Impunidad contra la Justicia

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Cerramos esta serie con el análisis del profesor de la Universidad Nacional, historiador, doctor en sociología y autor de numerosos libros y artículos académicos sobre la violencia en Colombia, Carlos Miguel Ortiz, que www.utopicos.com.co extrajo de su intervención en el Congreso Nacional de Historia, recientemente realizado en Bogotá (versión editada por Olga Behar).

Por: Olga Behar 

Directora www.utopicos.com.co

No voy a hablar del centenar de víctimas de esas 27 horas. Recientemente, he desarrollado mi análisis centrado solamente las víctimas de los desaparecidos, con un profundo respeto hacia esas 13 víctimas y una gran admiración por esa lucha titánica, por ya 30 años, que están librando los familiares, que todavía esperan la entrega y recuperación de los cadáveres, sin que el Estado responda hasta hoy a esa angustia, de no poder hacer el duelo como lo pudieron hacer con el resto de cadáveres de ese centenar de víctimas.

¿Hubo o no hubo un golpe de Estado, como lo ha planteado la periodista y escritora Olga Behar? Yo no voy a entrar en la controversia en este momento, pero pese a lo insólito de esa falta de control del presidente en esa época, quiero recordar que de todos modos desde años atrás venía habiendo un empoderamiento demasiado grande de los militares.

No es que ese día, como cosa rara, los militares tuvieran el control; justamente se relaciona con inscribir esos hechos en un proceso histórico, mirar la correlación de fuerzas que lo antecede. Primero, estábamos en la anterior Constitución, la de 1886, que en su artículo 121 estableció el Estado de Sitio, que dio lugar a que se pusiera en paréntesis todo el resto de la Constitución, todas las garantías, el equilibrio de los tres poderes, todo lo clásico de la tradición francesa en las democracias. Se ponían en paréntesis por arte de magia.

La Comisión de la Verdad que rindió informe en el 2010 sobre estos hechos, al hablar del contexto, explicó cómo antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán se había utilizado el estado de sitio. Pero, desde 1948 hasta la Constitución del 91 se volvió rutinario y esquemático el Estado de Sitio. La justicia penal militar se encargaba de juzgar a civiles cuando eran ‘sospechosos’ -que se refería a tener relación con grupos armados- y los delitos que no tenían que ver con combate, como que alguien se disfrazara de civil y desapareciera a otro. Cuando se trataba de militares y policías, podían ser conocidos y juzgados por la justicia penal militar, cuando organismos como la corte insistían en que esos delitos no podían procesarse por los mismos militares, eso era un absurdo absoluto y se dio gracias al Estado de Sitio.

A finales del 77, hubo una presión de los militares muy fuerte: presentaron un proyecto que era el germen del futuro Estatuto de Seguridad, que el Presidente Alfonso López Michelsen no firmó. Entonces, se lo pasaron al presidente siguiente Turbay Ayala, que sí lo firmó. Fue el decreto 193 del 5 de septiembre de 1978, el Estatuto de Seguridad, que reunía todas estas joyas que acabo de mencionar. De esa manera, se hicieron muchísimas detenciones a los que se veían sospechosos de nexos con el M-19, a raíz del robo de 5.700 armas del Cantón Norte (en la noche de año nuevo).

El mismo primero de enero de 1979, empezó una cacería de brujas tremenda a la sombra de este decreto; 3.043 personas fueron detenidas de esta forma a partir de ese día. Incluso, los miembros del gabinete ni siquiera pudieron ir al consejo de ministros porque estaban en vacaciones, y el consejo fue el 10 de enero, o sea que durante esos 10 días detuvieron a muchísimos de ellos y luego hicieron la legalización por parte del consejo de ministros.

Los militares, empoderados en el sector judicial como si fueran jueces, dejaron por el suelo la división de los tres poderes, clásica de la tradición francesa. Desde el 79 todo no solo se daba esto, también una pelea muy dura por parte de la insurgencia. El M-19 entre agosto de 1984 y junio del 1985, cuando se rompió la tregua, estaba en tregua pero hacia ataques y en algunos de esos campamentos, no solo estuvieron conversando de paz. Fueron tremendos los ataques del otro lado en pleno proceso de paz, como contra el campamento de Yarumales, después del atentado en Cali, en una la cafetería, donde perdió una pierna Antonio Navarro Wolff.

