basamos en él, nosotros somos muy fuertes espiritualmente y con el bastón nos hacemos respetar. Como dice el dicho, cogen a uno y nos tienen que coger a todos”, precisó el guardia indígena Luis Elio Mestizo Casamachín.  

En las zonas rurales, tanto las comunidades como los líderes sociales son particularmente vulnerables, debido al limitado acceso a servicios de seguridad y protección. Además, su baja visibilidad los hace aún más susceptibles a los ataques. La falta de control en estos territorios permite que los actos inhumanos queden impunes. 

“Hemos recibido varias amenazas, tanto los líderes como la propia guardia. También hemos sufrido atentados contra los coordinadores, y por eso nos mantenemos siempre en alerta. La guardia está activa, lista para reaccionar cuando sea necesario, ya que hay muchas dinámicas que debemos atender”, agregó Mestizo Casamachín. 

Ante esta situación, las comunidades han desarrollado sus propias estrategias de protección. Un ejemplo es el Resguardo Triunfo Cristal Páez, en Florida, donde las políticas prohíben el uso de armas, pero la guardia indígena debe mantenerse en óptimas condiciones físicas, preparada para intervenir mediante el diálogo o, si la situación lo demanda, arriesgando sus vidas en defensa del territorio. 

Entrevista a un coordinador de la guardia indígena, quien oculta su rostro por seguridad. 

Sin garantías  

“El hecho de que los líderes sociales sean perseguidos es un síntoma, pero la enfermedad es el hecho de que el Estado no tiene control en los territorios”, afirmó la politóloga y docente Carolina Ardila. 

Según ella, la protección de estos defensores de derechos humanos se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el Estado. A pesar de los esfuerzos por implementar medidas de protección, la realidad en los territorios rurales demuestra que los esfuerzos no son suficientes para frenar la problemática. “Es muy difícil proteger a una persona en un espacio donde el Estado no tiene el control total del poder o del ejercicio de la fuerza. Por eso, en Colombia no se puede pensar en una solución al problema de los líderes sociales si no se busca una estructura en la cual el Estado participe, coordine y controle estos espacios, que actualmente están dominados por grupos armados”, añadió Ardila. 

La dificultad para proteger a los líderes sociales radica en varios factores. En primer lugar, muchas de las zonas donde operan están bajo el control de grupos armados ilegales, narcotraficantes o bandas criminales, mientras que la presencia estatal es limitada o prácticamente inexistente. Estas regiones rurales carecen de infraestructura y de servicios de seguridad adecuados, lo que deja a los líderes expuestos a represalias sin una protección efectiva. Además, la impunidad reinante contribuye a perpetuar la violencia, ya que la mayoría de los ataques no se investigan y los culpables no son castigados, lo que facilita que los grupos armados sigan actuando con total impunidad. 

Pérdida Irreparable 

Andrés Ramos, un adulto mayor de la zona rural de Florida, relató: “He recibido amenazas desde que fui gobernador. Primero por las FARC, quienes intentaron asesinarme en septiembre de 2009. Me pegaron 3 tiros y me tocó desplazarme de Florida. Estuve fuera durante 10 años, hasta que el proceso de paz me permitió regresar a mi hogar. Hemos perdido a 30 líderes, empezando por Eliodoro Ramos, un gobernador muy talentoso en la organización, quien fue asesinado por los paramilitares junto con José María Pinzón”. 

El territorio de Florida, Valle, así como muchos en el país, se ha visto afectado por esta problemática; la pérdida de líderes sociales deja un gran vacío de liderazgo dentro de la comunidad, lo que incide negativamente en la toma de decisiones y la implementación de proyectos sociales para el desarrollo.  

Esta situación no solo genera miedo, sino que también fragmenta el tejido social afectando la seguridad, la educación, la libertad y otros derechos fundamentales.  Las comunidades, que dependen de sus líderes para guiar la resistencia y el progreso, quedan expuestas a la desorganización y al abandono. A medida que las voces de los líderes son silenciadas, las perspectivas de desarrollo se desvanecen, profundizando la crisis en estas regiones del país.  

Hemos recibido varias amenazas, tanto los líderes como la propia guardia. También hemos sufrido atentados contra los coordinadores, y por eso nos mantenemos siempre en alerta. La guardia está activa, lista para reaccionar cuando sea necesario, ya que hay muchas dinámicas que debemos atender”, agregó Mestizo Casamachín. 

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