Casos como los de Brayan Ocampo acusados ​​por el caso de Candelaria y Freddy Castellano por el caso del jardín infantil en Bogotá, señalados como presuntos abusadores de menores, han encendido las alarmas en Colombia sobre la protección de niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero y marzo de 2025 se reportaron 4.375 casos de abuso sexual contra menores en todo el país.

El impacto de estas cifras ha desatado un debate que trasciende las calles y llega al Congreso. Voces como la del senador Jota Pe Hernández, quien afirmó que “un abusador y asesino de niños, lo único que merece es estar 50 metros bajo tierra, la pena de muerte es lo que merecen, donde abusadores de niños no deben de ser premiados con una cárcel a comer y vivir gratis, inclusive con los impuestos que pueden estar pagando los padres de estos niños”, reflejando la indignación ciudadana.

Sus palabras hacen referencia al caso del Hogar Infantil Canadá, sede F, en Bogotá, donde varios menores de 2 a 3 años fueron abusados ​​por su supuesto cuidador, quien recibió una condena de 14 años de prisión.

Estos hechos, junto con los más de 4.000 casos registrados en 2025, han llevado a los ciudadanos a cuestionar si el Estado garantiza la protección de los menores y si las sanciones son lo suficientemente severas.  

En 2024, Colombia superó los 18.000 casos de abuso sexual contra menores, con Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca como los departamentos más afectados…

La Ley 1236 de 2008 establece penas estrictas para estos delitos: el artículo 208 indica que “quien acceda carnalmente a una persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años, al no tener los menores capacidad de consentimiento”, mientras que el artículo 209 señala que “quien realice actos sexuales (distintos al acceso carnal) con un menor de 14 años, en su presencia, o inducirlo a prácticas sexuales, conlleva una pena de 9 a 13 años de prisión, incluyendo actos como tocamientos, exhibicionismo o inducción a actividades sexuales”.

Sin embargo, para muchos padres, estas medidas no son suficientes.

Una exdirectora de jardines infantiles, con 18 años de experiencia, explicó los protocolos para prevenir estos casos: “Al hacer contratación de cualquier persona dentro de hogares infantiles, los mínimos requisitos que debe tener al talento humano es al menos un año de experiencia con atención directa con menores, se hacen consultas a través de Contraloría, Procuraduría además de la consulta de la página delitos sexuales contra menores de 18 años, donde los operadores deben indagar que el contratado posible no tenga algún registro allí, adjuntando así junto al NIT del contratador, que debe hacer la búsqueda y así el instituto aprobar las contrataciones”.

Añadió que los hogares infantiles no pueden realizar evaluaciones directas para detectar abuso, ya que “desde los jardines, hogares y centros de desarrollo infantil no se puede determinar si un niño fue abusado, porque hacer cualquier tipo de estudio psicológico o físico es revictimizar al menor, lo que se hace es trasladar hacia las EPS donde son estos los encargados de activar las rutas”. Las EPS, según la experta, confirman el abuso, denuncian a la Fiscalía y los hogares infantiles facilitan las investigaciones, suspendiendo al presunto responsable.

El panorama es alarmante. En 2024, Colombia superó los 18.000 casos de abuso sexual contra menores, con Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca como los departamentos más afectados. A pesar de la existencia de múltiples entidades para denunciar estos delitos como la fiscalía general, los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), las Unidades de Reacción Inmediata (URI), los Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), la Policía Judicial, la Policía de Infancia y Adolescencia, y las comisarías de familia, la percepción ciudadana es que la justicia no siempre es efectiva.

Por su parte una exdocente de jardín infantil informa “que al momento de su contratación o en el transcurso del año lectivo no tuvo ningún tipo de charla o indicaciones para reconocer algún tipo de abuso en el aula u en los hogares”, igualmente destaca “los niños siempre se deben de ser observados, al punto que, como docente, yo misma identifico que niño confunde la M con la N, la P con la L. Y así como uno nota estas cosas nota su actitud, sus cambios y esto siempre puede ser un llamado de alerta”, para dejar en evidencia que los docentes no están siendo capacitados para identificar casos de abuso. 

De igual manera aclaró que “en lo personal para darme cuenta si un niño está siendo abusado me doy cuenta en su actitud, desde el cómo escribe, con mi actual curso de primaria ya sé son niños que tienen muy bonita letra, ya veces el niño que escribe bonito llega y escribe grandote, torcido, siendo esto para mí una indicación de que algo está pasando. Pues desde lo más mínimo como docentes nos damos cuenta, se trata de conocer al estudiante, saber cómo llegarle, dialogar para tomar una ruta de evacuación donde nos contactemos con la policía de infancia y adolescencia”, siendo al final todo dejando en manos del docente y su intuición junto a su vínculo y reconocimiento del niño o niña para identificar sus cambios en la personalidad para detallar si está siendo abusado.

Mientras para garantizar atención integral a las víctimas el ICBF exige a las entidades de salud públicas, privadas, la inmediata y gratuita atención médica, apoyo psicológico, medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH, anticoncepción de emergencia, asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo y recolección de evidencias. Sin embargo, la magnitud del problema persiste.

Andrés Bolaños, padre de un menor de 13 años, expresa su opinión “Créame cuando le digo que, si en Colombia empezáramos a implementar la pena de muerte para pedófilos y violadores, muy probablemente se redujese el número de casos de menores abusados, siendo lo más seguro es que se lo pensarían 10 veces antes de acceder carnalmente ante cualquier persona”. Su declaración refleja la frustración de una sociedad que exige medidas más drásticas para proteger a sus niños.

La crisis del abuso sexual contra menores en Colombia no solo pone en tela de juicio la efectividad de las leyes y los sistemas de protección, sino que también plantea un desafío urgente: garantizar un entorno seguro para los más vulnerables.