Era una tregua armada de lado y lado, y era muy tensionante, porque además, el gobierno se vio un poco arrinconado -desde Turbay- por el apoyo popular hacia la guerrilla, que crecía. Muchas acciones del M-19 hicieron crecer el apoyo popular; la revista Semana hablaba de que el 75% de la gente quería que se hiciera un diálogo que se fuera por las formulaciones de paz y no solo por pacificación a la fuerza ,que era el planteamiento de Turbay, presionado por los militares.

Esta presión es muy importante tenerla en cuenta porque ellos ya tenían mucho control desde el gobierno de Turbay Ayala y continuaron con ese referente en el gobierno de Belisario. Entonces se daba un problema, porque Belisario tenía la intención de cambiar en 180 grados la política de Turbay, de pacificación a la fuerza, pero los militares no entraban en eso y en una entrevista que le hizo la Comisión de la Verdad a Betancur él dijo: Me faltó pedagogía, porque yo quise llegar de una vez a imponerles ese cambio a los militares y ellos me lo rechazaron totalmente y por debajo de cuerda me sabotearon lo que yo estaba haciendo.

Incluso lo hacían públicamente; el general Fernando Landazábal Reyes dio declaraciones (a la periodista Margarita Vidal, que fueron publicadas por la revista Cromos) y el presidente lo destituyó en enero de 1984. Posteriormente, el General Miguel Vega Uribe llegó a ese ministerio.

La frase “salvamos la democracia, maestro” es ya clásica, la dijo a los periodistas el coronel Luis Alfonso Plazas Vega (durante el operativo de retoma del Palacio, el 6 de noviembre). Recibió la sentencia condenatoria de la juez tercera penal de Bogotá, a 30 años de prisión, por desaparición forzada que él, obviamente, no ha querido aceptar. Después fue al Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la sentencia, y la llevó a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento todavía no se ha pronunciado.

Después de los hechos del Palacio de Justicia hemos sido testigos de cómo en el proceso de la justicia sobre esos hechos se siguió dando esa presión tan tremenda de los militares, lo que dificultaba que se lograra efectivamente justicia y la dificultad persiste hasta el día de hoy. Los procesos los ha tomado la justicia penal militar paralelamente a la justicia ordinaria, tratando de suplantar sus atribuciones.

Y hasta ahora, la justicia penal militar no ha condenado a uno solo; la ordinaria sí. Entonces se presenta un conflicto de intereses que, además, el Estado no sabe manejar. La presión de los militares ha sido muy fuerte en el proceso de justicia, a lo que yo me refiero es a la dimensión de esa desaparición forzada. Esto es de conocimiento público porque ya están las sentencias, tanto de la juez tercera penal como de la 51, como del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó las sentencias anteriores en 2012 y como la Comisión de la Verdad, en su informe del 2010. E inclusive en el Consejo de Estado, con sentencias de 1994 y de 1997, hay una abundante jurisprudencia que aporta al problema tremendo de la desaparición de estas personas, pero que todavía dejan una cantidad de vacíos y desamparadas a las familias de los 13 desaparecidos.

Salvo dos casos, no entregan los cadáveres y eso porque quienes saben en dónde están no quieren hablar, porque continúan pataleando en sus recursos hasta lograr que los declaren inocentes, y si llegan a decir donde están, obviamente se auto declararían culpables.

Esa es la terrible tragedia de los familiares, vamos a ver si con la justicia transicional de la que se habla, que cobijará a los militares que digan la verdad, estos quiebran ese orgullo y ese espíritu de cuerpo -en el que los unos están tapando a los otros- y logran por fin los familiares, o algunos de ellos, que les digan dónde están los cadáveres, que es su principal angustia.

En el inicio del proceso, las desapariciones forzadas que se conocieron fueron de 12 personas, pero después se sumó la desaparición forzada con ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, de nacionalidad uruguaya, esposo de nuestra colega de historia, Ana María Bidegaín, sobre el cual posiblemente recayeron no se sabe todavía qué tipo de torturas y una ejecución extraña, porque aparece con un tiro de gracia muy cerquita del cuerpo, pero lo hacen aparecer como víctima sumaria entre los incinerados o muertos a bala, con unos cambios en la posición misma del cadáver que incluso Medicina Legal, en su acta, dijo que estaba en una posición que no correspondía a los impactos que él tenia.

