El boom de la inteligencia artificial y su impacto positivo en la comunicación social y el periodismo

El cielo roto y los drones por venir

Autor: Pedro Pablo Aguilera 

Hace tiempo que no escribo de análisis militares aunque fuera uno de los espacios en donde la vida me situó en determinado momento. Desde hace meses he seguido el tema de las capacidades militares de Colombia en la geopolítica regional leyendo la prensa nacional y especializada a nivel mundial; deseo pues, compartir ideas sobre las diversas armas; siendo la aviación el primer punto de análisis.

La capacidad de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para responder las necesidades de interdicción de los vuelos de narcos, la vigilancia y la seguridad del territorio nacional de tierra y mar es limitada y se hace evidente con las cifras de la movilidad de la droga hacia el exterior y la de los grupos al margen de la ley.

Colombia tiene una flota de 23 Kfir israelí con 42 años de servicio que ya están desde diciembre 2023 fuera de los límites técnicos y responsables de uso. Es decir, no solo están viejos, es que son un riesgo su uso para los pilotos. Para más, las relaciones con Israel están congeladas y no habrá apoyo a nuevas compras y actualizaciones.

Eso se repite con los helicópteros rusos MI-17 donde de los 26 adquiridos en el pasado solo 9 pueden volar y los otros sin opción de mantenimiento por el bloqueo a cualquier transferencia a Rusia como país agresor de Ucrania.

El gobierno sabe que necesita cambiar su flota de 24 cazas que es lo prioritario y según infodefensa sitio especializado en defensa de reconocido prestigio han existido varias ofertas desde el 2019-2023, como son:

· Lockheed Martin de EEUU: 24 aviones de uso repotenciados F-16 por 4.200 millones de dólares.

· Dassault Aviation (Francia): 16 aviones de uso repotenciados, por 3.150 millones de dólares

· Saab, (Suecia): 16 aviones nuevos. Gripen por 1.360 millones de dólares + transferencia tecnológica

· Eurofighter (España): 16 aviones nuevos con un presupuesto de unos 3.500 millones de dólares.

La única firma con capacidad de entrega de aviones nuevos es Saab para 2025, en cifra de 4 unidades, y el resto a un límite del 2029. Las otras ofertas solo comenzarías a entregarlos luego del 2027 y son aviones actualizados con uso salvo el europeo que sería nuevo pero la entrega sería solo hasta después de 2029.

Ciertamente la oferta sueca es la mejor pero el actual gobierno mantendrá esta incertidumbre y la solución será a medias, cuando en el 2030 lleguen 16 drones y sus 6 estaciones de tierra que están contemplados dentro del proyecto Atlante II o SIRTAP, desarrollado entre España y Colombia en cooperación con Airbus Defense de EEUU.

Si, así mismo, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) que es una empresa público-privada con control mayorista del Ministerio de Defensa aportará 300 millones de dólares mientras España otros 595 millones de dólares en este proyecto que se inició en 2019 con el gobierno de Iván Duque y se ha ratificado en 2023 y 2024 por el gobierno de Gustavo Petro. De hecho este año ya se hizo un desembolso de 16.5 millones de dólares según infobae.

Sin duda, la alternativa de drones con fines de vigilancia, inteligencia, búsqueda y rescate con fines humanitarios o en caso extremo de interdicción aérea al interrumpir o prevenir el uso ilegal del espacio aéreo puede ser una alternativa que según la filosofía de seguridad nacional sea más viable dado el carácter defensivo de la doctrina militar colombiana.

Mirando los costos de compra de una flotilla de cazas y el proyecto de drones, la balanza va en favor de los drones pudiendo dirigirse mucho dinero del Plan Nacional de Desarrollo – siempre habrá la forma de hacerlo -, a proyectos nacionales de inversión social en vez de cazas de altísimo costo en medio de un discurso de paz total. Esto respondería a un enfoque social pero nada realista en los momentos en que el propio ministro de defensa Iván Velázquez afirma “sabemos que (los grupos armados ilegales) han aprovechado el cese al fuego para tratar de incrementar el control ilegal del territorio”.

Y siendo justamente realista lo que sucede es que Colombia continuará con un cielo roto y una “libertad” de movimiento que facilita el incremento de exportación de drogas como indican las Naciones Unidas y un descontrol de su capacidad de vigilancia sobre la deforestación, la minería ilegal y un enemigo que gana territorio y control ante la pérdida de la capacidad estratégica del control del aire.