LOS HILOS DEL PODER EN LA RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.
Directora www.utopicos.com.co
Los episodios fueron dramáticos y, en buena parte, la manera cómo reaccionó el gobierno civil de Belisario Betancur correspondió a la sensación de inercia y desconcierto, que fue hábilmente aprovechada por quienes terminaron al mando del timonel del Estado.
Empecemos por la censura a los medios de comunicación electrónicos, al ordenar suspender todas las informaciones sobre lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia y dar instrucciones para que, en su lugar, se transmitiera un partido de fútbol.
Sobre ese tema, cuya principal responsable es la dirigente conservadora Noemí Sanín–en ese momento ministra de comunicaciones- he reflexionado mucho y he vivido diferentes situaciones emocionales a lo largo de estos 30 años. Mi primera reacción fue de mucha rabia, al ver cómo una ministra del ‘gobierno de la paz’, una mujer a quien conocíamos como decente, demócrata, se atrevía a dar esa orden a los medios de comunicación. Después de mucho dolor, porque eso pudo haber cambiado parte de los acontecimientos -si esas voces se hubieran escuchado de pronto algo hubiera diferente podido suceder-, he pasado a la compasión frente a lo que hizo Noemí Sanín.
Hoy creo que Belisario y muchos de sus ministros no supieron entender qué era lo que estaba pasando ni la dimensión de los hechos. En el fondo, tal vez ellos no se imaginaban que en 27 horas todo iba a terminar; supongo que pensaron -como muchos en el país lo hicimos cuando supimos de la acción, así como lo creyó el M-19-, que iba a ser otra especie de toma de la Embajada Dominicana, que durante sesenta días o más, se negociaría una salida incruenta y que, finalmente, todos estarían a salvo.
Compasión porque creo que esa sombra ha perseguido a Noemí Sanín hasta hoy; siempre ha surgido este tema cuando ha sido candidata, cuando ha aspirado a alguna posición pública. La verdad es que ella, hasta ahora, no se ha arrepentido; esperemos que algún día acuda a la Comisión de la Verdad y diga que se equivocó, que diga: no debí haber censurado a los medios porque defiendo los postulados de la democracia.
Otro conflicto relevante desde entonces, que no ha sido aclarado 30 años después, es el que se origina en la pregunta de ¿Cuál era el poder real que tenía Belisario Betancur en el país? ¿Tenía la capacidad de maniobra para parar el aparato militar dirigido por el general Miguel Vega Uribe (ministro de la defensa), quien –considero- terminó siendo el presidente de Facto de un gobierno militar no declarado?
¿Qué pasó al interior del gobierno el 6 y 7 de noviembre de 1985? Este debate, al que se suman muchos otros colombianos, generó hace unos años la publicación de un libro, ‘Ni Golpe de Estado ni Vacío de Poder’, de Jaime Castro, ministro de gobierno cuando sucedieron los hechos del Palacio. Según Castro, no hubo lo uno ni lo otro y Belisario siempre estuvo al mando.
Existe, pues, la tesis de que en esos terribles días se produjo un vacío de poder, que como el presidente no sabía muy bien qué hacer y todos estaban desconcertados ante la afrenta a la democracia del grupo insurgente -que quería tomarse el manejo del Estado después de juzgar al Presidente de la República-, el gobierno quedó paralizado, de tal manera que los militares optaron por tomar control y llenar temporalmente ese vacío. Y que como lo que sabían hacer era la guerra, entonces la hicieron.
La teoría que siempre he postulado y defendido es la de un golpe de Estado no declarado, que siguió a la que el Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Camilo González Posso, ha llamado “dictadura civil” de los meses –o años- anteriores, desarrollada en un ejercicio mixto de poder desencadenado a raíz de la aplicación de teorías de la Guerra Fría –como la Doctrina de la Seguridad Nacional-, enseñadas a los militares con precisión por los norteamericanos en la Escuela de las Américas, y facilitadas por el permanente Estado de Sitio que rigió en Colombia durante casi todos los períodos de los mandatos precedentes a los hechos del Palacio de Justicia.
Según este análisis, las Fuerzas Armadas, encabezadas por el Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, se apoderaron del gobierno hasta que la toma se resolvió de una manera cruenta, y ya después Belisario recobró el mando (con un discurso desafortunado en la noche del ocho de noviembre en el que asumió toda la responsabilidad sobre la retoma).
Hay otras versiones, como la del coronel Alfonso Plazas Vega, hoy condenado a 30 años de prisión, quien en su momento formuló la frase más irónica de todas las dichas en esas horas, “salvando la democracia, maestro”.
