Se ignora qué ocurre tras la condena. si el sistema solo castiga, pero no logra resocializar, la libertad es apenas un paso antes de volver a delinquir. Este informe especial revela cómo el olvido de esta población es el motor que alimenta la inseguridad día a día en nuestras calles.

La falta de oportunidades laborales es uno de los principales obstáculos para quienes intentan rehacer su vida…

“He llegado a muchas entrevistas de trabajo y no me quieren aceptar por los antecedentes judiciales. Nadie me quiere dar una oportunidad”. El testimonio del caleño Armando Zambrano refleja lo complejo que resulta para una persona, reincorporarse a la sociedad luego cumplir una condena.   

Armando, un ciudadano caleño que estuvo privado de su libertad más de 6 años, representa el rostro de esta exclusión; su diario vivir se convirtió en un bucle de rechazos uno tras otro. “De vez en cuando hago algún trabajo de construcción, pero es difícil porque no me quieren aceptar.”, relata, evidenciando que el pasado judicial funciona como una marca imborrable. 

El testimonio de Armando revela una parte cruel del mercado laboral, la discriminación cortés y según explica, las entrevistas laborales suelen iniciar de manera positiva hasta que aparece el registro de antecedentes en su hoja de vida. “Normalmente me reciben muy bien, pero cuando leen la hoja de vida, ahí es donde la gente se retracta. Me dicen que por haber estado en la cárcel no me aceptan; eso es discriminación”. 

Su caso no es el único. Analizando los datos recolectados de la fundación Fundrapre a lo largo de su gestión y funcionamiento. Encontramos que en total 318 personas recuperaron su libertad: 118 han fallecido, incluyendo casos como, el de un hombre de 56 años que murió por un cáncer de páncreas mal atendido bajo el precario servicio de salud del INPEC; Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), o el que fue asesinado apenas cruzó la puerta de salida del centro penitenciario. A esto se le suman tres personas desaparecidas y una lamentable situación de salud pues al salir de la cárcel pierden su cobertura médica, sin posibilidad de recibirlos. 

De este grupo de 318 exconvictos, apenas cinco personas han logrado reintegrarse con éxito fuera de Colombia, en países como España, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Londres. En el contexto local, la realidad es otra, no hay ni uno solo trabajando formal y legalmente. Los 313 restantes sobreviven en el día a día a través de la informalidad, generalmente en trabajos de construcción o ventas en el centro de Cali, o inevitablemente reincidiendo en el delito. 

Para la fundadora y experta en el área de reintegración social de la fundación Fundapre, Elsy García Medina el problema nace desde la misma cárcel. 

 “En este país, el sistema penitenciario va de la mano con el castigo y no con un cambio… Las cárceles se transformaron un espacio donde se pierde la identidad y para cuando las personas cumplen su sentencia, se encuentran con el estigma social tanto de sus familiares como de su entorno. No podemos exigir que cambien para bien en la sociedad, cuando encontrar un empleo formal se vuelve una misión casi que imposible. Hay que garantizar el derecho al trabajo y la aceptación social, de lo contrario estaríamos dándoles la espalda y dejándoles como única fuente de ingresos nuevamente el delito en una situación desesperada por subsistir”, expresa García. 

Esa pérdida de identidad y el estigma se filtran hasta la intimidad del hogar, donde el retorno constantemente está marcado por sospechas. Para Estefany Castro García, madre de un joven que ha vivido el bucle de entrar y salir de la cárcel, la libertad es un lugar minado de incertidumbres y preocupación. Ella asegura que el reto no es solo la falta de un sueldo, sino el juicio moral del entorno: “No es solo que no consigan trabajo, es cómo los mira el vecino, cómo los juzga la misma calle que los vio crecer”. 

Esta presión social, sumada a la desconexión con sus propias redes de apoyo, crea un aislamiento que la psicología familiar identifica como un factor de riesgo muy alto. Expertos en comportamiento humano señalan que, ante el rechazo del círculo social primario, el expresidiario busca refugio en los únicos espacios donde no es juzgado por su pasado: las estructuras delictivas de las que se intentaba alejar. 

Sin embargo, frente a este panorama de rechazo y puertas cerradas, el sistema jurídico colombiano ha intentado levantar un contrapeso. La Ley 2208 de 2022, conocida como la Ley de Segundas Oportunidades, fue creada con la intención de romper precisamente ese ciclo de rechazos. Ofreciendo beneficios tributarios a los empresarios que contraten a esta población, la ley busca transformar el antecedente penal de una sentencia de desempleo a una oportunidad de responsabilidad social. 