Es decir, que hay muchas pruebas de que hubo ejecución extrajudicial, pero ese cadáver lo lograron encontrar rápido porque fue hallado en la morgue y precisamente estaba en la sección de guerrilleros, a pesar de que él era magistrado del Consejo de Estado. Todo eso hace pensar que lo tuvieron como sospechoso para sacarle información, pensando en que, al ser uruguayo, dado que el M1-9 había tenido en sus inicios unos contactos con los tupamaros, antes de surgir como organización a raíz del fraude de las elecciones de Rojas Pinilla y Pastrana, que es cuando se conoce oficialmente el M-19.

Pero a Carlos Horacio Urán, que era de unos grupos de teología de la liberación, lo mismo que Ana María, los militares lo relacionaban –equivocadamente- con esos antecedentes, lo que posiblemente explique por qué estaba en la sesión de los guerrilleros.

Todas las evidencias que conoce después la Fiscalía, que terminan en las sentencias de las jueces tercera y 51, son por desaparición forzada de estas 13 personas y por torturas a tres que sobrevivieron pues, para el momento de los fallos judiciales, de esos desaparecidos solo se recuperaron el cadáver de Urán, ahí mismo en la morgue, y 16 años después, en 2001, el cadáver de Ana Rosa Castiblanco ,que era asistente de cocina de la cafetería, que se encontró en una fosa común del Cementerio del Sur.
Entre los que quedan pendientes, está el de la guerrillera Irma Franco.

Es la única persona que desde el principio, por pruebas, incluso en los mismos tribunales militares han tenido que decir que fue desaparecida, pero respecto a los otros, siempre han negado la desaparición forzada. Elloseran 3 visitantes y 7 empleados de la cafetería, personas inocentes, que no eran cuadros del M-19 y sin embargo parecen que fueron torturadas, lo que explica la desaparición forzada por sospecha, porque ese día, de las casi 400 personas que había, 94 murieron.

Entre quienes estaban en el Palacio, murieron 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los 35 guerrilleros (25 hombres y 10 mujeres) solos se sabe con certeza de dos mujeres, Clara Elena Enciso, que apareció viva y la otra, Irma Franco, de quien siempre se ha reconocido que fue desaparecida.

Ese día, los que salían pasaban a la Casa de Florero y de allí a locaciones militares como la Escuela de Caballería; esta estuvo encargada de sacar información, además que unos 15 días antes, el M-19 había hecho un atentado en el que salió herido el comandante del ejército, el general Rafael Samudio Molina. Entonces, estaba todo enfocado contra ellos, a sacar la máxima información posible y a obtenerla mediante tortura, algo que tampoco es insólito, que venía dándose como una práctica sistemática para obtener información, ante la precariedad de la Inteligencia, que era mucho más débil que hoy, que está dotada de avances informáticos. Por eso, esa falencia se reemplazaba muchas veces por la técnica de la tortura

Ese fue el papel de la Escuela de Caballería y del coronel Plazas Vega, como su director, porque hubo testigos que declararon, como un suboficial, Bernardo Garzón y el cabo Edgar Villamizar Espinel, quienes se retractaron 15 años después, pero los jueces, muy sabiamente, dijeron: no, esa es la declaración que tomamos, la que fue hecha en caliente; en la retractada se nota que fue manejada después, posiblemente por estos personajes del ejército.

En ultimas, las condenas fundamentalmente fueron apenas dos de la justicia ordinaria; la justicia penal militar dijo quehabía una sola desaparición y tortura, pero el argumento fue que no había pruebas contra nadie específicamente; por lo tanto, determinaron cesación de procedimiento contra el jefe de la operación de Inteligencia en la Casa del Florero, coronel Edilberto Sánchez Rubiano, que hasta el día de hoy está libre porque la justicia ordinaria tampoco lo ha condenado.