Es decir que, desglosando lo expuesto por Plazas, si había que aniquilar a quienes se encontraran en el edificio para que el andamiaje democrático no se cayera, era preferible hacerlo que ‘arriesgar’ la democracia. Curiosa tesis.
¿Pero, realmente, hasta dónde tenía el mando Belisario? Los hechos indican que el papel jugado por él fue altamente deficiente. No de otra manera se explica que, retornada la calma, los militares pudieran apoderarse de la escena de los hechos, mover, lavar, eliminar pruebas, manipular cadáveres, reingresar al interior los cuerpos inertes de quienes habían sido vistos salir con vida (como al magistrado auxiliar de la Corte, Carlos Urán) y torturar a los detenidos al interior de los batallones.
Según reporte del periódico El Tiempo 22 de octubre de 2015, “Aunque el ministro de Justicia de la época, Enrique Parejo, solicitó el 7 de noviembre de ese año a la directora Seccional de Instrucción Criminal que enviara un equipo de jueces para que iniciara la investigación, las autoridades militares no les permitieron entrar al Palacio. Solo pudieron documentar que, contra todos los protocolos de investigación criminal, los soldados estaban barriendo el piso del edificio”.
¿De qué grosor era la venda del Presidente de la República, que no vio ni escuchó nada? Sentí que la tenía bien puesta para tapar sus ojos cuando, un mes después, lo visité en el Palacio de Nariño. Durante las semanas que siguieron a la retoma, al desenlace fatal de los hechos del Palacio de Justicia, hubo un ejercicio de persecución implacable contra periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y artistas, muchos de los cuales perdieron sus puestos de trabajo o los acosaron, llevándolos a una especie de desplazamiento interno. Otra docena de colegas –entre quienes me incluyo, luego del allanamiento ordenado por el ministro de la defensa a mi apartamento- fuimos forzados al exilio.
Mi abogado, Gustavo Gallón Giraldo (fundador de la Comisión Colombiana de Juristas) y yo pudimos deducir que la orden para buscar armas pudo tener un objetivo más radical: desaparecerme, capturarme o matarme. Como estaba fuera de la ciudad, no pudieron conseguir su objetivo. Un centenar de periodistas firmaron una carta de rechazo a estos hechos y se reunieron con el presidente Betancur. Al día siguiente, cuando Belisario me recibió, junto con mi madre y mi abogado, yo solicité unas mínimas garantías para los académicos, intelectuales y defensores. Fue cuando Belisario me dijo que había podido interceder por mí “en esta ocasión, pero no habrá una segunda vez. No puedo hacer nada por ninguno de Ustedes. No puedo ofrecerles las garantías que Usted me pide”.
Si esto lo dijo el Presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, cabe la pregunta: ¿era él quien gobernaba?
El general Vega, pues, continuaba al mando y solo se reinstauró el poder para los civiles, con la connivencia de las Fuerzas Armadas para que el statu quo no se modificara, el 7 de agosto de 1986, con un gobierno (Virgilio Barco) que es suficientemente conocido por los colombianos y por la comunidad internacional, como el periodo en el que el narcotráfico se fortaleció, el paramilitarismo se profesionalizó y se configuró la masacre contra movimientos, como la Unión Patriótica, y representantes de derechos humanos a lo largo y ancho del país.
Ese golpe de Estado no declarado nos permite cuestionar hoy por qué el presidente Belisario Betancur no tuvo la entereza dedenunciarlo y renunciar. Si así hubiera ocurrido, es probable que los líderes de gobiernos extranjeros, que la propia ONU, no hubieran permitido el desenlace que hoy, 30 años después, seguimos lamentando.
Eso fue lo que desencadenó la moderna y contemporánea violencia que todavía nos tiene en este momento negociando un proceso de desmovilización, que no será el único y tampoco será la solución a los problemas del conflicto colombiano. Pero, indudablemente, los hechos del Palacio de Justicia, la toma de poder militar no declarada y la inercia del presidente y su gobierno, cambiaron todo el fenómeno de la violencia en Colombia. Parodiando a Antanas Mockus, a partir de este episodio, se impuso el “todo vale” y eso es lo que nos tiene hoy en donde estamos.
Se rumora que Belisario Betancur escribió un documento que solo podrá ser revelado después de su muerte. Él mismo ha desmentido esta versión. Muchos colombianos anhelamos que solo sea un elemento distractor y que algún día, esté o no Belisario, los colombianos podamos conocer, de sus propias palabras, lo que realmente vivió en esos dramáticos meses.