Sobre esta normativa, el abogado José Gregorio Hernández Penagos explica que la iniciativa busca que las personas que ya pagaron su condena puedan conseguir un trabajo formal, dando beneficios a las empresas para que se animen a contratarlos “La ley apuesta por dar segundas oportunidades porque eso reduce la reincidencia y beneficia a toda la sociedad” afirma Hernandez; no obstante, también advierte que “En Cali todavía falta más apoyo y un cambio de mentalidad para que la iniciativa funcione mejor” declaró. 

Es por esto que, como advierten expertos legales, la norma por sí sola no borra el prejuicio; se requiere que el sector privado de Cali deje de ver el pasado judicial como una amenaza y empiece a verlo como una inversión en seguridad ciudadana. 

Para Lina Marcela Sierra, empresaria caleña, la decisión de abrir las puertas de su empresa no se basa solo en ver una hoja de vida, sino en la satisfacción de que brindar oportunidades a quienes han sido excluidos es la única forma de construir una Cali más segura. “Yo creo en las segundas oportunidades, y que la forma de crear un mundo mejor es brindar oportunidades a las personas que probablemente nadie cree” afirmó la empresaria, también recalcó “Es importante que cuenten con una fuerte red de apoyo solidad para no perder el nuevo enfoque de su vida” la intención genuina del individuo de proyectar una vida distinta. 

Entonces, para los empleadores que apuestan por estas “segundas oportunidades”, la resocialización no es un cambio que el exconvicto haga solo. La empresaria Sierra recalca que un factor determinante para no perder el nuevo enfoque de vida es la existencia de una red de apoyo social y laboral en la que el trabajador pueda sostenerse, afianzando así, la advertencia de Elsy García sobre el vacío que deja la pérdida de identidad en prisión. 

En la otra cara de la moneda se encuentra Carlos Alberto Bolaños Álvarez, mago, payaso y empresario con más de 15 años de trayectoria al frente de Capeto Recreación y Eventos, una de las empresas de animación más grandes de Cali. 

Para Capeto, cuyo personal se concentra en jóvenes de entre 18 y 27 años, la posibilidad de contratar a alguien que haya pasado por una cárcel es una decisión que genera gran preocupación. 

El empresario manifiesta que recibir a una persona que haya sido privada de la libertad es “complicado” y confiesa que el primer criterio de rechazo inmediato son los antecedentes judiciales. Desde su perspectiva, la ciudad no solo requiere que la persona a reintegrar cumpla su condena, sino una resocialización que él no percibe como real en el sistema actual.  

“¿Qué se hizo para capacitar a esa persona evitando que no vuelva a reincidir en lo mismo que lo privó de la libertad? Pues la verdad que como empresario sí, también me abstengo de tener que contratar a una persona en esas condiciones. Primero miramos los antecedentes, pero la verdad es que en este país una persona privada de la libertad no solamente necesita cumplir con su condena, sino también con una reintegración a la sociedad”, afirma Carlos. 

La brecha entre los empresarios que creen en el cambio y aquellos que se retractan al leer los antecedentes es el espacio donde debe actuar la estrategia pública. Es aquí donde la Ley 2208 de 2022, intenta incentivar a más organizaciones a seguir este camino, proponiendo que la inclusión laboral deje de ser un acto de fe individual para convertirse en una estrategia colectiva de seguridad y justicia social. 

Nathalia Benjumea, psicóloga de selección, comenta lo determinante que puede ser la contratación de personas con antecedentes, ya que eso puede perjudicar a las empresas para certificarse en el (El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) SAGRILAFT, ya que esto les brinda una seguridad en su documentación como empresas. 

Ella recuerda el caso de un candidato: “Se trataba de un hombre que se postuló para el cargo de coordinador. En la revisión de documentos se reflejó que no era solicitado por la justicia, pero en uno de sus anteriores trabajos en el cual transportaba mercancía, mientras conducía uno de sus trayectos cotidianos fue abordado por un grupo al margen de la ley, que quemó el carro de trabajo y la mercancía. La empresa procedió a demandarlo por robo de mercancía. En el proceso de selección sometido al polígrafo y quien lo realizó, confirmó que el hombre decía la verdad. Al sol de hoy él sigue como coordinador en esa empresa”, relató la doctora Nathalia. 

Finalmente, la verdadera resocialización se pone a prueba en el día a día de los barrios, donde la comunidad critica como el primer juez. Mientras persista la falta de redes de apoyo sólidas, el ciclo de reincidencia seguirá alimentándose de la inseguridad. Al final del día, el éxito de la Ley de Segundas Oportunidades y los esfuerzos individuales de los exconcivtos dependerá de la sociedad caleña para entender que cada puerta que se le cierra a quien busca una vida distinta, es, una posibilidad que se abre nuevamente hacia el delito por pura necesidad de sobrevivir.