Además de las indudables consecuencias políticas que creó la detención de Álvaro Uribe y su renuncia al senado, este caso abre una compleja discusión jurídica.
Utópicos conversó con el abogado penalista, exfiscal y defensor de DDHH Élmer Montaña, quien además es experto en sistema penal acusatorio, asuntos disciplinarios y responsabilidad del Estado, y fue Director Ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.
¿Cómo observa lo sucedido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez (AUV) y qué piensa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia?
Detuvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al día siguiente el sol salió como de costumbre, nada de lo que predijeron los voceros del uribismo ocurrió. La gente, no salieron a tomarse las calles, salvo algunos desfiles de carros de alta gama y pequeñas concentraciones.
El país no quedó sumido en el caos y la violencia, como advirtió una de las columnistas preferidas del uribismo (se refiere a la periodista Vicky Dávila). La sala especial de instrucción de la Corte actuó dentro del marco de sus competencias y tomó una decisión en un caso complejo, en medio de presiones provenientes de diversas fuerzas. Los cinco magistrados que integran la sala especial fueron unánimes en respaldar la ponencia que privó de la libertad a Uribe, dejando claro que nadie, por importante o representativo que sea, está por encima de la ley y que Uribe no tiene garantizada impunidad perpetua por el hecho de haber enfrentado a las Farc.
¿Qué piensa de las propuestas de reforma constitucional para crear una sola alta corte de justicia, en reemplazo a las existentes (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado) y específicamente, la postura del presidente Iván Duque, de cuestionar la decisión de la Corte?
Sin conocer a fondo el proceso, que está sometido a reserva por mandato legal, pienso que es una irresponsabilidad. Los informes de prensa y las posturas de los sujetos procesales tienen el defecto de ser fragmentarios, sesgados y tendenciosos. En una democracia, las decisiones de los órganos de Justicia se respetan y acatan. Por eso resulta inaceptable la actitud del presidente Iván Duque de cuestionar la decisión de la Corte en defensa de su mentor y jefe político. Su obligación es la de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y velar por la independencia y autonomía de las ramas del poder público.
Son los principios sobre los cuales está edificado nuestro estado de derecho; por esta razón, debemos rechazar enérgicamente que, en respuesta a la decisión de la corte, Duque proponga una reforma judicial cuyo objetivo es precisamente la eliminación de la Corte Suprema de Justicia.Se trata de un acto revanchista del jefe de Estado, de una actitud dictatorial que busca librar a Álvaro Uribe Vélez de una sentencia condenatoria. La democracia y el Estado social de derecho están en grave peligro, asfaltado de las esperadas revueltas populares a favor de Uribe Duque quiere acabar la institucionalidad colombiana de un plumazo.
¿Cuáles son los pasos siguientes dentro de este proceso judicial?
Si el caso continúa en la Corte, una vez se haya recaudado la prueba necesaria para calificar, o vencido el término de instrucción (18 meses), la Sala Especial de Instrucción deberá cerrar la investigación y concederá a los sujetos procesales un término de 8 días para que presenten alegatos; acto seguido, la Sala deberá calificar el mérito del sumario con resolución de acusación o preclusión.
Sin embargo, ahora los abogados de AUV han indicado que con la renuncia de Uribe a su curul en el senado, la CSJ pierde la competencia y el proceso debe ser enviado a la Fiscalía. ¿Cuál es su análisis sobre este asunto?
La renuncia de Álvaro Uribe al senado es una jugada desesperada de la defensa para quitarle competencia a la Corte. Sin embargo, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte, no basta que el congresista renuncie para que la competencia se pierda, se requiere además que los hechos no tengan conexidad con la función. Y en este caso es evidente que sí los tiene por varias razones:
1. Los falsos testigos fueron utilizados en una denuncia penal presentada por Uribe contra su principal oponente en el senado, como respuesta a los debates que este le estaba haciendo por sus presuntas relaciones con varias masacres, entre ellas la del Aro.
2. La denuncia fue anunciada por el mismo Uribe en una de sus intervenciones en el Congreso, como parte de su actividad legislativa.
3. Uribe usó recursos del Estado para buscar testigos contra Cepeda. En efecto, les puso a los miembros de la Unidad Técnica Legislativa la tarea de visitar las cárceles para conseguir testigos que declararan contra el senador Cepeda.
Un ejemplo sirve para ilustrar el asunto: si un senador mata a una persona en un accidente de tránsito y renuncia al cargo, la Corte sí perdería competencia para investigarlo y juzgarlo porque el homicidio no tendría nada ver con su función. Lo que no sucede en este caso.
¿Cómo ve el futuro del actual gobierno del presidente Iván Duque?
En lugar de dedicar los 24 meses que le quedan de gobierno a resolver los graves problemas sociales derivados de la pandemia y que tiene a millones de colombianos en situación de pobreza extrema, Duque concentrará a todos sus esfuerzos en garantizar que a Álvaro Uribe se le conceda impunidad a toda costa.
Nota final.
Algunas de estas respuestas fueron utilizadas para el análisis “¿Ha llegado el fin del uribismo en Colombia?”, escrito por Olga Behar y publicado por el periódico norteamericano Washington Post el pasado 20 de agosto. https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/08/19/ha-llegado-el-fin-del-uribismo-en-colombia/
Mañana: Iván Cepeda Castro, senador del Polo Democrático, líder social.
Olga Behar
@olgabehar1 gorjeo