mientras algunos funcionarios la defienden como un derecho laboral, parte de la ciudadanía cuestiona el momento y las prioridades, en medio de preocupaciones por seguridad e infraestructura. 

El uso de datos concretos aporta transparencia y evita caer en opiniones sin fundamento

En 2025, el Municipio de Puerto Tejada contrató una actividad de bienestar para funcionarios mediante el Contrato No. CTO-108-2025 (modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía, SAMC-005-2025). Según ese documento, la ejecución debía realizarse en un plazo de dos (02) meses y, en todo caso, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025. Aunque la actividad se planteó como bienestar laboral, hoy el tema sigue apareciendo en conversaciones locales porque se cruza con preocupaciones por seguridad, obras pendientes y confianza en el manejo de recursos públicos. 

En el contrato se establece la contratación de 104 unidades (UND: Paquete, CANT: 104) para un “paquete turístico a San Andrés”. El valor total del contrato es de $262.715.960, señalado como “incluido el IVA y todos los tributos”. Con esos datos, se puede calcular un valor aproximado por participante: si se divide el total entre 104, el resultado es $2.526.115 por persona, entendiendo que se trata de un paquete integral y no de un desglose por servicios. 

El documento describe el paquete como “todo incluido” e indica que comprende tiquetes aéreos ida y regreso, traslados (incluido Puerto Tejada – aeropuerto de Palmira y viceversa), alojamiento 4 noches 3 días, y alimentación (desayuno, almuerzo y cena), además de actividades como Johnny Cay, acuario y vuelta a la isla, junto con impuestos, asistencia y póliza médica. También fija condiciones: alimentación tipo buffet y que ofrezca “Bar abierto y Snacks saludables”, y hoteles ubicados “de 10 a 5 minutos de la playa”. 

Desde la mirada institucional, el bienestar se presenta como un derecho y como una forma de fortalecer condiciones de trabajo. María Débora Balanta, contadora del IMDER, lo explicó así: “¿Qué es el bienestar social? Es algo que por ley y derecho tenemos los empleados públicos para que en el año se nos hagan una serie de actividades… para fortalecer al empleado”. También afirmó: “Es totalmente legal, no es algo fuera de contexto… eso viene desde la ley y está contemplado”. 

En lo presupuestal, el contrato relaciona el gasto con el rubro de bienestar y salud ocupacional y registra un CDP 180 del 06/03/2025 por $262.760.000. En la forma de pago se pacta un anticipo del 50% y el 50% restante una vez finalice el contrato y sea recibido a satisfacción por parte del supervisor, junto con los soportes exigidos al contratista. 

Para entender por qué este tipo de actividades aparecen en entidades públicas, el Plan de Bienestar 2026 explica que el bienestar hace parte de la gestión de talento humano y menciona como base normas como el Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015. El plan también incluye una consulta interna sobre preferencias de bienestar: “Otras Actividades” registra 20 menciones, actividades deportivas 16, paseos 8, actividades familiares 7, educación o capacitación 2, y 13 personas no respondieron.  

Ese dato no define si una salida específica era la mejor opción, pero sí muestra que dentro de la entidad las actividades recreativas aparecen como posibilidad. 

Einer Mulato, funcionario de la Alcaldía, describió la finalidad en términos internos: “El objetivo de la salida era un bienestar institucional. Se buscaba unir los equipos de trabajo… y mejorar los climas laborales”. Sobre la operación diaria, sostuvo: “No interrumpimos las labores para que con el público no hubiera como un corto”, y señaló que, según su versión, hubo espacios que ayudaron a fortalecer el trabajo en equipo. 

Del lado ciudadano, varias respuestas se enfocan menos en la existencia del bienestar y más en lo que se ve en la práctica. Cristian Andrés Tenorio, habitante del municipio, dijo: “La atención no ha mejorado de forma significativa… su actitud sigue siendo igual hacia la comunidad”. Y agregó: “El paseo creo que fue más por temas de diversión y no para temas de seguridad y salud como ellos especifican”.  

Rubén Valencia, tramitador, afirmó que entiende el bienestar, pero puso la prioridad en obras: “Una obra que resalte para el municipio”, y añadió: “Tiene el presupuesto para eso, pero hay cosas más importantes para realizar, como pavimentar una calle… alcantarillado en ciertos barrios”. 

Luz Aida Viva Rodríguez, visitante frecuente a la entidad pública, comparó la situación con necesidades que considera urgentes: “La alcaldía está en muy mal estado, tanto por dentro como por fuera”. Al hablar de inseguridad, dijo: “Hay más necesidades en el pueblo, por lo menos tratar la inseguridad, guerras entre pandillas”, refiriéndose a un hecho de violencia ocurrido el día anterior a su declaración.  

En el mismo sentido, Olga Lucía Viafara Balanta, lideresa y exconcejal, señaló: “A pesar de que la ley… sí permite… actividades recreativas… en el municipio en estos momentos estamos viviendo una ola de violencia, de inseguridad”, y remarcó: “No estamos en contra… pero sí… hay prioridades más importantes”. 

DOCUMENTOS Y HECHOS QUE SÍ QUEDAN SOPORTADOS 

Con los documentos revisados, se pueden afirmar sin suposiciones tres datos centrales: el contrato establece 104 paquetes, un valor total de $262.715.960 (con IVA y tributos incluidos) y un paquete que incluye tiquetes, traslados, alojamiento, alimentación y tours. También queda soportado el uso del rubro de bienestar y salud ocupacional y la forma de pago pactada (50% anticipo y 50% al finalizar con recibo a satisfacción). 

A partir del valor total y la cantidad, se obtiene un cálculo directo: $262.715.960 ÷ 104 = $2.526.115 por participante. En cambio, el contrato no separa cuánto corresponde al tiquete, al hotel o a la alimentación, porque se contrató como paquete integral. Por eso, cualquier cifra por rubro (tiquetes/comidas/hotel) necesitaría anexos o soportes adicionales para no caer en conjeturas. 

Lo que hoy “pasa factura” no es solo el viaje como hecho, sino lo que simboliza para distintos sectores.  

Los funcionarios defienden el viaje a San Andrés y lo relacionan con integración y ambiente de trabajo; en la ciudadanía, el cuestionamiento aparece ligado a prioridades, percepción de servicio y contexto de inseguridad. Con cifras del contrato se puede explicar cuánto fue el total, cuántos paquetes se contrataron y qué incluía el servicio; sin anexos, no se puede desarmar el paquete por rubros ni medir resultados con indicadores. En ese punto se sostiene la discusión: una parte habla de bienestar laboral y otra pide que, cuando se gaste dinero público, además de estar sustentado, se explique mejor y se muestre qué cambia en la realidad del municipio.