La otra condena de la justicia ordinaria fue contra el comandante de la retoma, el general Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años (confirmada ya por la Corte Suprema de Justicia), y al coronel Plazas Vega a 30 años (actualmente en casación en la Corte). El día que condenaron al coronel Plazas, el propio comandante del ejército, Alejandro Navas, se pronunció públicamente en contra de una declaración de un juez que tiene que ser respetada por todos los miembros del Estado, y dijo, a nombre de las Fuerzas Militares “el coronel Plazas es nuestro héroe”, él no es ningún culpable, es nuestro héroe”, es increíble que haya dado esa declaración pública por los medios de comunicación.

Finalmente, y con el objetivo de que el público pueda profundizar sobre los diversos elementos, hay algunos documentos. En principal es el informe de la Comisión de la Verdad que fue integrada por la Corte Suprema de Justicia, avalado por las altas cortes en Colombia. Ese es un informe muy importante, que llega hasta un punto, tiene temas de interpretación o de hechos que aún están pendientes; uno de ellos, el relacionado con la desaparición forzada en Palacio y un pronunciamiento más firme frente al hecho de las desapariciones. Pero es un documento central y es el referente más importante. En él hay algo que no está en discusión, la responsabilidad del M-19, cuál era la intencionalidad de esta organización y cuáles fueron las dinámicas de sus desaciertos. Sobre eso hay especulaciones e interpretaciones, algunos califican que fue una acción mercenaria, financiada por el narcotráfico para la destrucción de unos expedientes.

Desde adentro del M-19, se han encontrado dos aproximaciones, unos dicen que hubo un error técnico y que a si ese búnker del Palacio de Justicia hubieran entrado con todo el armamento, el ejército no hubiera ingresado y se hubiera dado la negociación y evitado el holocausto. Otra interpretación es que hubo una falla de diseño político, un planteamiento político desmesurado, completamente innegociable, que no podría tener ningún otro desenlace que el trágico. El hecho cierto es que este desacierto ocasionado por el M-19 no solo tuvo repercusiones dolorosas en el Palacio sino también efectos muy graves en la historia siguiente en el país.

Por otro lado, se arguye que la retoma fue una operación planeada, consentida, que fue retirada la guardia, la vigilancia policial y todo tipo de custodia del Palacio para permitir la entrada del M-19. Por eso, los tanques llegaron desde el Cantón Norte como en un cuarto de hora, y en esa lógica fue que se desarrolló la gran tragedia, porque hubo una determinación política militar.

Otras razones que se argumentan proponen que era una retaliación por las afrentas del M-19 a las Fuerzas Armadas, por acciones como el robo de las armas en el Cantón Norte, pero el hecho cierto y contundente es que hubo una planeación sistemática de la operación de retoma, el M-19 fue descubierto totalmente y fue ‘ayudado’ a que se tomara el Palacio de Justicia. Eso concluye la Comisión de la Verdad.

Además, la Comisión contrasta el tratamiento de la toma del M-19, la de la Embajada Dominicana y la del Palacio de Justicia. Siendo Turbay el presidente de la fuerza, hubo un cuidado enorme y un control directo del jefe del Estado para la protección de los rehenes, porque eran diplomáticos de distintos países.

En cambio, en la segunda no importaron para nada los rehenes, habiendo entre ellos integrantes de las altas Cortes. La Comisión de la Verdad se atreve a decir que los militares querían cobrarles también a los jueces sus posiciones, porque el propio presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, siempre fue muy claro en sus tesis contra esta interpretación del artículo 121, de que los militares podían juzgar a civiles, porque había unas condenas del Consejo de Estado respecto a casos específicos y porque había pronunciamientos de jueces latinoamericanos sobre desapariciones anteriores. Desde el 82 también se había dado la desaparición de 13 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes, por un crimen que se atribuyó al Movimiento Autodefensa Obrera; también en el 84 la desaparición forzada de Luis Eduardo Lalinde, del EPL, en Antioquia. Entonces los jueces empezaban a denunciar y la Comisión de la Verdad anota que había un resentimiento de los militares frente al poder judicial.

Sobre la responsabilidad de los más altos representantes del gobierno, en el 86, el procurador Carlos Jiménez Gómez denunció al Presidente Betancur y al ministro de defensa Vega Uribe, ante su juez natural, la Comisión de Acusaciones, que los absolvió, argumentando que el presidente no ordenó las desapariciones ni la retoma siquiera. Por eso, 30 años después, no hay una sola sentencia ejecutoriada.