Holocausto del Palacio de Justicia 30 años.

Camilo González Posso es el presidente de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) y Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hace unas semanas compartimos una conversación, en uno de los eventos del Congreso Nacional de Historia. Fue la oportunidad para cumplir con el propósito de contextualizar los hechos del Palacio de Justicia. Estas fueron algunas de las reflexiones de González Posso:

Pretendía el M-19 que los acontecimientos evolucionaran de tal forma que ante su toma ocurriera algo parecido a lo de la embajada de Republica Dominicana, que se presentara una crisis, que se hiciera un manejo de los rehenes y propaganda. No sabemos, pero es probable que el diseño no fuera llegar hasta sentar al Presidente de la República en un juicio, sino que fuera una operación militar simbólica y pro publicidad. Sin embargo, los acontecimientos se presentaron de otra manera y a la toma violenta siguió la retoma con todas sus consecuencias.

“Hacer un recuento sobre antecedentes de gran trascendencia no justifican, pero si nos pueden dar algunos elementos para explicarlos. La justificación que dio el M-19 en la proclama (llamada por ellos Demanda Armada), en el alegato que presentó en el momento de la toma del Palacio de Justicia fue la de hacer un juicio por Traición a la Patria al presidente de la República por haber desconocido o traicionado los acuerdos que se habían firmado para buscar la paz de Colombia. 

Con ese proceso de buscar una solución política negociada al conflicto armado (durante el gobierno de Belisario) comenzó un ciclo largo que se ha prolongado hasta hoy. Al momento de la posesión del nuevo gobierno de Betancur se venía de un periodo de una crisis institucional muy fuerte, eran las consecuencias o los desarrollos de la crisis del Frente Nacional, llegando al punto del establecimiento en Colombia de lo que podría denominarse un régimen de dictadura civil. 

Eso fue parte de la discusión en esa época y la fase que siguió a la terminación formal del acuerdo bipartidista, porque de hecho, siguió un régimen político que no se acomodaba a los nuevos tiempos, una institucionalidad que hizo que incluso los voceros más representativos del poder político en Colombia, como Alfonso López Michelsen, dijeran “institucionalización o catástrofe” y reconocieran una profunda crisis de las instituciones y una suplantación de la promesa de una democracia representativa por los regímenes de Estado de Sitio permanente. 

Pero además con una circunstancia muy particular, porque los años 70 estuvieron muy marcados por la revolución sandinista: una guerrilla, después de la revolución cubana, por primera vez en el continente comanda una gran insurrección popular y derrota un ejército y esto se hace en un momento de gran crisis de las políticas de seguridad de los Estados Unidos y después del colapso de la derrota en Vietnam. Eso se expresa en Colombia como un asentamiento de todos los mecanismos autoritarios y de políticas contra insurgentes, un Estado de Sitio permanente, una dictadura civil institucionalizada y una política contrainsurgente que ya venía desde los años 60. 

Ese contexto dio lugar al fortalecimiento de los movimientos guerrilleros en Colombia; se podría decir que durante el Frente Nacional las guerrillas prácticamente desaparecieron, no hubo una amenaza guerrillera, hubo más contrainsurgencia que insurgencia en Colombia, el ELN fue desmantelado, el EPL también, las FARC se replegaron a una política de autodefensa y otras consideraciones tácticas del Partido Comunista. 

La guerrilla, durante los años 60 y una parte de los 70 fue un fenómeno marginal de amenaza militar, pero muy real desde el punto de vista de las doctrinas contrainsurgentes que dominaban el panorama político. Pero entonces, estos acontecimientos que marcaron la situación suramericana y centroamericana, y de manera particular en Colombia, se reflejan con otras circunstancias, no solamente en un gran acenso de la lucha política sino en una composición y desarrollo de los movimientos guerrilleros. 

Novedad en el escenario de la insurgencia fue el M-19, que irrumpió con tanta fuerza y tanta expectativa. Primero, porque surgió como una guerrilla urbana y en segundo lugar, porque por primera vez desde la izquierda, un movimiento guerrillero asume la bandera de la democracia. En el discurso marxista de los años 60 y 70, democracia era la dictadura de una clase y hacer la convocatoria a una insubordinación y rebelión en nombre de la democracia no tenía mucho sentido, pero ese es un elemento muy importante, acompañado de otras cuestiones, le da una proyección urbana supremamente grande, una realidad mucho más política que militar al M-19 

De modo que cuando se inicia el gobierno de Betancur, ya se habían hecho muchas acciones muy imaginativas por parte del M-19, de mucho impacto, como el robo de las armas en el Cantón Norte (en la madrugada del primero de enero de 1979), como también la toma de la Embajada de Republica Dominicana, en 1980. Tuvieron un movimiento tan vigoroso que, en pocos años, toda su dirección fue metida a la cárcel; era muy particular, porque su mayor tribuna política no fueron en ese periodo las armas, sino los procesos penales, los tribunales militares. 

