EL DERECHO A SER ESCUCHADOS

Esta marcha arrancó el 10 de octubre, originalmente se tenía planeado plantarse en Cali dos días después, a la espera del mandatario de la nación; pero este no hizo presencia durante el evento.

Sobre la razón principal de los pueblos indígenas, María Isabel Tombe, miembro de la guardia indígena del CRIC, manifiesta: “Nos están matando, ya no se puede hablar, si lo hacemos nos convertimos en un objetivo militar, tanto de la fuerza pública, como de la misma guerrilla. Sin embargo, nos manifestamos, porque como lo dijo nuestra líder Cristina:si hablamos nos matan, y si no lo hacemos, también. Así que hablemos”.

Isabel Tombe manifiesta que “no es mentira que en los corregimientos y municipios hay policía y ejército, pero igual nos están matando. Por eso es necesaria la autonomía, porque a veces el gobierno, junto a la guerrilla, nos quieren callar”.

Durante los primeros días de la marcha, en la previa de la llegada a Cali, se promulgó un gran miedo por el riesgo al contagio del COVID-19. No obstante, respecto a esas posturas, Luis Alfonso Mena Sepúlveda, actual director del medio alternativo Periodismo Libre,reflexiona: “Partamos del hecho de que los medios de comunicación masivos tradicionales son extensiones del poder, reproducen el discurso que le conviene a las élitese imponen su ideología; dicen que los indígenas son perezosos, que están infiltrados y demás; todas las matrices de desinformación necesarias para desacreditar la marcha”.

Por otro lado, hubo gran polémica sobre el impacto político que tendría la manifestación. En palabras del estudiante de derecho, Diego Fernando Chavarro Jiménez, “el CRIC es un conglomerado político, no social. La minga es utilizada como herramienta de presión política por la hegemonización de luchas que se da en pleno siglo XXI.Esto consiste en que muchas fuerzas, que no tienen ninguna lucha en común, se unen discursivamente, creando así una multitud no uniforme como fuerza política que impide al presidente cumplir su función”.

Bajo los artículos 330 y 329 de la Constitución, los cabildos quedan estipulados como unidades de organización política autónoma, mientras que los incisos 1 y 3 del segundo artículo, dan validez al CRIC como entidad territorial que agrupa administrativamente y da representación política a los cabildos frente al gobierno.

En esa línea de pensamiento, Luis Mena responde: “Las luchas sociales son también políticas, dejemos ese cuento que dice que una causa social no puede tener incidencia política. La minga se movilizó en ejercicio de una respuesta política, para dar un mensaje al presidente, quien no los atendió; ya que ellos, los indígenas, han visto cómo cada vez hay menos seguridad y se incumple el acuerdo de paz. Por eso mismo buscan una democratización de la vida nacional, un objetivo social y político”.

En relación con el rol protector del Estado, Isabel Tombe manifiesta que “no es mentira que en los corregimientos y municipios hay policía y ejército, pero igual nos están matando. Por eso es necesaria la autonomía, porque a veces el gobierno, junto a la guerrilla, nos quieren callar”.

El ya mencionado informe de Indepaz, confirma la presencia de diferentes actores del conflicto en la región, clasificados en grupos narco-paramilitares, disidencias o residuales de la FARC y células del ELN.

Sobre la actitud del Estado, Mena concluye, “se dice que el problema es cómo vamos a reprimir tropas que solo generan más violencia. Debemos ir a la base, que es estructural, plantearnos cómo solucionamos la falta de vías para sacar los productos, cómo damos acceso al mercado. El narcotráfico utiliza ese hecho para decirle al campesino que cultive coca, puesto que ellos sí le compran. El Estado no facilita una producción sana”.

Algo en lo que coincide con Chavarro, quien dice, “como ellos están en condiciones desfavorables, ayudémoslos a que tengan las condiciones para competir como iguales. De lo contrario, nunca se acabará la inequidad y mucho menos conseguiremos igualdad”.

La marcha terminó haciendo un recorrido de 12 días, culminando el 21 de octubre en la capital del país. A pesar de que la reunión con el presidente no pudo concretarse, los indígenas dieron una gran lección de organización, “dejaron en orden todos los sitios que les prestaron para asentarse. El mismo ministro de defensa admitió que esta fue una protesta totalmente pacífica a lo largo de todo el país. La guardia indígena, reconocida constitucionalmente, frenó todo intento de disturbio”, concluyó Mena.