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Porte legal de armas en Colombia: el decreto que reabrió el debate entre la defensa propia y el miedo ciudadano
Porte legal de armas en Colombia: el decreto que reabrió el debate entre la defensa propia y el miedo ciudadano
El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1368, que levanta la suspensión general del porte de armas vigente desde 2018. La medida no autoriza el porte libre, pero reactiva los permisos ya otorgados y reabre el debate entre el derecho a la defensa propia y el temor ciudadano.
Por: Joselyn Ceballos Castaño y Wendy Sofía Guatibonza Bastidas
Facultad de Humanidades y Artes
Colombia amaneció el 8 de septiembre de 2026 bajo una nueva etapa de su política de seguridad. Ese día, el presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, con el que se levanta la suspensión general que durante años limitó el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. La norma fue publicada en la edición 53.619 del Diario Oficial y entró en plena vigencia el 9 de septiembre.
“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, afirmó el mandatario al anunciar la medida en un video difundido en sus redes sociales.
El Gobierno respaldó la decisión con cifras operativas: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego en el país, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a la comisión de delitos. De ese total, 980 pertenecían a disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN, incluyendo 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros.
Sin embargo, la medida no pasó inadvertida: reabrió el debate sobre la seguridad ciudadana, la llamada justicia por mano propia y el papel del Estado frente al monopolio de las armas, en momentos en que el país atraviesa una ola de inseguridad urbana y rural.
Desde esta semana hemos recibido casi el doble de solicitudes de información sobre el curso obligatorio de manejo de armas…
El decreto deroga las restricciones vigentes desde 2018, prorrogadas sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2026, y pone fin a un modelo de suspensión que había comenzado en 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero, como lo aclaró el propio Gobierno, la norma no constituye una autorización general para portar armas en la calle: el Estado conserva el monopolio sobre las armas, municiones de guerra y explosivos consagrados en la Constitución Política, y siguen vigentes todos los requisitos y controles del Decreto Ley 2535 de 1993.
Para entender cómo se prepara quien quiere portar un arma de manera legal, hay que empezar por el polígono, donde se forma y se evalúa a los futuros portadores.
Esteban Suárez, instructor del polígono y profesor de la academia Ecolvip, asegura que las consultas aumentaron notablemente tras la firma del decreto. “Desde esta semana hemos recibido casi el doble de solicitudes de información sobre el curso obligatorio de manejo de armas”, cuenta. Sin embargo, advierte que no todos llegan con el mismo nivel de responsabilidad: “Hay personas que vienen realmente convencidas de que necesitan el arma por seguridad, y capacitarse a fondo; pero también hay quienes lo ven como un trámite rápido para cumplir el requisito, y eso es justamente lo que más me preocupa como instructor”.
Lady Milena Vega, psicóloga encargada de aplicar los exámenes de aptitud psicofísica exigidos por la ley, explica en qué consiste esa evaluación: “Se valoran estabilidad emocional, control de impulsos, manejo de la ira, capacidad de juicio bajo presión y ausencia de rasgos que sugieren riesgo para sí mismo o para terceros”. Aun así, reconoce los límites del proceso: “Si alguien muestra impulsividad alta, consumo problemático de sustancias, antecedentes de violencia, ideación suicida u homicida, o inestabilidad emocional marcada, el permiso no se otorga, decreto o no decreto”.
Pero la capacitación es apenas una parte del proceso: del otro lado están quienes trabajan con estos permisos y los ven desde el negocio y desde la calle.
Wilson Bastidas Garzón, representante legal de Seguridad Servigpoder Ltda., expresa que fueron años de preocupación: “Con el gobierno de Petro tuvimos años difíciles, la suspensión del porte de armas nos cerró la puerta a ofrecer el servicio a los clientes que lo pedían, perdimos contratos y puestos porque simplemente no podíamos tramitar los permisos. Eso tocó directamente el negocio.”, pero indica con alivio “Con el decreto del presidente De la Espriella eso cambió, volvimos a tramitar con el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y hoy podemos ofrecer el servicio completo otra vez”.
José Castro, Escolta de Seguridad Servigpoder Ltda., con más de quince años de experiencia, mira la norma desde su oficio. “Nosotros pasamos meses de entrenamiento en manejo de estrés, tiro y protocolos de reacción. Un civil que apenas aprueba un curso básico no tiene esa misma preparación para reaccionar en una situación real”, explica. Su preocupación central es la confusión entre estar armado y estar preparado: “La ley permite portar el arma, pero no le enseña a nadie a decidir en una fracción de segundo si debe o no usarla. Ese vacío es el que más me inquieta”.
