SANGRE, AUTOCENSURA Y PERIODISMO

Los 152 asesinatos de periodistas en Colombia desde el año 1977 hasta el 2015, parecen desvanecerse de la memoria colectiva de esta violenta república, que indujo el miedo al oficio de informar a través de las acciones delictivas, y entregó como resultado la autocensura, sangre e impunidad.


Según el libro Palabra y Silencio, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el primer asesinato de un periodista en Colombia del cual se tiene registro, ocurrió el 11 de diciembre de 1977 en Cúcuta. Carlos Ramírez París, director de Radio Guaymaral, murió tras recibir varios golpes de dos policías; por este crimen nadie fue judicializado.

Después de aquel asesinato, el oficio de informar fue directamente golpeado por la violencia; en la década de los años 80 fueron asesinados 43 periodistas y el miedo se apoderó de las salas de redacción  debido a las múltiples amenazas y secuestros. Por muchos años, Colombia ocupó el primer lugar de países donde más asesinaban comunicadores.

Las órdenes de atentar contra periodistas venían desde todos los frentes del conflicto colombiano: narcotráfico, paramilitares, guerrillas, políticos corruptos y fuerza pública, esta última a través de la Brigada 13 del Ejército infundía el pánico a todos aquellos comunicadores que investigaran más allá de la información que ellos ofrecían.

La mayoría de los periodistas asesinados adelantaban o habían expuesto investigaciones en las cuales evidenciaban corrupción y cuestionaban los procederes de los poderes políticos de turno. Gran parte de los comunicadores flagelados ejercían su labor en medios pequeños o regionales y tenían más libertad de indagar sobre la oficialidad de la información.

Con el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el país vivió la más cruenta ola de asesinatos por una simple razón: pensar diferente. Periodistas con tendencias políticas y económicas de izquierda, fueron perseguidos, asesinados y desplazados de sus territorios. De aquellos crímenes nadie se atrevió ni siquiera a abrir investigaciones a profundidad para dar con los responsables, la impunidad fue un premio para los victimarios y un desconsuelo para las víctimas.  

Medios de comunicación como la revista Alternativa y el Espectador fueron duramente golpeados por criminales que se habían dado cuenta de la importancia de suprimir el pensamiento libre y crítico de la sociedad para justificar su accionar delictivo. Según el citado libro, el número de asesinatos de comunicadores que desempeñaban su labor en prensa escrita es mayor comparado con la radio y la televisión.

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”: Albert Camus, escritor francés.

Con la llegada del nuevo milenio, en Colombia disminuyeron paulatinamente los homicidios contra periodistas, pero creció el fenómeno de la autocensura precedida por el miedo de los comunicadores a ser asesinados.

Los espacios investigativos y cuestionadores del poder en los medios fueron reemplazados por información sensacionalista y de entretenimiento; los periodistas pasaron de ser agentes divulgadores de los hechos por medio de varias perspectivas a desarrollar un ejercicio comunicativo dependiente solo de las voces oficiales y de lo que se “pueda contar”.

Los asesinatos sin duda condicionaron el oficio informativo; la muerte calló a aquellos que ejercían su labor éticamente, la impunidad contribuyó a que el fenómeno creciera y la ciudadanía, impávida ante estos hechos, dejó que se vulnerara su derecho a estar informada.

Luego del año 2002, la “estrategia” para desestimar la labor periodística empezó a transformarse, los homicidios fueron reemplazados por los procesos judiciales, las palabras como “guerrillero” o “terrorista” se pronunciaron desde lo más alto del gobierno cada vez que un periodista refutaba una información de carácter oficial.

Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, decenas de periodistas de medios nacionales, regionales y comunitarios abandonaron sus trabajos y pidieron exilio en países vecinos, las chuzadas desde organismos de la fuerza pública y las amenazas fueron factores determinantes.

Algunos de los periodistas más reconocidos del país que profesaban abiertamente su oposición al gobierno no se fueron, pero sí se acoplaron a la nueva forma en que debían trabajar: fuentes oficialistas, noticias sin profundidad, notas rápidas y sin contexto y, sobretodo, el entretenimiento a través del sensacionalismo para mantener a la audiencia “conectada”.

Arturo Guerrero, periodista y analista colombiano

En su libro País Lejano y silenciado, Arturo Guerrero argumenta: “Es habitual, además que estos medios tengan definidas preferencias políticas o compromisos con las fuentes. Sus periodistas comprenden que a estas ‘hay que hacerles pasito’ o no contrariar sus intereses con la información que produzcan. En muchas regiones donde no hay comercio, el Estado es el único anunciante fuerte, de manera que las autoridades se vuelven intocables”.

La sangre empañó el ejercicio informativo, la impunidad sepultó las ideas y convicciones de todos aquellos que se arriesgaron a dudar, la autocensura fue una victoria abrumadora de todos los propagadores de violencias y corrupción.

 Por: Jamir Mina Quiñónez  

  @Jamir_Mina

ASÍ VIVIÓ CALI EL VERDADERO TERROR EN HALLOWEEN

El 2020 ha estado lleno de sorpresas y se esperaba que en Cali, la fecha del 31 de octubre, que para muchos es aterradora y para otros es pura diversión, se iba a tornar más segura, debido a las restricciones y los cuidados sanitarios que cada ciudadano debía tener para evitar posibles contagios.

Pero la ciudad se tornó muy insegura, tras distintos episodios que se vivieron entre los días 30 y 31 de octubre. Los ciudadanos imaginaban que habría toque de queda y ley seca, pero la alcaldía los descartó, quedando establecido solamente que los niños no podían salir a las calles a pedir dulces y que la celebración debía ser en casa.

