Son muchas las incógnitas que existen sobre si las cárceles cumplen con su función de resocializar a los presos. Y es que no es para menos, lugares como estos se prestan para continuar con actos delictivos como la extorsión y el secuestro, dejando en entredicho su principal responsabilidad: recuperar al ser humano.

Dentro de los penales se realizan actividades de salud, piscología, cultura, deporte y académica.

Por ley, las cárceles deben cumplir con la función de acoger a quienes han cometido delitos; también deben prestar una atención orientada hacia el tratamiento y recuperación del interno. Actividades lúdicas o académicas son algunos de los espacios que se les brindan; desafortunadamente, el hacinamiento y la tercerización de los servicios penitenciarios han impedido la continuidad de este tipo de procesos.

Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),  en las cárceles existe un hacinamiento promedio del 53%, para un total de 117.000 presos distribuidos en todo el país.

Esto quiere decir que si decidiéramos meter estos reclusos en un estadio de fútbol como el Pascual Guerrero, se tendría que llenar cuatro veces su capacidad y aún así quedarían por fuera más de 17.000 internos.  

Carmen Piedrahita, psicóloga que ha trabajado por más de 20 años en el sector carcelario y en derechos humanos, manifiesta que es difícil desarrollar buenos procesos de resocialización: “En las prisiones colombianas, el tratamiento hacia el interno es complicado, debido a que primero, los servicios los presta un agente externo y segundo, una vez finalizados los contratos con estas empresas, se demoran en renovarlos y no hay continuidad en estos espacios”.

Pero el papel de la resocialización no solo les corresponde a las instituciones, también lo tiene la sociedad. La falta de oferta laboral es una problemática que surge en esta situación. Si bien, son muy pocos los internos que aprovechan el aprendizaje de cursos técnicos que se les ofrecen, una vez recobran la libertad las oportunidades son mínimas. Tal vez por miedo o por desconfianza, en muchos casos los empleadores no le dan trabajo a un ex convicto.

Deyanira Carabalí, dueña de la peluquería Francesca, ubicada cerca a la cárcel de Villanueva de Cali, explica que no se arriesgaría a contratar a un ex presidiario por miedo a que le haga daño o le robe los implementos de trabajo.

“Es difícil confiar en una persona que estuvo en la cárcel. Aquí me llegó un personaje así y tenía buenas capacidades, sabía lo que hacía pero por temor decidí no contratarlo. Él mismo me contó dónde aprendió a cortar el pelo y fue en la cárcel; eso me generó desconfianza. Yo soy de las personas que piensa que desde el mismo momento en que alguien entra a la cárcel pierde reputación y sentido en la sociedad”, señaló Carabalí.

La propiedad privada aporta más del 60% de materia prima para los programas de resocialización

A pesar de todas estas dificultades, el Inpec busca contribuir a la resocialización, por medio del tratamiento penitenciario y estimulando la buena conducta, con la convicción de que al  interno que ingrese como detenido no se le puede juzgar ni tratar por su delito; por el contrario, se le debe garantizar su dignidad y el respeto de los derechos humanos porque a la cárcel entra la persona y no el delito. 

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  • “la tercerización del servicio también es otro factor, muchas veces esta función la presta un agente externo y una vez finalizado, los contratos se demoran en renovarlos”.

 Por: Stiven Daza Prieto

 @StivenDaza95