Y una vez el permiso queda en manos del ciudadano, quien debe verificarlo y hacerlo cumplir en la calle es la Policía.
Desde la Policía Nacional, el Intendente Gustavo Flórez reconoce que el decreto añade un reto operativo. “Nuestra labor operativa pasa de la prohibición absoluta a una validación técnica rigurosa. Al ya no existir una autorización especial, las patrullas y los cuadrantes enfocarán sus esfuerzos en verificar minuciosamente, que el permiso individual ordinario esté completamente vigente y sin restricciones. Asimismo, seremos inflexibles en la fiscalización de las armas con permisos exclusivos de tenencia y no sean movilizadas ilegalmente en espacios públicos”, explica.
Flórez admite que existe una alerta preventiva bajo tres preocupaciones principales que puede transmitir la medida: “La primera preocupación es que hay un mayor riesgo en el procedimiento de rutina, ya que las patrullas o los uniformados se enfrentarán a escenarios de mayor peligro potencial al interactuar con civiles armados. La segunda es el escalamiento de la violencia: la intolerancia social, las riñas o accidentes de tránsito pueden pasar de ser un incidente menor a algo fatal. Y la tercera es el riesgo del hurto: se eleva una probabilidad de que la delincuencia común trate de hacer daño de elementos desviando sus armas hacia un mercado negro Igualmente, la Policía Nacional pretende garantizar la vida y los bienes de los cuales siguen siendo nuestra máxima prioridad”, manifestó.
Estas preocupaciones operativas dependen de lo que la norma realmente permite, y es en ese punto donde entra la mirada jurídica.
El abogado penal Mauricio Mosquera aclaró que “La medida del presidente Abelardo De la Espriella no significa que el Estado comience a repartir a todos los ciudadanos nuevos permisos de porte de armas”. Según explicó, lo que hace el decreto es levantar la suspensión que regía desde 2015, de modo que quienes ya tenían una autorización vigente antes de esa fecha pueden recuperarla, siempre dentro de las condiciones que establece la normativa.
“El monopolio continúa siendo del Estado”, sostuvo Mosquera, al explicar que la posibilidad de portar un arma bajo un permiso no modifica la facultad de regular y controlar estos elementos.
Finalmente, más allá de los permisos, los controles y las normas, están quienes viven la seguridad todos los días: los ciudadanos.
Martha Teresa Villalobos, de 66 años y residente del norte de Cali, ve la medida con más calma que preocupación. “Yo entiendo que la gente quiera protegerse, uno ha visto tanta inseguridad en todas partes que no me parece mal que quien cumpla los requisitos pueda tener su arma legal”, comenta. Para ella lo más importante es que el proceso siga siendo estricto: “Mientras el Estado siga exigiendo lo que tiene que exigir, no le veo problema. Al final, quien la tramita legal no es el que anda haciendo el daño en la calle”.
Una visión distinta tiene Juan Manuel Alcaraz, de 27 años. “Es una decisión de difícil manejo ya que vivimos en un país en el que se van a querer romper las reglas para poder adquirir este producto”, afirma. Confesó que la medida lo deja bastante intranquilo: “Me preocupa porque entre la gente mala, ya esas personas que compraban armas de fogueo para intimidar ya no van a ser de fogueo, van a ser de verdad y nos van a poder amedrentar y la excusa seguramente será que fue por ‘defensa’”.
Entre las cifras del Gobierno, los requisitos legales que siguen intactos y las voces de quienes tendrán que convivir con esta nueva realidad, el Decreto 1368 deja una certeza y una incógnita. La certeza es que el porte legal de armas volvió a ser posible para quienes ya tenían su permiso vigente. La incógnita es si esa posibilidad, sumada al mercado ilegal que sigue circulando en el país, termina fortaleciendo la defensa de los ciudadanos que cumplen la ley o simplemente reparte el riesgo entre más manos.
La respuesta, como suele ocurrir con las decisiones que tocan la seguridad y la vida cotidiana, no la tienen solo los expertos ni el Gobierno: también la construyen día a día en la calle, en el trabajo y en la casa quienes de un lado u otro sienten los efectos de esta medida.
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Mientras el Estado siga exigiendo lo que tiene que exigir, no le veo problema. Al final, quien la tramita legal no es el que anda haciendo el daño en la calle”.

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