Utópicos Semanal habló con Andrés Enrique Cortés, dueño de una heladería del barrio Morichal de Comfandi. Ël afirmó que “faltó mucha conciencia ciudadana, ya no le prestan atención al virus, al negocio llegaron bastantes niños con adultos mayores, pero no llegaban con implementos de bioseguridad”.

Andrés Enrique Cortés, con sus trabajadores, después de una larga jornada de trabajo.

Con respecto a la seguridad, “la autoridad, no hace nada para que las normas se cumplan, en solo 2 noches, la ciudad se volvió un caos también, por los desadaptados de las caravanas que se hicieron en esos días”, contó Cortés.

De todas maneras, este año se vivió mucha soledad en las calles, y se calcula que circuló solo 40% de quienes salieron el año pasado, lo que repercutió en la sensación de inseguridad, debido a la soledad.

Además, en las noches del 30 y el 31 de octubre, las autoridades competentes recibieron numerosas llamadas solicitando su presencia, tras incumplimientos de las normas por parte de personas que participaron en caravanas, fiestas y reuniones, lo  que representa un alto riesgo de contagio, por la ausencia de medidas de bioseguridad. Distintas unidades hicieron intervención en dichos eventos, para garantizar el orden público durante esta celebración atípica, debido a la pandemia  del COVID-19.

Barrio independencia, en soledad absoluta.

La joven, Natalia Donneys Jiménez (22 años), hizo presencia el 31 de octubre en una de esas caravanas. Ella cuenta cómo se vivió esa noche con las distintas intervenciones de la policía y el Esmad: “la idea de las caravanas no es alterar el orden público o fomentar violencia, nosotros salimos a la caravana es para compartir de manera sana, pero como por uno pagan todos, hay personas que hacen las cosas más difíciles y alteran el orden”.

Reclamó que cuando la policía, el Esmad y los guardas de tránsito llegan a intervenir en dichos actos, no lo hacen de manera pacífica, “ellos abusan de su autoridad, buscan tirar a la gente de las motos, los golpean para que se caigan, les tiran los conos y hasta pelean a golpes con todo aquel que ellos crean que está participando en la caravana”, dijo Donneys.

Aunque fue una noche larga, de mucho terror por las violencias generadas, “el balance es altamente positivo; sin embargo, se elaboraron más de 400 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia”, informó el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, para El País.

 Stephany Pérez

 @SheinyP

El suicidio, un problema más que se suma a los males de Buenaventura

El suicidio, un problema más que se suma a los males de Buenaventura

Autor: Yhon Eduar Angulo.

Facultad de Humanidades y Artes

Buenaventura atraviesa uno de los momentos más difíciles a raíz del alto índice de violencia, los malos manejos administrativos, la ausencia de oportunidades laborales y un sin número de situaciones que no permiten garantizar a la comunidad una calidad de vida digna. 

“Es lamentable la situación que vive Buenaventura, ya que no tienen un espacio dónde recibir orientación frente a diversas situaciones que están viviendo, donde un equipo médico interdisciplinario les atienda y les preste el servicio que corresponde”

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es el aumento de suicidios ocurridos durante el año 2021 en ese distrito. Hasta el mes de agosto, se habían registrado 15 casos, situación que requiere medidas orientadas a la prevención y atención de la salud mental.   

El concejal Jaime Marines lideró, ante el concejo distrital, una proposición para instar a la alcaldía al diseño de una política pública que sea robusta, para abordar diferentes situaciones que motivan a las personas a quitarse la vida. 

“Son los jóvenes los más perjudicados frente a lo que vive Buenaventura dada la falta de oportunidades. Por esto debemos hacer el esfuerzo para que la ciudad sea un foco de inversión”, señala Libia Mosquera Viveros, directora de la oficina de cooperación internacional de la alcaldía. 

En el mes de agosto, cinco personas decidieron acabar con sus vidas y en lo que va corrido del año han sido 15 los casos registrados. Tanto para la comunidad como para algunas autoridades se hace necesario tomar medidas.  

Según el concejal Marines, “Buenaventura viene presentando esta situación desde hace diez años, a raíz del recrudecimiento de la violencia por grupos delincuenciales, problemas intrafamiliares y falta de recursos económicos”. Esta realidad impulsó a la organización Médicos sin fronteras a implementar un programa de atención a la salud mental, pero esta organización no continuó trabajando en ese territorio. Se desconocen las razones, según el concejal.  

La Ley 1616 de 2013 garantiza el derecho que tienen los colombianos a la salud mental, orientado a la Promoción, Prevención Primaria de Trastornos y la Atención Integral en Salud Mental, priorizando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Por ello, se adoptó, mediante la Resolución 4886 de 2018, la Política Pública Nacional de Salud Mental. En este sentido, desde el Concejo Distrital de Buenaventura se esperan medidas adaptadas al contexto del puerto.  

“Es lamentable la situación que vive Buenaventura, ya que no tienen un espacio dónde recibir orientación frente a diversas situaciones que están viviendo, donde un equipo médico interdisciplinario les atienda y les preste el servicio que corresponde”, insistió el concejal Marines. 

Buenaventura requiere una política integral que garantice a sus habitantes mejores condiciones de vida, a través de la generación de empleo, mejora en la calidad de la educación y, sobre todo, la erradicación de la violencia. Para lograrlo se requiere voluntad política y compromiso de todos los actores sociales. 

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es el aumento de suicidios ocurridos durante el año 2021 en ese distrito.

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