Entonces, cuando Betancur llega al gobierno, asume una política muy decidida de paz, propone una amnistía distinta a la que había propuesto Turbay a finales de su gobierno. La de Belisario fue redactada por Gilberto Vieira y Gerardo Molina, de manera muy amplia, no incondicional, porque se planteó que no beneficiaría a responsables de ejecuciones fuera de combate ni asesinatos a personas civiles y una serie de restricciones, pero fue supremamente amplia. 

Con esta amnistía, salió la cúpula del M-19 de la cárcel. En un principio plantearon una desconfianza frente a la política de Betancur, de modo que cuando Betancur plantea la posibilidad del diálogo, primero concreta ese dialogo con las FARC, y se firman los acuerdos de la Uribe, y luego concreta con el M-19 y el EPL, dando un escenario distinto al de la Uribe que se llamó el “Diálogo Nacional”. 
La diferencia entre los dos era que el acuerdo de la Uribe era para la paz, con un itinerario que era así: Se hace un cese bilateral al fuego, se va democratizando el país, emerge un movimiento político (que fue la Unión Patriótica) y en la medida en que se va democratizando y ascendiendo la política desde la iniciativa de las FARC, se va disminuyendo la estructura militar que pasa a autodefensas, a milicias, y luego se disuelve, tiene una mutación gradual en un proceso de desmovilización. 

En cambio, con el M-19 lo que se hizo fue un acuerdo del gobierno nacional para mirar las condiciones y ofertas que se hacían desde el régimen, las posibilidades de transformación democrática, y sobre esa base si plantearse una posibilidad de tránsito a la desarticulación del movimiento guerrillero. Fueron dos planteamientos diferentes. 

Estos diálogos se dieron en el Congreso de la República y en otras partes del congreso del país sobre multiplicidad de temas, hubo un colectivo muy grande de personas y una iniciativa política muy fuerte del M-19, con campamentos de paz en las ciudades y algunos incidentes emblemáticos, como lo fueron los avatares en la convocatoria del Congreso de Los Robles en el Cauca (febrero de 1985) y en esa zona se desarrolló uno de los enfrentamientos más críticos en ese periodo, que fue un poco antes, en Yarumales (en diciembre de 1984), con bombardeos y una batalla campal impresionante, que es digna de todos los análisis militares y el proceso, a su vez, que desató la tregua tuvo todo tipo de inconvenientes 

En el Congreso de Los Robles, el M-19 discute el camino a seguir y lo que define es que la posibilidad de que el Diálogo Nacional desemboque en un acuerdo de paz está lejana y decide una estrategia de acciones militares, de ofensiva militar, principalmente sobre las ciudades. Eso evoluciona rápidamente hacia la ruptura, el planteamiento que hace el M-19 señalaba que el gobierno de Betancur había atacado el campamento en Yarumales, había roto la tregua, había sucedido el atentado a Antonio Navarro Wolff (en mayo del 85), el asesinato de varios dirigentes del M-19 

Todo ese acumulado lleva a la decisión de anunciar la ruptura del diálogo por parte del M-19 y luego la determinación de hacerle un juicio al régimen. Por eso, toman la decisión de una operación transcendental, que es tomarse el Palacio de Justicia y pedirle a la Corte Suprema de Justicia que cite al presidente, lo juzgue y de esa manera promover una condena al presidente. 

Pretendía el M-19 que los acontecimientos evolucionaran de tal forma que ante su toma ocurriera algo parecido a lo de la embajada de Republica Dominicana, que se presentara una crisis, que se hiciera un manejo de los rehenes y propaganda. No sabemos, pero es probable que el diseño no fuera llegar hasta sentar al presidente de la República en un juicio, sino que fuera una operación militar simbólica y pro publicidad. Sin embargo, los acontecimientos se presentaron de otra manera y a la toma violenta siguió la retoma con todas sus consecuencias.